La Frontera Armada: A un mes del decreto de Milei, cómo la liberalización de armas en Argentina reconfigura el debate sobre seguridad en Chile

El eco de un decreto a través de los Andes

A más de un mes de que el gobierno de Javier Milei firmara el decreto que autoriza la tenencia de ciertas armas semiautomáticas para uso civil en Argentina, sus ondas expansivas continúan reconfigurando el mapa de la seguridad en el Cono Sur. Lo que en Buenos Aires se presentó como una medida de reafirmación de las libertades individuales y el derecho a la autodefensa, en Chile se ha instalado como una fuente de incertidumbre y preocupación estratégica. La discusión ya no es solo sobre la política interna argentina, sino sobre las consecuencias tangibles para la seguridad chilena y la estabilidad de una de las fronteras más extensas del mundo.

El decreto, oficializado el 19 de junio, modifica la reglamentación para permitir a civiles registrados acceder a armas que antes estaban reservadas para uso militar o policial. La justificación del gobierno trasandino se alinea con el discurso de “orden y reglas” que figuras públicas, como el actor chileno Gonzalo Valenzuela, han elogiado, viéndolo como una ruptura necesaria con el populismo. Sin embargo, al otro lado de la cordillera, la medida ha activado las alarmas de autoridades y expertos, quienes advierten que una mayor circulación de armas legales en Argentina podría alimentar directamente el mercado negro en Chile.

Una frontera bajo presión: más allá de las armas

La preocupación por el decreto no surge en el vacío. Se inscribe en un contexto de relaciones bilaterales cada vez más complejas. Días antes de la medida sobre armamento, la diputada por Aysén, Marcia Raphael, urgía al gobierno chileno a buscar alternativas de conectividad para la zona austral, tras la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de imponer un peaje a los transportistas chilenos. Este episodio evidenció la vulnerabilidad logística de regiones como Aysén y Magallanes, pero también un patrón preocupante: la capacidad de actores provinciales argentinos para generar tensiones directas con Chile, en un marco de aparente descoordinación con el poder central.

Este clima de desconfianza se ha visto salpicado por incidentes de otra índole. La caótica llegada de la selección argentina de fútbol a Santiago en junio, que derivó en acusaciones de fallas en los protocolos de seguridad chilenos, añadió una capa de fricción simbólica. A su vez, noticias como la detención en mayo de un ciudadano venezolano por el asalto a un turista argentino en Estación Central, refuerzan en el imaginario colectivo chileno una sensación de inseguridad creciente, donde la nacionalidad de víctimas y victimarios se convierte en un factor de análisis y, a menudo, de prejuicio. En este escenario, la idea de un aumento de armas disponibles en el país vecino es un catalizador de ansiedades.

Dos modelos de seguridad en colisión

En el fondo, el debate revela dos visiones antagónicas sobre cómo el Estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Por un lado, el modelo libertario de Milei promueve la desregulación y la responsabilidad individual. La premisa es que un ciudadano armado es el primer disuasivo contra el crimen. Esta visión se complementa con un discurso duro en otros ámbitos valóricos, como su postura contra el aborto, al que ha vinculado con la caída de la natalidad, demostrando una aproximación ideológica frontal a problemas complejos.

Por otro lado, el modelo chileno, si bien con matices entre oficialismo y oposición, sigue siendo fundamentalmente estatista. El consenso político y social apunta a fortalecer a las policías, endurecer las leyes y mantener un estricto control sobre el acceso a las armas por parte de civiles. La respuesta del gobierno chileno al decreto de Milei ha sido cautelosa en lo diplomático pero firme en lo operativo, anunciando un refuerzo de la vigilancia en los pasos fronterizos y una mayor fiscalización. Para Chile, la solución a la inseguridad pasa por más Estado, no por menos.

Las consecuencias latentes y un debate abierto

A un mes de la medida, las consecuencias directas son aún difíciles de cuantificar. Expertos en seguridad y criminología advierten que el impacto no será inmediato, sino gradual. El principal riesgo, señalan, es que armas compradas legalmente en ciudades argentinas como Mendoza o Neuquén terminen cruzando la frontera para abastecer a organizaciones criminales en Chile, haciendo el tráfico hormiga más difícil de detectar que los grandes cargamentos.

El tema ha quedado instalado en la agenda política chilena. Mientras la oposición critica lo que considera una falta de previsión del gobierno, el oficialismo se enfrenta al desafío de gestionar una amenaza externa que escapa a su control directo. La discusión ha trascendido el ámbito de la seguridad para convertirse en una reflexión más profunda sobre la soberanía, la dependencia y la naturaleza de la relación con Argentina en la era Milei.

El decreto sobre armas no es un hecho aislado, sino el síntoma de un cambio de paradigma en el país vecino cuyas repercusiones apenas comienzan a sentirse. La narrativa no está cerrada; por el contrario, ha abierto un nuevo capítulo de incertidumbre en la larga historia de vecindad entre Chile y Argentina, uno donde la frontera se percibe, hoy más que nunca, como una línea vulnerable.