Lo que comenzó hace meses como una fiscalización de rutina por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ha escalado hasta convertirse en una de las tramas más complejas y multifacéticas del ecosistema financiero y deportivo chileno reciente. Hoy, el Caso Sartor no es solo la historia de una administradora de fondos en liquidación; es un campo de batalla legal y narrativo donde se disputan millones de dólares, la reputación de altos ejecutivos y el control de uno de los clubes de fútbol más importantes del país, la Universidad de Chile. Con cargos formulados por el regulador, querellas cruzadas y activos embargados, la pregunta ya no es si hubo irregularidades, sino quién es el responsable final del perjuicio a los inversionistas y hasta dónde se extienden las redes de influencia.
La crisis se desató cuando la CMF detectó "deficiencias relevantes" en la gestión de Sartor Administradora General de Fondos (AGF), culminando en la revocación de su licencia y el inicio de un proceso de liquidación. El núcleo del problema, según el regulador, era un modelo de negocios que no cautelaba debidamente los intereses de sus aportantes. La investigación reveló una intrincada red de operaciones con partes relacionadas, donde los fondos de inversionistas se utilizaban para financiar a empresas y personas vinculadas al propio grupo Sartor y sus ejecutivos.
La arista más mediática involucra a Michael Clark, actual presidente de Azul Azul y exdirectivo de Sartor, quien se cuenta entre los ocho ejecutivos acusados por la CMF de proporcionar información falsa al mercado y faltar a la diligencia debida. Esta conexión se materializó con el embargo de más de 23 millones de acciones de Azul Azul, controladas por el fondo FIP Tactical Sport —ligado a Sartor—, como garantía por una deuda impaga de más de $7 mil millones reclamada por el liquidador de la AGF, Ricardo Budinich.
La trama se expandió aún más cuando Budinich reveló la existencia de préstamos por más de 5 millones de dólares a sociedades de Marcelo Pesce, exsocio del club Huachipato, donde su histórico socio, Victoriano Cerda, habría actuado como aval y codeudor solidario. Aunque la defensa de Cerda niega su participación, la revelación expuso la delgada línea que separa los negocios financieros de las esferas de poder en el fútbol chileno.
El caso ha generado una profunda disonancia entre los actores, cada uno con una interpretación de los hechos que desafía a las demás.
El Caso Sartor no es un hecho aislado. Emerge en un contexto donde los Fondos de Inversión Privados (FIP) han ganado popularidad como vehículos de inversión flexibles, pero cuya menor regulación puede dar pie a estructuras opacas y potenciales conflictos de interés. Este escándalo obliga a cuestionar si la normativa actual es suficiente para proteger a los inversionistas en un mercado cada vez más sofisticado.
Asimismo, revive el eterno debate sobre la relación entre el dinero y el fútbol. La transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas abrió la puerta a modelos de negocio donde la pasión de los hinchas convive con las frías lógicas del mercado de capitales, generando tensiones y sospechas que este caso no ha hecho más que exacerbar.
A varios meses de su inicio, la historia está lejos de concluir. El proceso sancionatorio de la CMF sigue su curso, mientras las batallas legales se libran en múltiples frentes. La confianza, pilar fundamental del mercado financiero, se ha visto erosionada. El futuro de los activos de Sartor, la responsabilidad final de sus ejecutivos y la estabilidad en la propiedad de Universidad de Chile penden de decisiones judiciales y regulatorias que tardarán en llegar. El caso Sartor se ha consolidado como un complejo laberinto que pone a prueba la resiliencia de las instituciones, la ética de los negocios y la transparencia de dos mundos que, en Chile, parecen estar indisolublemente ligados: las finanzas y el fútbol.