El Asedio al Gobernador Orrego:Anatomía de una Crisis entre la Gestión de Fondos y la Ofensiva Política

La Calma Rota: De la Auditoría a la Tormenta Política

A más de un mes de que la Contraloría General de la República publicara un contundente informe de auditoría, el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano, liderado por Claudio Orrego, navega en aguas turbulentas. Lo que comenzó como una fiscalización administrativa ha escalado hasta convertirse en una crisis con múltiples frentes: una investigación penal en curso, una ofensiva política que busca la destitución del gobernador y un profundo debate sobre la probidad y la transparencia en la nueva arquitectura de poder regional en Chile.

El epicentro del sismo fue el informe del 4 de junio, que objetó el pago de $31 millones de pesos a la consultora Vera y Asociados S.A. por un servicio de coaching para directivos. Según el ente fiscalizador, en estas sesiones se abordaron temas como “las principales preocupaciones de cara a la campaña” y “trabajo político en función de noticias falsas”, lo que podría constituir un desvío de recursos públicos en beneficio de la campaña de reelección de Orrego. Este hallazgo, catalogado como una posible vulneración al principio de probidad, fue remitido al Ministerio Público, que abrió una nueva causa penal contra el gobernador, quien ya declaraba como imputado en el marco del "Caso Convenios" por un traspaso a la fundación ProCultura.

El Doble Asedio: La Vía Judicial y el Requerimiento Político

La respuesta no se hizo esperar. Mientras la Fiscalía Oriente iniciaba sus diligencias, citando a declarar a Orrego en calidad de imputado el 19 de junio, en el Consejo Regional (CORE) se gestaba una ofensiva política sin precedentes para la figura del gobernador regional.

La Perspectiva de la Oposición:

Liderados inicialmente por el Partido Republicano y secundados luego por Chile Vamos (UDI y RN), los consejeros de oposición comenzaron a trabajar en un requerimiento conjunto para solicitar la destitución de Orrego ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Los argumentos se basan en un “notable abandono de deberes” y “faltas graves a la probidad”.

El consejero Ignacio Dülger (Republicano) fue uno de los primeros en anunciar la medida, afirmando que analizarían “una eventual solicitud de destitución”. A él se sumó Álvaro Bellolio (UDI), quien reforzó la ofensiva aludiendo a otros hallazgos del informe, como el aumento de los tratos directos. Un análisis de datos de Mercado Público reveló que las compras bajo esta modalidad se duplicaron entre 2023 y 2024, un dato que, si bien es disputado por el GORE, se ha convertido en una pieza clave del argumento opositor. Para este bloque, los hechos configuran un patrón de gestión que “ha intentado esquivar los mecanismos de transparencia”.

La Defensa: “Aprovechamiento Político” y la Delgada Línea de la Gestión

Frente a la arremetida, la defensa de Claudio Orrego se ha articulado en dos niveles: la negación de las irregularidades y la denuncia de una intencionalidad política.

La Perspectiva del Gobernador:

Orrego ha sostenido enfáticamente su inocencia, declarando tener la “conciencia tranquila”. Su principal argumento es que los servicios de coaching son una herramienta de gestión directiva que se implementa en el GORE desde 2021 y que es natural que en las conversaciones surjan “elementos del contexto político” en un año electoral, pero que esto no desnaturaliza el objetivo institucional del servicio. Calificó la ofensiva como un “burdo aprovechamiento político” y desafió a sus oponentes: “Si quieren ocupar el cargo de gobernador regional, que compitan y ganen en elecciones, pero que no lo hagan mañosamente por secretaría”.

Desde el GORE, además, han anunciado un recurso de reconsideración ante Contraloría y han disputado las cifras sobre los tratos directos, asegurando que sus registros internos muestran una disminución. La defensa se centra en que la gestión pública no puede estar “disociada del contexto político, social y económico”, una línea argumental que plantea una pregunta compleja: ¿dónde termina la gestión estratégica y dónde empieza el proselitismo con fondos públicos?

Un Conflicto en Evolución: Más Allá del Caso Particular

El caso Orrego ha trascendido a la figura del gobernador para instalarse como un estudio de caso sobre los desafíos de la descentralización en Chile. La figura del gobernador regional, electo por primera vez en 2021, aún está definiendo sus contornos de poder, fiscalización y responsabilidad política.

La controversia no está resuelta. La investigación de la Fiscalía sigue su curso, y Orrego ha mantenido un estudiado silencio en sus apariciones públicas más recientes, como durante las elecciones primarias, afirmando que “cada día tiene su afán”. Mientras tanto, los equipos jurídicos de la oposición afinan el texto que presentarán al Tricel, un paso que podría marcar un hito en la política regional.

El desenlace de esta crisis no solo definirá el futuro político de Claudio Orrego, sino que también sentará un precedente sobre los estándares de probidad exigibles a las nuevas autoridades regionales y la capacidad del sistema institucional para fiscalizar el uso de un poder cada vez más descentralizado.