El Engranaje Roto: Cómo el Caso Primus Desnudó las Grietas del Poder, la Confianza y la Justicia en el Corazón Financiero de Chile

Más de dos años han transcurrido desde que el Caso Primus Capital estalló, revelando un fraude interno de aproximadamente US$100 millones que sacudió los cimientos del sector financiero chileno. Lejos de ser una historia cerrada, los últimos meses han demostrado que sus réplicas continúan resonando en tribunales, directorios y en el debate público. Mientras la compañía de factoring anuncia una notable recuperación económica, sus principales exejecutivos, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, libran una compleja batalla judicial que pone a prueba la capacidad del Estado para sancionar el delito de cuello y corbata. El caso ha madurado, y con la distancia del tiempo, sus contornos revelan no solo un sofisticado esquema delictual, sino las profundas fisuras en la confianza, la regulación y la percepción de justicia en Chile.

La Resurrección Corporativa y el Calvario Judicial

A finales de mayo de 2025, Primus Capital sorprendió al mercado reportando utilidades por $1.845 millones en el primer trimestre, un giro drástico desde las pérdidas millonarias que siguieron al descubrimiento del fraude en marzo de 2023. La nueva administración, encabezada por el vicepresidente ejecutivo Eduardo Guerrero, implementó un severo plan de reestructuración que incluyó la desvinculación de 90 personas y la contratación de 60 nuevos colaboradores. La empresa, controlada por el empresario Raimundo Valenzuela, proyecta una imagen de resiliencia y vuelta a la normalidad.

Sin embargo, esta narrativa de recuperación corporativa contrasta violentamente con la situación de sus antiguos líderes. Francisco Coeymans, exgerente general, permanece en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber desde su extradición de Perú a fines de 2024. Su defensa lucha en múltiples frentes: por un lado, busca revertir la medida cautelar, logrando que el tribunal fijara una caución de $300 millones para optar al arresto domiciliario, una cifra que evidencia el alto riesgo de fuga percibido por la fiscalía. Por otro, combate una sanción sin precedentes.

El Regulador Muestra los Dientes: ¿Sanción Ejemplar o Desproporcionada?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha jugado un rol protagónico. En un movimiento que busca sentar un precedente, el regulador impuso a Coeymans la multa más alta de su historia a una persona natural: 50.000 UF (casi $2 mil millones), por entrega de información falsa al mercado. La CMF argumenta que el exejecutivo orquestó y ocultó un esquema que inflaba artificialmente los activos de la compañía. La decisión fue ratificada por el consejo de la CMF en junio, desestimando el recurso de reposición de Coeymans.

La defensa del exejecutivo, sin embargo, ha llevado la disputa a la Corte de Apelaciones, abriendo un debate sobre los límites del poder sancionatorio del regulador. Sus abogados, Mario Vargas y Gabriel Silber, argumentan que la multa es "manifiestamente desproporcionada" y que la CMF se extralimitó al aplicar criterios de naturaleza penal. Comparan la sanción con casos anteriores de alta connotación, como Aurus o Intervalores, donde las multas fueron sustancialmente menores. Este choque de posturas plantea una disonancia cognitiva clave: ¿es la CMF un guardián implacable que finalmente ejerce su poder para proteger la fe pública, o está actuando de forma arbitraria y punitiva, como acusa la defensa? La presidenta de la CMF, Solange Berstein, en un caso paralelo pero de similar naturaleza (Sartor), defendió el actuar del organismo afirmando que su mandato es "proteger a todos los aportantes", una filosofía que parece guiar su actuar en el caso Primus.

Justicia Bajo la Lupa: El Contrapunto de las Cautelares

El frente judicial es quizás el que genera mayor reflexión crítica. La prolongada prisión preventiva de Coeymans y otros imputados es una medida severa, justificada por el Ministerio Público en la gravedad de los delitos —que incluyen asociación ilícita, estafa, lavado de activos y delitos tributarios— y el peligro de fuga.

No obstante, la opinión pública no puede evitar comparar. A principios de junio, el abogado Luis Hermosilla, figura central en el "Caso Audios" —otro escándalo que desnudó la porosidad entre el poder económico y las instituciones—, lograba reemplazar su prisión preventiva por arresto domiciliario total por razones de salud. Aunque los casos son distintos, la percepción de un trato diferenciado alimenta el escepticismo ciudadano. ¿Pesa igual la balanza de la justicia para todos los delitos de cuello y corbata? La decisión sobre la caución de Coeymans, un monto elevado pero que abre una puerta a su salida de la cárcel, añade otra capa de complejidad a esta discusión.

El Telón de Fondo: Riqueza, Desigualdad y Confianza Rota

Para comprender la verdadera dimensión del Caso Primus, es crucial alejar el zoom del expediente judicial y observar el paisaje socioeconómico. Un informe reciente de Boston Consulting Group reveló que la riqueza financiera en Chile alcanza los US$600 mil millones, con cerca de 40.000 personas poseyendo más de un millón de dólares. En este contexto de extrema concentración, un fraude de US$100 millones no es solo una cifra abultada; es una traición a la confianza que sustenta el sistema.

El escándalo refuerza la narrativa de una élite que opera con sus propias reglas, erosionando la fe pública en el mercado de capitales, que se presenta como un motor de desarrollo pero que, a ojos de muchos, parece un casino reservado para unos pocos. La sofisticación del mercado financiero chileno, que según el mismo informe gestiona el 90% de la riqueza de sus ciudadanos onshore (dentro del país) —un signo de confianza histórica—, es precisamente lo que hace que casos como Primus sean tan dañinos. Cada revelación, cada audiencia, cada titular, es un golpe a esa confianza.

Un Final Abierto

El Caso Primus está lejos de concluir. Las batallas legales seguirán su curso, y el resultado final sentará un precedente sobre cómo Chile enfrenta la criminalidad económica de alta complejidad. Más allá de las condenas o absoluciones, el caso ya ha cumplido una función: ha expuesto las grietas de un sistema donde el poder, el dinero y la justicia se entrelazan en una danza a menudo opaca. Ha obligado a la sociedad a preguntarse si las herramientas regulatorias son suficientes, si la justicia es verdaderamente ciega y si la confianza, una vez rota, puede realmente ser restaurada. El engranaje se rompió, y repararlo requerirá mucho más que una reestructuración financiera.