La Casa Disputada: Cómo la Batalla por la Residencia de Allende Redefine los Futuros de la Memoria, el Poder y el Legado en Chile

La anatomía de un colapso simbólico

Lo que comenzó como un gesto de reparación histórica del gobierno de Gabriel Boric —la compra de la ex residencia de Salvador Allende en la calle Guardia Vieja para convertirla en un museo— ha mutado en un complejo campo de batalla. Más que un simple error administrativo o una fallida transacción inmobiliaria, el caso se ha convertido en una señal potente sobre los futuros de la memoria en Chile. La iniciativa, impulsada personalmente por el mandatario, se estrelló contra una barrera constitucional insalvable: dos de las herederas, la entonces ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, no podían celebrar contratos con el Estado. El colapso del acuerdo no fue el final, sino el principio de una escalada que hoy se libra en comisiones investigadoras, tribunales y medios de comunicación, revelando las profundas tensiones que subyacen a la construcción del pasado nacional.

Este evento ha dejado de ser una anécdota política para transformarse en un caso de estudio sobre la fragilidad de los símbolos y la creciente instrumentalización de los mecanismos legales como armas en la disputa por la narrativa histórica. Lo que está en juego ya no es solo la preservación de un inmueble, sino la definición misma de qué memorias son legítimas, quién tiene derecho a gestionarlas y bajo qué reglas.

Escenario 1: La judicialización de la memoria

Una de las proyecciones más claras que emerge de esta controversia es la consolidación de los tribunales como el principal campo de batalla para las disputas de memoria. La ofensiva legal de la Fundación Fuerza Ciudadana, ligada al Partido Republicano, no se detuvo en la casa de Guardia Vieja. Su estrategia escaló al ampliar una demanda de nulidad para revertir el traspaso de otro inmueble a la Fundación Salvador Allende, el Palacio Heiremans, ocurrido en 2004. Este movimiento sugiere un patrón: el uso de la ley de probidad y las normativas constitucionales no solo para fiscalizar el presente, sino para auditar y potencialmente revertir actos de memoria del pasado.

Si esta tendencia se mantiene, podríamos estar entrando en una era de memoria judicializada. Cualquier iniciativa estatal de reparación simbólica, nombramiento de calles, construcción de memoriales o adquisición de sitios históricos podría enfrentar un escrutinio legal exhaustivo por parte de la oposición. El riesgo inherente es que las decisiones sobre el patrimonio y la historia dejen de ser un debate político o académico para convertirse en un litigio técnico, donde la forma legal prime sobre el fondo histórico. Este escenario plantea una pregunta fundamental: ¿está el sistema judicial preparado para arbitrar sobre el significado y la pertinencia del pasado, o se limitará a una aplicación estricta de la norma que podría paralizar cualquier política de memoria?

Escenario 2: La fractura del legado y la izquierda huérfana

El caso también ha funcionado como un revelador de las fisuras internas en la izquierda chilena. Las filtraciones de las conversaciones de Miguel Crispi, exjefe de asesores de Boric, donde critica duramente la gestión de la familia Allende, exponen una tensión latente entre la nueva generación del Frente Amplio y la guardia histórica del Socialismo Democrático. La figura de Salvador Allende, que durante décadas funcionó como un símbolo unificador para el sector, ahora aparece como un legado en disputa, un capital simbólico que diferentes facciones reclaman con distintos énfasis y estrategias.

A mediano plazo, esta fractura podría profundizarse. La defensa de la figura de Allende podría dejar de ser un proyecto colectivo para convertirse en una serie de iniciativas fragmentadas, cada una impulsada por los intereses de un partido o una familia. Este fenómeno podría llevar a una dilución del poder simbólico de Allende, transformándolo de un ícono nacional a un emblema de nicho. Si la izquierda no logra articular una narrativa coherente y unificada sobre su propio pasado, corre el riesgo de enfrentar futuros ciclos electorales con un panteón de héroes disputados internamente, debilitando su capacidad de proyectar una visión de futuro compartida.

Escenario 3: La contra-memoria como estrategia de poder

La estrategia de la derecha, particularmente del ala republicana, ha demostrado ser altamente efectiva. En lugar de confrontar directamente la figura de Allende en el plano ideológico —una batalla que históricamente les ha resultado compleja—, han optado por enmarcar el debate en los términos de probidad, legalidad y buen uso de los recursos públicos. Al hacerlo, conectan con una sensibilidad ciudadana moldeada por escándalos recientes como el "Caso Convenios", generando un marco de sospecha que trasciende las lealtades políticas.

Este enfoque de "contra-memoria procedimental" se perfila como una poderosa herramienta política para el futuro. No busca construir una narrativa histórica alternativa hegemónica (como la reivindicación del régimen militar), sino desmantelar sistemáticamente la infraestructura simbólica del adversario a través de la fiscalización legal. A largo plazo, esta estrategia podría redefinir las reglas del juego político, obligando a cualquier gobierno a un nivel de escrutinio legalista que podría inhibir la audacia en políticas culturales y de memoria. El éxito de esta táctica plantea un escenario donde la derecha no necesita ganar la batalla de las ideas sobre el pasado, sino simplemente demostrar que sus adversarios no cumplen las reglas para contarlo.

Síntesis de futuros plausibles: Entre la parálisis y la reinvención

La confluencia de estos factores dibuja un horizonte complejo. El riesgo más inminente es una parálisis de las políticas de memoria estatales. Futuros gobiernos, temerosos de la judicialización y el costo político, podrían optar por la inacción, dejando la gestión del pasado en manos de actores privados o, peor aún, en el olvido. Esto podría consolidar una memoria fragmentada y desigual, accesible solo para quienes puedan financiarla.

Sin embargo, de esta crisis también podría surgir una oportunidad latente. La evidente falencia en el proceso de compra de la casa de Allende obliga a una reflexión profunda sobre cómo el Estado debe abordar la memoria. Podría ser el catalizador para desarrollar marcos legales más robustos, transparentes y pluralistas para la preservación del patrimonio histórico, diseñados para resistir los ciclos políticos y las instrumentalizaciones partidistas. El desafío futuro no será simplemente decidir qué recordar, sino acordar un conjunto de reglas claras y legítimas sobre cómo hacerlo, un pacto que permita que la memoria sea un espacio de reflexión crítica para todos, y no el botín de una guerra simbólica sin fin.