El Fin de un Símbolo: Punta Peuco y la Herida Abierta de la Memoria en Chile

El Anuncio que Remeció el Tablero

El pasado 1 de junio, durante su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric pronunció una frase que resonó más allá de los muros del Congreso: el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, el enclave construido para albergar exclusivamente a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar, sería reconvertido en un recinto penitenciario común. A más de dos meses del anuncio, la decisión no solo ha desatado un torbellino político, sino que ha reabierto con fuerza una de las fracturas más profundas de la sociedad chilena: la batalla por la memoria, la justicia y la reparación.

El anuncio no surgió en el vacío. Semanas antes, declaraciones de la precandidata presidencial Evelyn Matthei, quien calificó de "inevitables" las muertes ocurridas tras el golpe de Estado, habían encendido la pradera. Una encuesta posterior reveló que cerca de un 65% de la ciudadanía rechazaba dichas afirmaciones, evidenciando que, a 50 años del quiebre democrático, el consenso sobre la condena a las violaciones de los derechos humanos es mayoritario, aunque la interpretación política de ese pasado sigue siendo un campo de disputa.

Dos Visiones: Justicia versus Revancha

Para el oficialismo y las organizaciones de derechos humanos, la medida representa un acto de justicia elemental. La existencia de Punta Peuco ha sido, por décadas, un símbolo de un trato preferencial y de una igualdad ante la ley que no terminaba de concretarse. El gobierno enmarcó la decisión como un paso necesario para terminar con "privilegios injustificables" y como una señal de respeto hacia las víctimas y sus familias, quienes por años han demandado el fin de este régimen carcelario especial.

Desde la oposición, la lectura fue diametralmente opuesta. Figuras como el presidente del Senado calificaron la medida como "un acto de venganza" que no contribuye a la unidad nacional. Columnas de opinión, como la de la directora de estudios de IdeaPaís, la enmarcaron dentro de un discurso presidencial "desconectado de la realidad", argumentando que el gobierno prioriza gestos simbólicos por sobre las urgencias ciudadanas como la seguridad o la economía. La precandidata Matthei, por su parte, minimizó el impacto del anuncio, sugiriendo que sería fácilmente reversible en un futuro gobierno de su sector.

A esta crítica política se sumó una perspectiva técnica. La abogada Carla Fernández Montero, especialista en derecho penitenciario, argumentó en una carta a la prensa que la decisión soslaya criterios fundamentales. Según su análisis, el perfil de los internos —adultos mayores con enfermedades crónicas y terminales— y la naturaleza del penal —de mínima seguridad y sin los problemas de hacinamiento, violencia o tráfico de drogas de otras cárceles— justificaban su estatus especial. Advirtió, además, que la medida podría ser judicializada por afectar los derechos fundamentales de los reclusos.

El Trauma que Persiste: Más Allá de los Muros

Para comprender la intensidad del debate, es necesario mirar más allá de la política contingente. Punta Peuco no es solo un edificio; es un significante cargado de dolor. Como expresó recientemente el médico James Hamilton a propósito de otro tipo de violencia sistémica, "el abuso es una bala que sigue dando vueltas en tu cuerpo, destruyéndote". Esta metáfora resuena con fuerza en el trauma colectivo de un país que aún no sana las heridas de la dictadura. Para una parte importante de la sociedad, cada día que Punta Peuco operó como un recinto especial fue una revictimización, un recordatorio de que la justicia no era igual para todos.

La discusión sobre las condiciones carcelarias de los condenados, su edad avanzada o su estado de salud, choca frontalmente con la memoria del horror y la ausencia de colaboración de muchos de ellos para encontrar a los detenidos desaparecidos. En este punto, la disonancia es total: donde unos ven ancianos enfermos que merecen compasión, otros ven criminales de lesa humanidad que nunca mostraron arrepentimiento ni humanidad con sus víctimas.

Un Debate Proyectado hacia el Futuro

Lejos de cerrar un capítulo, la decisión sobre Punta Peuco lo ha proyectado directamente hacia el próximo ciclo electoral. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, declaró un mes después del anuncio que, de ser electo, no descarta otorgar indultos a reclusos del penal por razones humanitarias, como "edad o salud mental". Su postura, que también extiende a la revisión de condenas como la del excapitán que cegó a la senadora Fabiola Campillai, consolida un clivaje ideológico profundo en materia de justicia y derechos humanos.

Así, las llaves de Punta Peuco se han transformado en un botín electoral. El debate ya no es solo sobre el pasado, sino sobre el futuro inmediato de Chile. La decisión de un gobierno de cerrar un símbolo de la dictadura ha garantizado que la memoria, con todas sus complejidades y dolores, seguirá siendo un tema central en la conversación pública, demostrando que los cimientos de la democracia chilena todavía se mueven al ritmo de las réplicas de su historia.