El Rostro como Moneda: De la Fila del Bus al Ocaso de la Privacidad, Futuros de un Chile Biométrico

El Punto de Inflexión: Más Allá del Torniquete

A principios de julio de 2025, algo cambió en el paisaje cotidiano de Santiago. La implementación de un plan piloto para el pago con reconocimiento facial en buses del sistema RED no fue solo una modernización tecnológica; fue la materialización de un futuro largamente debatido. La promesa es seductora: un pasaje pagado con una mirada, eliminando la necesidad de tarjetas o efectivo, y a la vez, una herramienta para combatir la evasión y el fraude. Sin embargo, este paso aparentemente simple representa un punto de inflexión crítico, el momento en que la identidad biométrica del ciudadano se convierte en una moneda de cambio para acceder a servicios básicos, abriendo la puerta a escenarios que oscilan entre la utopía de la eficiencia y la distopía del control.

Este movimiento no ocurre en el vacío. Se enmarca en un contexto de creciente presión por mayor seguridad –como evidencian las discusiones sobre levantar el secreto bancario para perseguir al crimen organizado– y de una palpable vulnerabilidad digital, demostrada por ciberataques a instituciones clave como el Instituto de Salud Pública. La pregunta que emerge es si la infraestructura legal, ética y tecnológica de Chile está preparada para la masificación de un sistema que, por su naturaleza, es irreversible.

Escenario 1: La Utopía de la Conveniencia y la Seguridad

En un futuro plausible, la iniciativa del transporte público es solo el comienzo. Impulsado por una ciudadanía que valora la eficiencia y la seguridad, el modelo biométrico se expande. La misma tecnología que permite abordar un bus podría usarse para acceder al sistema de salud, cobrar beneficios estatales, realizar trámites bancarios o incluso desbloquear un teléfono. En este escenario, la burocracia se reduce drásticamente. Las filas desaparecen, el fraude de identidad se vuelve casi imposible y la evasión en los servicios públicos disminuye, generando mayores ingresos para el Estado.

Los defensores de esta visión, desde el gobierno hasta empresas tecnológicas, argumentan que la centralización de la identidad es un paso lógico en la evolución de un Estado moderno. La capacidad de identificar de manera inequívoca a cada individuo permitiría una asignación de recursos más justa y precisa, además de ser una herramienta poderosa contra la delincuencia. El caso de México, que avanza hacia una cédula de identidad biométrica obligatoria, es visto como un modelo a seguir, una respuesta necesaria a los desafíos de seguridad del siglo XXI.

Escenario 2: La Distopía del Control y la Exclusión

Una visión alternativa, y no menos probable, advierte sobre los riesgos inherentes a la concentración de tanto poder. La base de datos biométricos, unificada y accesible, se convierte en el activo más valioso y vulnerable del país. Sería un objetivo prioritario para hackers, como demuestran los ataques a entidades gubernamentales y las nuevas técnicas de explotación de IA, como las que afectan a sistemas como Gemini de Google. Una filtración masiva no sería solo una pérdida de datos, sino el robo de la identidad misma de millones de personas, con consecuencias catastróficas.

Más allá del riesgo técnico, está el peligro del "mission creep" o la extralimitación de funciones. Un sistema diseñado para controlar la evasión del transporte podría fácilmente ser utilizado para monitorear la asistencia a protestas, rastrear los movimientos de disidentes o crear sistemas de crédito social que premien o castiguen ciertos comportamientos. La línea entre seguridad pública y vigilancia masiva se vuelve peligrosamente delgada. En este futuro, la privacidad no es un derecho, sino un lujo para quienes pueden permitirse vivir fuera del sistema, generando una nueva forma de exclusión digital y social.

La Batalla por la Soberanía de los Datos

En el centro de esta encrucijada se encuentra una lucha de poder fundamental: la soberanía sobre los datos. ¿Quién es el dueño del rostro de un ciudadano? ¿El Estado que lo registra, la empresa privada que provee la tecnología, o el propio individuo? La disputa legal entre la FNE y Google sobre el control de su ecosistema de aplicaciones es un microcosmos de esta batalla global. Google defiende su modelo de negocio como un derecho de propiedad, mientras que el Estado chileno intenta imponer regulaciones en nombre de la libre competencia.

Cuando se trata de datos biométricos, las apuestas son aún más altas. La discusión sobre la responsabilidad de las empresas en caso de filtraciones, como plantea el debate académico en torno a los Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC), muestra que el marco legal actual es insuficiente. Si el sistema de pago facial sufre una brecha, ¿quién responde? ¿El Ministerio de Transportes? ¿La empresa operadora del bus? ¿El proveedor tecnológico internacional? Sin una legislación robusta y actualizada, los ciudadanos podrían quedar en un limbo de indefensión, habiendo entregado su activo más personal a cambio de una promesa de conveniencia.

El Futuro por Escribir

Chile no se dirige hacia una única opción, sino hacia un futuro híbrido donde coexisten las promesas y los peligros de la biometría. La conveniencia del pago facial será real para muchos, pero también lo serán los riesgos de una vigilancia expandida y la fragilidad de los sistemas que la sustentan. Los puntos de inflexión críticos serán las decisiones que se tomen en los próximos años: la aprobación de una nueva ley de protección de datos personales que esté a la altura del desafío, el nivel de transparencia con que se gestionen estos sistemas y la capacidad de la sociedad civil para exigir salvaguardas y fiscalizar su uso.

El paso del torniquete físico al biométrico es, en esencia, un nuevo contrato social que se está escribiendo en tiempo real. Nos obliga a cuestionar qué valor le asignamos a la privacidad frente a la comodidad y qué límites estamos dispuestos a imponer al poder del Estado y de las corporaciones tecnológicas. La forma en que Chile navegue esta transición definirá no solo la eficiencia de sus servicios públicos, sino el carácter fundamental de su democracia en la era digital.