El Contagio de la Desconfianza: Cómo el Fraude de Licencias Médicas Expuso una Crisis de Probidad en el Estado Chileno

Inicio Contextualizado: La Anatomía de una Crisis Anunciada

Lo que comenzó hace unos meses como un cruce de datos, hoy se ha transformado en un espejo que refleja una profunda crisis de probidad en el aparato estatal chileno. La revelación de la Contraloría General de la República (CGR) de que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras hacían uso de licencias médicas entre 2023 y 2024, no fue solo una cifra. Fue el detonante de una reacción en cadena que ha permeado desde empresas públicas hasta el círculo cercano del Presidente de la República y las altas esferas del Poder Judicial, obligando a una reflexión nacional sobre la integridad y la confianza en las instituciones.

Desarrollo Analítico: El Efecto Dominó de la Fiscalización

La estrategia de la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, fue simple en su concepción pero demoledora en sus resultados: cruzar las bases de datos de licencias médicas con los registros migratorios de la PDI. El informe inicial, que abarcó 777 entidades públicas, activó sumarios administrativos a lo largo y ancho del país.

Las consecuencias no tardaron en materializarse. Metro de Santiago, regido por el Código del Trabajo, actuó con celeridad y desvinculó a 23 trabajadores por “incumplimiento grave” y “falta a la probidad”. En paralelo, la estatal ENAP inició investigaciones internas para 70 de sus empleados. Estos casos demostraron que el problema no se limitaba a la administración central, sino que se extendía a las empresas del Estado.

El escándalo escaló rápidamente al ámbito político y personal. La renuncia de Fiona Bonati, periodista de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y cuñada del Presidente Gabriel Boric, tras conocerse dos viajes al extranjero durante una licencia postnatal, tensionó al Ejecutivo. Aunque Bonati argumentó desconocimiento de la norma, su salida fue inevitable. La respuesta del Mandatario fue tajante: “Hay que cumplir las mismas condiciones, independiente del parentesco”, buscando establecer un estándar de igualdad ante la ley que la ciudadanía demandaba.

La onda expansiva alcanzó también a los gobiernos locales, con la apertura de un sumario contra el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza (Republicanos), por un viaje a Perú cuando era funcionario municipal. Y, en un golpe que minó aún más la confianza pública, se reveló que 692 funcionarios del Poder Judicial, incluyendo 84 jueces y 4 ministros de Cortes de Apelaciones, estaban en la lista de investigados. La institución encargada de impartir justicia se veía, de pronto, obligada a investigar a sus propios miembros.

Perspectivas Contrastadas: Entre la Norma, la Ética y la Realidad

El debate público ha oscilado entre la condena unánime al fraude y la reflexión sobre las complejidades del sistema.

• La Visión Institucional: Desde la Contraloría, el diagnóstico es claro: los mecanismos de control son insuficientes. Dorothy Pérez solicitó formalmente al Senado mayores atribuciones para acceder a más bases de datos y poder aplicar sanciones directas, argumentando que el sistema actual “desmoraliza a la institución y a la ciudadanía” cuando las propuestas de sanción terminan en sobreseimientos.

• La Perspectiva Política: Si bien el caso ha sido utilizado como arma arrojadiza entre facciones políticas —como la denuncia de un concejal del Frente Amplio contra el alcalde Republicano de Macul—, su naturaleza transversal ha impedido una capitalización partidista clara. La implicación de figuras de distintos espectros ha forzado el debate hacia un terreno más estructural que ideológico.

• El Dilema Humano y Legal: ¿Es todo viaje un fraude? Mientras que la norma prohíbe interrumpir el reposo, han surgido preguntas sobre casos específicos, como licencias por salud mental donde un viaje podría ser parte de una terapia, o situaciones de emergencia familiar. La Corte Suprema, al anunciar su investigación, reconoció que podría haber casos de “superposición de licencia médica y feriado”, abriendo una puerta a la necesidad de analizar cada situación en su mérito, sin que ello implique justificar la falta.

Contexto Estructural: Un Síntoma, No la Enfermedad

Este escándalo no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto de creciente desconfianza ciudadana, alimentada por casos como el “Caso Convenios” y una percepción generalizada de abuso de privilegios en el sector público. El uso de licencias médicas ha sido históricamente un punto ciego en la fiscalización estatal, con un gasto que representa una parte significativa del presupuesto de salud. Lo que este informe logró fue ponerle rostro y cifras a una práctica que se sospechaba extendida pero que carecía de evidencia contundente a esta escala.

La crisis expone una tensión fundamental: la necesidad de proteger un derecho laboral como la licencia médica frente al deber de resguardar la fe pública y el uso correcto de los recursos fiscales. La masividad del fraude sugiere no solo fallas de control, sino también una cultura organizacional donde la transgresión de la norma se había vuelto, para algunos, una práctica aceptable.

Estado Actual: De la Sanción a la Reforma

Actualmente, la crisis se encuentra en una fase de decantación. Miles de sumarios administrativos siguen su curso en todo el país, y sus resultados definirán el verdadero alcance de las sanciones. El foco, sin embargo, se ha desplazado desde la persecución individual hacia la discusión sobre una reforma sistémica. El proyecto de ley que busca fortalecer las atribuciones de la Contraloría es hoy el principal campo de batalla legislativo.

El “contagio de la desconfianza” ha obligado al Estado chileno a mirarse al espejo. La pregunta que queda abierta es si será capaz de transformar esta crisis de probidad en una oportunidad para fortalecer sus instituciones, o si, por el contrario, las investigaciones se diluirán en la burocracia, dejando intactas las vulnerabilidades que permitieron que el fraude floreciera.