A más de dos meses de que el medio de investigación CIPER publicara una serie de videos que sacudieron la esfera pública, el eco de sus imágenes sigue resonando. El metraje, capturado por la cámara corporal del ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo durante el apogeo del estallido social de 2019, hizo más que añadir pruebas a un juicio en curso; resucitó los fantasmas de un conflicto que Chile aún no ha logrado procesar. Las crudas imágenes y las posteriores declaraciones desafiantes de Crespo han forzado al país a mirar de nuevo el abismo de octubre, reavivando un debate que expone las profundas fracturas en la memoria y el sentido de justicia de la nación.
Los siete videos, presentados como prueba en el juicio contra Crespo por las lesiones oculares que dejaron a Gustavo Gatica completamente ciego, son una crónica descarnada del caos en la Plaza Italia. Muestran no solo la extrema violencia que enfrentaban los piquetes policiales, con un constante bombardeo de piedras, bombas molotov y fuegos artificiales por parte de la denominada "primera línea", sino también la respuesta del oficial al mando.
Las grabaciones captan a Crespo profiriendo amenazas explícitas a detenidos, entre las que destaca: "Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?". Esta frase fue dicha el 6 de diciembre de 2019, cuando la controversia por los traumas oculares ya era un escándalo nacional e internacional. Otros registros lo muestran tomando del cuello a un detenido que no oponía resistencia, arrancando un mechón de pelo a otro para luego compartir la foto en un grupo de WhatsApp llamado "LA TIJERA", y reaccionando con indiferencia ante la noticia de una persona quemándose: "Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás". El metraje también documenta instrucciones a sus subalternos que contravienen los protocolos sobre el uso de la fuerza, como ordenar apuntar las escopetas lanzagases directamente al cuerpo de los manifestantes.
Frente al impacto público de las revelaciones, la respuesta de Claudio Crespo no fue de contrición, sino de reafirmación desafiante. En un video difundido en sus redes sociales, desestimó el reportaje como una filtración malintencionada de la fiscalía o de organismos de derechos humanos. "No me arrepiento de nada" y "me importa un comino", sentenció, enmarcando su actuar en el contexto de la "extrema violencia" de la época.
Su argumento despliega una contranarrativa: que sus palabras, aunque quizás condenables hoy, fueron pronunciadas en el fragor del enfrentamiento y no se tradujeron en torturas o abusos posteriores. Desafió a sus críticos a buscar a las personas de los videos y preguntarles si sufrieron algún daño más allá de la detención. Esta postura lo presenta no como un agresor, sino como un policía que cumplió con su deber en circunstancias imposibles, un relato que encontró terreno fértil en determinados sectores políticos y sociales.
La controversia escaló rápidamente a la arena política, cristalizando dos visiones irreconciliables del estallido. Por un lado, figuras de la derecha salieron en férrea defensa de Crespo. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, justificó el actuar del ex oficial, afirmando no ver "nada inapropiado" y atribuyendo su comportamiento a "la tensión y la adrenalina" del momento.
Llevando el argumento más lejos, el diputado Johannes Kaiser sostuvo que la respuesta policial fue, de hecho, demasiado contenida. "Debieron haber disparado munición real", afirmó, desestimando los protocolos institucionales como irrelevantes cuando los funcionarios enfrentan ataques directos. Esta perspectiva valida el uso de la fuerza como herramienta legítima para restaurar el orden y considera las críticas como un ataque político a una institución que defendía al país del caos.
En la vereda opuesta se sitúa la perspectiva centrada en los derechos humanos. Para las víctimas, sus representantes y una parte importante del espectro político, los videos son la prueba irrefutable de una actuación represiva que sobrepasó con creces los protocolos establecidos. Las palabras de Crespo no se interpretan como exabruptos aislados, sino como la verbalización de una mentalidad que derivó en más de 400 casos de trauma ocular severo. Desde esta óptica, la justicia no exige justificación, sino rendición de cuentas y una reforma institucional que garantice la no repetición.
El caso de Claudio Crespo es hoy más que una batalla legal por un hecho específico; se ha transformado en un símbolo de las tensiones no resueltas heredadas de 2019. El proceso judicial sigue su curso y su desenlace será determinante. Sin embargo, el juicio social ya está dividido. Un comentario de la magistrada que preside el tribunal, quien calificó el episodio del mechón de pelo como "irrelevante para el tribunal", añade otra capa de complejidad, evidenciando la distancia entre la pertinencia jurídica y el significado social de los actos.
En definitiva, el "caso Crespo" demuestra que el estallido social no es un capítulo cerrado. Permanece como una herida abierta donde los conceptos de víctima y héroe, justicia y orden, memoria e impunidad se disputan con fiereza. Los videos y las reacciones a ellos no crearon esta división, pero la han expuesto con una claridad brutal, recordando a Chile que la construcción de un futuro compartido requiere confrontar las páginas más dolorosas de su pasado reciente. El debate, irresuelto, continúa en los tribunales, en el Congreso y en la conciencia colectiva.