La noche del 10 de abril de 2025, el fútbol chileno se miró en un espejo y la imagen que devolvió fue la de una tragedia. Lo que debía ser una fiesta deportiva continental, el partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, se convirtió en el epicentro de un debate nacional sobre la violencia, la seguridad y las responsabilidades compartidas que, meses después, sigue sin resolverse.
El evento no fue solo un partido suspendido; fue una crónica de un desastre anunciado. Horas antes del pitazo inicial, los alrededores del Estadio Monumental se transformaron en un campo de batalla. Avalanchas humanas, intentos de ingreso a la fuerza y enfrentamientos con Carabineros culminaron con la muerte de dos hinchas, uno de ellos menor de edad. La tragedia, lejos de calmar los ánimos, encendió una mecha que explotó dentro del recinto: al minuto 75, con el marcador en cero, un grupo de barristas invadió la cancha, obligando a la Conmebol a cancelar el encuentro. El bochorno fue internacional y la condena, unánime, desde la FIFA hasta la prensa de todo el continente.
Las consecuencias inmediatas fueron un reflejo del caos: la renuncia de la jefatura de Estadio Seguro, la suspensión del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por falta de garantías, y una dura sanción de Conmebol que incluyó la pérdida del partido por 3-0, una multa de 80.000 dólares y cinco partidos sin público. Sin embargo, el impacto más profundo fue el debate que se desató, exponiendo una fractura fundamental en la concepción de la seguridad en eventos masivos.
Por un lado, el mundo del fútbol, liderado por la ANFP y presidentes de clubes como Universidad Católica y Coquimbo Unido, levantó una voz casi unánime pidiendo el regreso de Carabineros al interior de los estadios. La tesis es que la violencia ha escalado a un nivel de delincuencia organizada que supera las capacidades de los guardias privados. "No tenemos las herramientas para enfrentar a bandas de delincuentes, eso es un problema de orden público que debe ser asumido por el Estado", fue el sentir generalizado, llegando incluso a ofrecer el pago por los servicios policiales.
En la vereda opuesta, el Gobierno, a través del Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó esta propuesta como un "fracaso estructural". La postura del Ejecutivo fue tajante: el fútbol es un espectáculo privado y, como tal, sus organizadores son los responsables de garantizar la seguridad. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana fue más allá, acusando directamente a Colo Colo de "múltiples incumplimientos normativos" en la organización del partido. Para el Gobierno, devolver a la policía a los estadios no solo sería admitir la derrota del modelo de gestión privada, sino también desviar recursos públicos escasos que se necesitan en las calles.
Esta tensión no es nueva. Desde que Carabineros se retiró de la seguridad interna de los estadios en 2013, el modelo de "Estadio Seguro" ha sido puesto a prueba repetidamente, con resultados dispares. Incidentes previos, como la suspensión de la Supercopa 2024 por la invasión de hinchas o proyectiles lanzados en clásicos anteriores, ya eran advertencias de que el sistema tenía grietas profundas. La tragedia del Monumental solo las hizo colapsar.
Las propuestas para salir de la crisis han sido variadas, desde la insistencia de la ANFP en un Registro Nacional del Hincha para identificar y aislar a los violentos, hasta ideas más drásticas como la del diputado Jorge Alessandri (UDI) de clausurar permanentemente las graderías populares. Sin embargo, ninguna de estas soluciones aborda la raíz del conflicto: la falta de consenso sobre quién es el garante final de la seguridad cuando un evento privado se convierte en un problema de orden público.
Hoy, con las sanciones de Conmebol cumpliéndose y el campeonato local continuando bajo una tensa calma, la herida sigue abierta. La tragedia del Monumental no solo dejó un saldo de víctimas y castigos deportivos; expuso las fallas de un sistema donde la responsabilidad se diluye entre actores que se acusan mutuamente. La pregunta sobre cómo transformar los estadios en espacios seguros para todos sigue resonando, obligando a la sociedad a una reflexión incómoda sobre un deporte que parece, por momentos, incapaz de sanar sus propias heridas.