Lo que comenzó con un lapidario informe de la Contraloría General de la República, revelando que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero durante sus licencias médicas, ha madurado para convertirse en mucho más que un escándalo de corrupción. Es el síntoma visible de una fractura profunda en el pacto de confianza que sostiene el sistema de salud y las relaciones laborales en Chile. Los casos que se han sucedido —desde médicos en Pemuco auto-otorgándose licencias como medida de presión, hasta una fiscal del Ministerio Público suspendida por la misma razón— no son anécdotas, sino señales emergentes de un sistema cuyos incentivos, ética y mecanismos de control han llegado a un punto de quiebre.
La crisis actual no es solo sobre el mal uso de un subsidio; es sobre la devaluación de la palabra del médico, la legitimidad del reposo como derecho y la integridad de las instituciones públicas. Este fenómeno obliga a proyectar los futuros posibles que se abren cuando la desconfianza se vuelve sistémica.
La primera y más inmediata trayectoria es la tecnológica. La decisión de la Compin de usar inteligencia de datos para detectar patrones anómalos, como médicos que emiten licencias mientras están con reposo, es solo el comienzo. En el mediano plazo, es altamente probable que el Estado y las aseguradoras privadas inviertan masivamente en sistemas de biovigilancia algorítmica.
Imaginemos un futuro donde cada solicitud de licencia médica sea procesada por una IA que cruce en tiempo real el historial clínico del paciente, los patrones de prescripción del médico, su red de contactos profesionales, e incluso datos no médicos como registros de viaje o actividad en redes sociales. El objetivo: crear un “score de riesgo de fraude” para cada licencia.
Una trayectoria alternativa, más compleja y políticamente costosa, es la que aborda el problema de raíz: el diseño del sistema. Analistas como Claudio Sapelli (Faro UDD) han señalado que el modelo chileno, al cubrir el 100% del sueldo, crea un incentivo perverso que pocos sistemas en el mundo mantienen. Esto abre la puerta a una redefinición del contrato social en salud y trabajo.
En el largo plazo, podríamos ver una reforma estructural que incluya:
El escenario más pesimista es aquel donde no se logra ni una reforma estructural efectiva ni una fiscalización tecnológica percibida como justa. Si las sanciones se aplican de forma selectiva, si los sumarios se diluyen en la burocracia y si la ciudadanía percibe que el fraude es una práctica generalizada y sin consecuencias reales para los poderosos, la confianza en el sistema podría colapsar por completo.
En este futuro, la licencia médica deja de ser un instrumento de salud para convertirse en una herramienta de transacción informal en una cultura de anomia. La frase “conseguir una licencia” se normaliza como parte de una picaresca de supervivencia o de abuso cínico.
Chile no se dirige hacia uno solo de estos futuros, sino probablemente a una hibridación tensa entre ellos. La tendencia dominante a corto plazo será la biovigilancia (Escenario 1), por ser la solución aparentemente más rápida y apolítica. Sin embargo, su implementación generará nuevas resistencias que forzarán, eventualmente, la discusión sobre la reforma estructural (Escenario 2). El mayor peligro reside en que el fracaso de ambas trayectorias nos conduzca por inercia a la espiral de desconfianza (Escenario 3).
La crisis de las licencias médicas ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en un espejo de la sociedad chilena. Nos obliga a preguntarnos qué valoramos más: ¿la seguridad del control o la libertad de la confianza? ¿La solidaridad de un sistema generoso o la sostenibilidad de uno más estricto? Las respuestas que como país construyamos en los próximos años definirán el carácter de nuestro contrato social para la próxima generación.