Lo que comenzó con la filtración de un audio en noviembre de 2023 ha madurado hasta convertirse en mucho más que un caso de corrupción. El "Caso Hermosilla" ha funcionado como un sismo que, al fracturar la superficie de la normalidad chilena, ha dejado al descubierto el sistema operativo subyacente de las élites: una intrincada red de favores, influencias y lealtades que conecta los directorios de grandes empresas, los pasillos del Congreso, los tribunales de justicia y las oficinas de los persecutores. La conversación entre el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos no fue solo la confesión de un delito; fue la revelación de un método, de un modus operandi que muchos sospechaban pero que rara vez se había podido auscultar con tal nitidez.
Hoy, con la investigación judicial en un punto crítico, el verdadero debate ya no es solo sobre la culpabilidad de los individuos, sino sobre la resiliencia de las estructuras que permitieron su actuar. El futuro de la fe pública en Chile se juega en la respuesta que, como sociedad, se construya a partir de estas ruinas. A continuación, exploramos tres escenarios plausibles que podrían definir la próxima década.
En este futuro, el más probable por inercia histórica, el sistema demuestra una formidable capacidad de absorción. El escándalo se salda con condenas ejemplificadoras pero acotadas para los protagonistas más visibles, como Hermosilla y Sauer. Estos se convierten en los chivos expiatorios necesarios para calmar la indignación pública y proyectar una imagen de "caiga quien caiga".
Sin embargo, las estructuras fundamentales permanecen intactas. Se aprueba una nueva batería de leyes sobre lobby, probidad y delitos económicos, pero su diseño permite que las élites, ahora más cautelosas, encuentren nuevas formas de operar en los resquicios. Las "salidas alternativas", como la suspensión condicional del procedimiento otorgada a los ejecutivos de LarrainVial en una arista del caso, se consolidan como la vía de escape preferente para los delitos de cuello y corbata, reforzando la percepción de una justicia dual. El "efecto Yáber", donde la defensa aguerrida de un imputado de alto perfil como Luis Hermosilla termina por prestigiar a su abogado y hermano, Juan Pablo, demuestra que el poder y la influencia son activos que se reconfiguran, pero no se destruyen. La confianza ciudadana, tras un breve repunte por las condenas iniciales, vuelve a estancarse en niveles crónicamente bajos. El código del silencio se recompone, ahora con protocolos de seguridad más estrictos.
Este escenario, más optimista pero de menor probabilidad, contempla que la magnitud del escándalo actúe como un catalizador para un cambio sistémico. La presión sostenida de una ciudadanía vigilante, amplificada por medios de investigación independientes, se alinea con una facción decidida dentro del poder judicial y el Ministerio Público que ve en esta crisis una oportunidad única para una purga institucional.
Los juicios no solo buscan condenas, sino que se utilizan pedagógicamente para exponer la totalidad de las redes de corrupción. Las revelaciones sobre las filtraciones entre fiscales, como las que involucran al exfiscal Manuel Guerra, fuerzan una reforma profunda del Ministerio Público, fortaleciendo su autonomía y sus controles internos. El Congreso, acorralado por la opinión pública, se ve obligado a legislar en serio, cerrando las lagunas que permiten las salidas alternativas para delitos graves de corrupción y aumentando drásticamente las penas. Este proceso es políticamente traumático y genera una fuerte resistencia de los poderes fácticos. A corto plazo, la inestabilidad aumenta, pero a largo plazo, se sientan las bases para reconstruir la confianza sobre un pacto de probidad más sólido. Chile inicia un lento y conflictivo, pero decidido, camino para dejar de ser un país donde "no pasa nada".
Un tercer futuro, más caótico, es aquel en que la red no se reforma, sino que implosiona. El principio de "sálvese quien pueda" reemplaza a la lealtad de élite. Temiendo ser los próximos en caer, los implicados y testigos comienzan a filtrar información de manera estratégica, utilizando a la prensa y a la fiscalía como armas arrojadizas contra sus antiguos socios y rivales. Las acusaciones cruzadas entre exfiscales y fiscales en ejercicio son solo el primer síntoma.
El resultado es una "guerra de todos contra todos" en la cúspide del poder. La agenda pública queda secuestrada por una cascada interminable de revelaciones que salpican a todo el espectro político y empresarial. El sistema de justicia, en lugar de ser un árbitro, se convierte en el campo de batalla, con cada facción intentando instrumentalizarlo. La ciudadanía, inicialmente expectante, deriva hacia un cinismo paralizante, percibiendo el espectáculo no como un acto de justicia, sino como una sangrienta lucha de poder entre mafias. La confianza no solo no se recupera, sino que se destruye por completo, abriendo un peligroso espacio para liderazgos populistas que prometen arrasar con una institucionalidad percibida como irreparablemente corrupta.
El futuro más plausible será, probablemente, un híbrido inestable. Veremos elementos del escenario "Gattopardo", con la élite demostrando su capacidad de adaptación, junto con algunas reformas forzadas por la presión del escenario 2. El riesgo latente es que los cambios sean meramente cosméticos, lo que a la larga podría alimentar la fragmentación y el cinismo del escenario 3.
El Caso Hermosilla ha puesto a Chile frente a un espejo que le devuelve una imagen incómoda. La pregunta fundamental que se desprende de este escándalo no es simplemente quién irá a la cárcel, sino qué tipo de defensas institucionales se construirán para que estas redes de poder e impunidad no vuelvan a operar con la misma desfachatez. La respuesta a esa pregunta definirá la calidad de la democracia chilena en las décadas venideras. El silencio se ha roto, pero el contenido del nuevo diálogo que lo reemplace aún está por escribirse.