Han pasado más de dos meses desde la trágica noche del 10 de abril en las inmediaciones del Estadio Monumental. El estupor inicial por la muerte de dos jóvenes hinchas, Martina Riquelme (18) y Mylán Liempi (12), ha decantado en un complejo escenario de investigaciones judiciales, respuestas institucionales y un profundo debate público. El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo, suspendido en un acto de prudencia y temor, fue solo la primera consecuencia visible de una herida que sigue abierta y que ha expuesto las frágiles costuras del fútbol chileno y sus protocolos de seguridad.
La jornada del partido por Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza se partió en dos. Afuera del recinto, el caos se desató mucho antes del pitazo inicial. En medio de un intento de ingreso masivo, conocido como “avalancha”, y la respuesta de las fuerzas de orden, un vehículo policial blindado se vio involucrado en un incidente que costó la vida a los dos jóvenes. Simultáneamente, dentro del estadio, la tensión escaló hasta que, en el segundo tiempo, un grupo de barristas invadió la cancha, provocando la suspensión definitiva del encuentro.
Estos dos eventos, aunque ocurridos en paralelo, desataron secuelas distintas. La invasión de la cancha activó una respuesta inmediata por parte de los organizadores del fútbol: la ANFP y Colo-Colo anunciaron la identificación y querellas contra una veintena de responsables, a quienes se les aplicarán prohibiciones de ingreso a los estadios de hasta 12 años en promedio. Como solución a futuro, se aceleró la implementación de tecnologías de reconocimiento facial, como el software Cogniva, para identificar y vetar a individuos violentos.
Sin embargo, la tragedia exterior abrió un flanco mucho más complejo. La Fiscalía Metropolitana Oriente tomó una decisión clave: reasignar la investigación de Carabineros a la Policía de Investigaciones (PDI), un movimiento que denota la necesidad de imparcialidad al ser un vehículo de la policía uniformada el principal implicado. Esta decisión marcó el inicio de una batalla de narrativas.
El núcleo del conflicto reside en las versiones diametralmente opuestas sobre cómo murieron los dos jóvenes.
Este episodio no es un hecho aislado. Se inscribe en una larga historia de tensiones entre las barras bravas, los clubes y las fuerzas de seguridad. La ley Estadio Seguro, promulgada hace más de una década para erradicar la violencia, ha mostrado resultados mixtos, a menudo centrando sus esfuerzos en el control del hincha común más que en desarticular las estructuras de poder de las barras. La tragedia del Monumental pone en evidencia que el problema no es solo la violencia entre hinchas, sino también la delgada línea que separa el control del orden público del respeto a los derechos humanos en eventos masivos.
La investigación judicial sigue su curso en manos de la PDI, y de su resultado dependerán las responsabilidades penales. Pero más allá de los tribunales, el fútbol chileno enfrenta un punto de inflexión. El debate ya no es solo sobre si se debe permitir el ingreso de bombos o lienzos, sino sobre qué modelo de seguridad se quiere construir. ¿Bastará con la tecnología y las prohibiciones para crear estadios seguros? ¿O se requiere una reforma profunda de los protocolos policiales y un nuevo pacto de convivencia que involucre a clubes, hinchas y autoridades?
La muerte de Martina y Mylán dejó un vacío irreparable y una pregunta suspendida en el aire: ¿es posible garantizar que la pasión del fútbol no vuelva a convertirse en una trampa mortal? La respuesta definirá no solo el futuro del espectáculo deportivo, sino también la salud de la confianza ciudadana en sus instituciones.