Tren de Aragua: Crónica de una Metástasis Criminal, de la Pistola Compartida a la Recompensa de Washington

Inicio Contextualizado: De Problema Local a Amenaza Global

Lo que durante meses fue una crónica policial local, marcada por la violencia y la extorsión en barrios chilenos, escaló en junio de 2025 a una nueva dimensión geopolítica. El gobierno de Estados Unidos designó formalmente al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional, ofreciendo una recompensa de hasta tres millones de dólares por la captura de uno de sus presuntos líderes, Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “El Viejo”. Este hito no solo validó las advertencias de las policías y fiscalías sudamericanas, sino que reconfiguró la naturaleza de la amenaza: el Tren de Aragua ya no es solo un asunto de seguridad interna para Chile, sino una pieza en el tablero de la seguridad hemisférica.

Esta decisión internacional llega meses después de que las investigaciones en Chile lograran conectar los puntos de una red criminal que había demostrado una capacidad de infiltración y adaptación alarmante, pasando de la extorsión en ferias persas al lavado de millones de dólares a través de la economía digital.

Desarrollo Analítico: El Hilo de la Violencia y el Dinero

La madeja comenzó a desenredarse a partir de una pieza de evidencia clave: una pistola Glock. El análisis balístico, mediante el sistema IBIS que cruza datos entre Carabineros y la PDI, reveló que el arma utilizada en el asesinato del cabo Daniel Palma en abril de 2023 era la misma que se usó en una matanza de cinco personas en Lampa, un homicidio en Estación Central y otro en Rancagua. Este hallazgo, como lo describió la fiscal Marcela Adasme, demostró el modus operandi de la organización: las armas “se prestan y arriendan”, rotando entre células para dificultar el rastreo y proteger a los sicarios, quienes a menudo abandonan el país tras cometer delitos graves.

Esta estructura de “franquicias”, como la define el subprefecto de la PDI Sergio Castro, permitía a facciones como “Los Cartier” en Puerto Montt o el “Tren del Mar” en Valparaíso operar bajo el nombre de la organización a cambio de pagar una cuota a los líderes en el extranjero. La violencia era el método para controlar territorios y negocios ilícitos, principalmente la trata de personas con fines de explotación sexual y el narcotráfico.

Paralelamente a la violencia, operaba una estructura financiera igualmente sofisticada. Una investigación coordinada entre fiscalías de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos destapó un masivo esquema de lavado de activos. El dinero obtenido de extorsiones y otros delitos era depositado en cuentas de “prestacuentas” —generalmente ciudadanos venezolanos con situación migratoria regular— y luego transferido a sociedades de fachada, muchas creadas a través del sistema “Empresa en un Día”.

El caso del contador auditor chileno Cristián Zúñiga, hoy en prisión preventiva, ilustra la profundidad de esta infiltración. Según la fiscalía, Zúñiga habría asesorado a empresas ligadas al Tren de Aragua, facilitando la mezcla de dinero ilícito con flujos legales y su posterior conversión a criptomonedas a través de plataformas como Binance. Este método permitió fugar del país un monto que los investigadores estiman entre 13 y 30 millones de dólares, dinero cuyo rastro se pierde en la opacidad de las billeteras digitales y que, se presume, financió a la cúpula de la organización en Venezuela.

Perspectivas Contrastadas: Un Desafío Multifactorial

La respuesta del Estado chileno se ha desplegado en múltiples frentes. En el ámbito interno, el Ministerio de Seguridad Pública, a través de visitas como la del ministro Luis Cordero a la frontera en Colchane, ha buscado reforzar los controles físicos y tecnológicos para combatir el crimen organizado en los pasos no habilitados. A nivel judicial, la colaboración inédita entre fiscalías regionales ha sido clave para mapear la red a nivel nacional.

Sin embargo, el caso del contador Zúñiga introduce una disonancia compleja. Mientras la fiscalía lo acusa de ser un eslabón indispensable en la maquinaria de lavado de dinero, su defensa argumenta que él solo prestó servicios profesionales a clientes cuya procedencia de fondos no tenía la obligación de investigar, exponiendo un vacío en la responsabilidad profesional frente a organizaciones criminales que explotan las herramientas del sistema legal y financiero. ¿Dónde termina la asesoría contable y dónde empieza la complicidad?

La perspectiva internacional, liderada por Estados Unidos, añade otra capa de complejidad. Al catalogar al Tren de Aragua como una amenaza de alto nivel, Washington presiona por una cooperación regional más robusta y justifica acciones más directas, como las recompensas y las solicitudes de extradición. Para Chile, esto significa que la lucha contra la banda ya no se libra solo en las calles o en los tribunales locales, sino también en el ámbito de la diplomacia y la inteligencia internacional.

Contexto y Estado Actual: Una Narrativa Abierta

El fenómeno del Tren de Aragua no es aislado. Nació en las cárceles de Venezuela y se expandió por el continente aprovechando la crisis migratoria y las debilidades institucionales de varios países. Su consolidación en Chile es un reflejo de un desafío transnacional que requiere respuestas coordinadas.

Actualmente, la historia está lejos de concluir. Varios miembros de la organización enfrentan procesos judiciales en Chile, pero la pistola que conectó los crímenes iniciales sigue perdida, un símbolo tangible de la amenaza latente. Los millones de dólares fugados son prácticamente irrecuperables, y la investigación sobre la red financiera continúa expandiéndose. La inclusión de la banda en la lista de los más buscados por el FBI marca el inicio de una nueva fase de persecución global, una que obligará a Chile y a la región a redefinir sus estrategias de seguridad para enfrentar a un enemigo que ha demostrado ser tan violento como financieramente astuto.