Hace poco más de dos meses, la asociación entre la estatal Codelco y la privada SQM para explotar el litio del Salar de Atacama hasta 2060 parecía un hito técnico a punto de concretarse. Con la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en abril, tras un análisis de ocho meses, el acuerdo superaba su principal valla regulatoria. Sin embargo, lo que se perfilaba como el cierre de un complejo capítulo de negocios se ha transformado en un epicentro del debate nacional, revelando las tensiones subyacentes sobre el modelo de desarrollo de Chile, su relación con el pasado y las visiones contrapuestas de futuro.
La relevancia del pacto trasciende las cifras millonarias. Se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo el país gestiona sus recursos estratégicos en un escenario global competitivo, mientras lidia con las cicatrices de su propia historia política y corporativa.
La resolución de la FNE, que dio luz verde al acuerdo con medidas de mitigación para evitar riesgos a la libre competencia —como el interlocking o la transferencia de información sensible—, fue presentada por el gobierno como un triunfo de la Estrategia Nacional del Litio. Se argumentó que esta vía era la más expedita para asegurar la participación del Estado en la producción y evitar una interrupción que, según estimaciones oficiales, habría costado al fisco más de 11.000 millones de dólares.
No obstante, el consenso técnico no se tradujo en paz política. Rápidamente, el acuerdo se instaló en el centro de la arena presidencial. Desde la centroizquierda, la candidata Jeannette Jara (PC), ganadora de las primarias oficialistas, ha mantenido una postura crítica, no solo por la figura de SQM, sino por el modelo de asociación. "A mí no me gusta que hagamos negocios con SQM. No solo por su herencia pinochetista, sino que también por el rol que jugó en el financiamiento ilegal de la política", declaró, advirtiendo que, de no estar cerrado el pacto al asumir un eventual gobierno, buscaría "otro camino".
Desde la vereda opuesta, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y un informe aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados también han planteado reparos, cuestionando la forma y el fondo de la negociación. El acuerdo, lejos de ser un legado indiscutido, se ha vuelto un flanco de críticas cruzadas que el Ejecutivo, a través de la ministra de Minería, Aurora Williams, ha defendido como una "decisión de Estado" pragmática y beneficiosa.
El núcleo del debate técnico-económico radica en la disyuntiva entre la negociación directa y una licitación pública internacional.
Ninguna discusión sobre SQM puede eludir la figura de Julio Ponce Lerou, su controlador histórico y exyerno de Augusto Pinochet. Su presencia ha sido el principal argumento de quienes se oponen al pacto por razones éticas e históricas. Consciente de ello, a principios de junio, Ponce ejecutó un movimiento estratégico de gran calado: anunció la simplificación de la compleja estructura de sociedades "cascada" que controlan la minera y formalizó el traspaso del liderazgo a su hija, Francisca Ponce. "Dejaré de ser un protagonista de esta historia", sentenció en una inédita declaración pública.
Este paso, largamente esperado por el mercado para mejorar el gobierno corporativo de la firma, fue interpretado como una jugada para "sanitizar" la imagen de SQM y allanar el camino final del acuerdo con Codelco. Sin embargo, la movida también se da en un contexto de tensiones internas, como la elección con voto dividido de la nueva presidenta del directorio, Gina Ocqueteau, que evidenció el quiebre con el segundo mayor accionista, la china Tianqi. El retiro de Ponce Lerou, más que cerrar un capítulo, parece una reconfiguración de poder calculada para asegurar la viabilidad del negocio más importante de la compañía.
Aunque el acuerdo avanza en sus trámites finales —como la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y la aprobación de la autoridad de competencia de China—, dos factores clave mantienen su futuro en suspenso.
El primero es el proceso de consulta indígena con las comunidades del Salar de Atacama. Este diálogo, mandatado por ley, es un componente crucial cuyo resultado determinará las condiciones sociales y ambientales de la operación futura. Es una voz pendiente que puede redefinir aspectos sustanciales del proyecto.
El segundo es el escenario político. El pacto Codelco-SQM ha dejado de ser un mero contrato para convertirse en un símbolo. Para sus defensores, representa el pragmatismo necesario para que Chile aproveche su riqueza. Para sus detractores, es una claudicación ante un poder económico con un origen y un historial cuestionados. La firma final, prevista para los próximos meses, podría sellar el aspecto legal, pero la controversia que ha desatado demuestra que el debate sobre el litio es, en realidad, un debate sobre el alma de Chile. Un debate que, lejos de estar resuelto, apenas comienza.