Ley de Pesca: Crónica de una Reforma Aprobada y una Batalla Judicial Anunciada

A más de dos meses de su aprobación final en el Congreso, la nueva ley de fraccionamiento pesquero ya no es un proyecto, sino una realidad legal que redefine el mapa de uno de los sectores productivos más estratégicos y conflictivos de Chile. La normativa, que modifica la distribución de las cuotas de captura entre la pesca industrial y la artesanal, nació con el objetivo explícito de corregir los desequilibrios y la crisis de legitimidad heredada de la llamada “Ley Longueira” de 2013, cuya tramitación estuvo manchada por casos de cohecho. Sin embargo, lo que se diseñó como una solución política y social ha terminado por abrir un nuevo frente, esta vez en el campo judicial, dejando una estela de incertidumbre económica.

La Evolución de la Tormenta: Del Congreso a los Tribunales

El camino legislativo de la reforma fue intenso y culminó en una Comisión Mixta que debió zanjar los puntos más álgidos. El resultado es una redistribución significativa de la torta. Para especies clave como la anchoveta y la sardina en el norte, la cuota artesanal subió al 55%. En el caso del jurel, la principal pesquería del país, la industria mantuvo un 70% (aunque con nuevas reglas de licitación para futuros aumentos), mientras que en la merluza común, el acuerdo final estableció un piso de 45% para los artesanales, que puede escalar al 50% en épocas de abundancia.

Las consecuencias económicas no tardaron en manifestarse. Incluso antes de su aprobación, empresas como Blumar anunciaron la paralización de inversiones millonarias, como una planta de procesamiento en Coronel de US$ 30 millones, argumentando que la nueva estructura de cuotas hacía inviable el proyecto. Estimaciones de la propia industria y del gobierno cifran el traspaso de valor del sector industrial al artesanal en torno a los US$ 160 millones anuales, un golpe que, según los grandes conglomerados, afecta directamente su patrimonio y viabilidad.

Perspectivas en Colisión: Equidad vs. Propiedad

El debate ha puesto de manifiesto dos visiones del mundo irreconciliables.

Por un lado, el Gobierno y el sector artesanal defienden la ley como un acto de justicia histórica. El subsecretario de Pesca, Julio Salas, calificó el acuerdo como un "equilibrio" necesario y posible, destacando que, en el caso de la merluza, los artesanales aumentan su participación en 5 puntos porcentuales en tiempos de escasez y hasta 10 en tiempos de abundancia. Para la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío, la ley es un “reconocimiento histórico” que avanza hacia una actividad más justa y sostenible, a pesar de que no todas sus expectativas fueron cumplidas.

En la vereda opuesta, el sector industrial habla de un cambio a las reglas del juego a mitad de camino y una vulneración al derecho de propiedad. Ricardo García, gerente general de Camanchaca, fue enfático al señalar que no les queda “otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización”. El argumento central, compartido por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), es que la ley vigente establecía un horizonte hasta 2032, y esta modificación anticipada constituye una expropiación de derechos adquiridos sin la debida compensación. La amenaza de recurrir a instancias internacionales como el CIADI por parte de empresas con capitales extranjeros, como FoodCorp, añade una capa de complejidad al conflicto.

El Análisis de Fondo: ¿Soluciones Políticas para Problemas Económicos?

Desde la academia y el análisis económico, surgen lecturas que invitan a una reflexión más profunda. El economista Cristóbal Huneeus advirtió que las “soluciones políticas no juegan en el mundo de las empresas”, describiendo el acuerdo sobre la merluza como “enredado” y generador de incentivos complejos. Por su parte, la investigadora Soledad Hormazábal recordó la importancia de “desmitificar” la imagen del pescador de caleta, ya que la pesca artesanal incluye flotas de envergadura.

Este conflicto no es nuevo. Se enraíza en la deslegitimación de la ley de 2013, que nunca logró sacudirse la sombra de la corrupción. La reforma actual intenta resolver esa deuda de legitimidad, pero al hacerlo, choca con los principios de certeza jurídica que el sector empresarial considera indispensables para la inversión. La pregunta que queda en el aire es si es posible alcanzar la equidad social modificando retroactivamente las condiciones económicas sin erosionar la confianza en las instituciones.

Estado Actual: Una Ley Vigente, un Futuro Incierto

Con la ley despachada y lista para su promulgación, el debate legislativo ha concluido. Sin embargo, la historia está lejos de terminar. El foco se ha trasladado a los tribunales, donde las grandes pesqueras preparan una ofensiva legal que podría extenderse por años. El resultado de esta judicialización no solo definirá el futuro económico de las empresas y las comunidades que dependen de la pesca, sino que también sentará un precedente sobre cómo Chile resuelve las tensiones entre la reparación de injusticias políticas y la protección de la estabilidad económica.