A más de dos meses del naufragio de la lancha artesanal "Bruma" frente a las costas de Coronel, la bruma inicial de la tragedia se ha disipado para dar paso a un escenario de contornos definidos, aunque con un centro deliberadamente oscuro. El caso, que dejó a siete pescadores desaparecidos, ya no es solo la crónica de un accidente marítimo. Hoy, es la anatomía de una investigación marcada por versiones corporativas cambiantes, la trágica muerte de un testigo clave y, sobre todo, la sospechosa desaparición de evidencia crucial. La narrativa actual no gira en torno a qué pasó, sino en por qué la prueba que podría aclararlo todo —la grabación de la "caja naranja" del buque industrial "Cobra"— no existe. Su análisis, ahora en manos del FBI en Estados Unidos, mantiene en vilo a las familias, a la industria y a un país que observa un nuevo capítulo en la tensa relación entre poder económico y justicia.
La respuesta inicial de Blumar, propietaria del pesquero de altamar "Cobra", siguió un guion predecible. Primero, una negación categórica: su gerente general, Gerardo Balbontín, afirmó que la tripulación no había detectado "absolutamente nada". Sin embargo, la presión mediática y la insistencia de las familias obligaron a un primer matiz: la versión cambió a que "sintieron un ruido" que atribuyeron al interior de la nave.
Este relato se sostuvo hasta que la evidencia comenzó a acorralar a la empresa. Un informe satelital, encargado por la propia Blumar, concluyó a fines de abril que la colisión era la hipótesis "más probable". Este giro de 180 grados no fue voluntario, sino una concesión forzada por datos indesmentibles, transformando la postura de la compañía de una de ajenidad a una de eventual responsabilidad. Este cambio tardío, sin embargo, ya había sembrado una profunda desconfianza, alimentada por lo que las familias de las víctimas denunciaron como un "pacto de silencio".
Para las familias de los siete pescadores del "Bruma", el duelo se entrelazó desde el primer día con una extenuante batalla por la verdad. Organizados y representados por el abogado Rafael Poblete, no solo cuestionaron públicamente cada declaración de Blumar, sino que financiaron sus propios peritajes para contrarrestar la narrativa oficial.
La investigación adquirió un cariz aún más sombrío con la muerte de Juan Sanhueza, el vigía del "Cobra". Su desaparición justo antes de testificar ante la Fiscalía y su posterior hallazgo sin vida, en un aparente suicidio, fue interpretado por los querellantes como la trágica consecuencia de la presión de un secreto insostenible. "Dudamos que estén cooperando activamente", declararon las familias en una carta pública, apuntando a que la verdad completa no había sido dicha desde el principio. Su lucha ha sido fundamental para mantener la presión sobre la Fiscalía y asegurar que diligencias clave, como el peritaje del "Cobra" en un dique seco de Asmar, se llevaran a cabo pese a las dificultades logísticas y presupuestarias.
El punto de inflexión definitivo llegó a principios de junio. Se reveló que la "caja naranja" del "Cobra" —un dispositivo que, por la Ley 21.446 (Ley Supersol), debe grabar de forma continua audio y video del puente de mando— no contenía los registros del 30 de marzo, día del accidente. Sorprendentemente, las grabaciones del día anterior y posterior estaban intactas.
Esta ausencia es el elemento que genera mayor disonancia cognitiva y sospecha. No se trata de una falta de evidencia, sino de la desaparición de la evidencia más importante, legalmente obligatoria y diseñada precisamente para esclarecer este tipo de siniestros. Para la defensa de las familias, esto es "altamente sospechoso" y sugiere una posible manipulación. La pregunta ya no es si el "Cobra" colisionó al "Bruma", sino si alguien borró deliberadamente la prueba de cómo y por qué ocurrió. La pericia del FBI será determinante para saber si fue una falla técnica improbable o un acto de obstrucción a la justicia.
El caso "Bruma" no ha ocurrido en un vacío. Estalló en medio de la álgida discusión legislativa sobre el fraccionamiento pesquero, que busca redistribuir las cuotas de captura entre el sector industrial y el artesanal. Desde Blumar, Gerardo Balbontín acusó una "utilización política" de la tragedia por parte de parlamentarios para argumentar en contra de la industria. Como medida de presión o consecuencia de la incertidumbre, la compañía anunció la paralización de una inversión de 30 millones de dólares en Coronel.
Este cruce de caminos expone cómo una tragedia humana se convierte en munición para una disputa económica y política de larga data en Chile, reflejando las asimetrías de poder y la profunda desconfianza que caracteriza la relación entre la pesca artesanal y los grandes conglomerados industriales.
La investigación sigue en curso y está lejos de concluir. Mientras los peritajes de la PDI sobre el casco del "Cobra" ya confirmaron la existencia de pintura del "Bruma", consolidando la tesis de la colisión, el foco está puesto en el extranjero. El futuro judicial del caso depende en gran medida del informe técnico que emita el FBI. Solo entonces se sabrá si la cadena de eventos que llevó al hundimiento del "Bruma" fue producto de una negligencia fatal o si a esta se sumó un intento deliberado por ocultar la verdad, transformando una tragedia en un posible crimen.