A más de un año de que el "Caso Lencería" la catapultara a la notoriedad nacional, el nombre de Camila Polizzi ha trascendido las páginas judiciales para instalarse en el epicentro de un complejo debate cultural. La excandidata a alcaldesa de Concepción, imputada por fraude al fisco, estafa y otros delitos, no solo enfrenta un largo proceso judicial, sino que ha protagonizado una metamorfosis pública que desafía las convenciones sobre la culpa, el castigo y la fama. Su reciente incursión en el mundo del espectáculo, autorizada y luego intervenida por la justicia, ofrece una radiografía de las tensiones entre el derecho, la moral y la economía del escándalo.
El origen de la historia se remonta a 2023, con la revelación de un convenio por $250 millones entre el Gobierno Regional (GORE) del Biobío y la Fundación En Ti, representada por Polizzi. La investigación del Ministerio Público destapó un presunto mecanismo para desviar fondos públicos, con gastos en lencería, restaurantes y compras personales que dieron al caso su mediático apodo. Desde noviembre de 2023, Polizzi se encuentra en arresto domiciliario total.
La trama judicial se complejizó en abril de 2025, cuando la Fiscalía la reformalizó por delitos tributarios, incluyendo la emisión de facturas falsas, y extendió el plazo de investigación. Paralelamente, argumentando la necesidad de generar ingresos como único sustento de su familia, Polizzi comenzó a vender contenido en la plataforma Arsmate, un movimiento que ya había generado debate y que fue emulado por otras figuras públicas en situaciones judiciales similares, como la exalcaldesa Cathy Barriga.
El punto de inflexión ocurrió en junio de 2025. Su defensa logró que el Juzgado de Garantía de Concepción le otorgara un permiso especial para suspender su arresto domiciliario por 48 horas y viajar a Santiago. El motivo: dos presentaciones en el club nocturno "Diosas Club", por las que, según trascendió, cobraría ocho millones de pesos. La decisión judicial se fundamentó en su derecho al trabajo y en el cumplimiento irrestricto de la medida cautelar hasta la fecha.
La autorización para trabajar desató una tormenta de reacciones, poniendo en colisión dos principios del derecho. Por un lado, la presunción de inocencia y el derecho a generar sustento, incluso para una persona imputada. La defensa de Polizzi y la propia excandidata enmarcaron la decisión como un "acto de libertad" y una forma de "reconstruirme como mujer".
Por otro lado, surgió la perspectiva de la reparación del daño fiscal. Apenas se concretaron los shows a principios de julio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) actuó con celeridad. Solicitó y obtuvo del mismo tribunal una ampliación de la medida cautelar de retención de fondos, que ya pesaba sobre sus cuentas de Arsmate, para incluir los ingresos obtenidos en el club nocturno. El objetivo del CDE es claro: asegurar que cualquier ganancia de Polizzi sirva para una eventual restitución de los fondos públicos presuntamente defraudados.
Este choque de resoluciones judiciales expone una disonancia fundamental: un sistema que, por una parte, habilita a una imputada a trabajar en una actividad altamente mediática y lucrativa, y por otra, interviene para que los frutos de ese trabajo queden congelados en pos del interés fiscal.
El caso Polizzi ha dejado de ser un mero asunto de corrupción para convertirse en un fenómeno sociocultural. Su transformación de figura política local a personaje del espectáculo capitaliza la infamia, convirtiendo el escándalo en un activo económico. La narrativa que ella misma promueve, de una mujer que se reinventa ante la adversidad, compite directamente con la del Ministerio Público, que la acusa de liderar un esquema fraudulento.
La cobertura mediática ha oscilado entre el seguimiento riguroso del caso judicial y la fascinación por su nueva faceta, alimentando un debate público sobre múltiples aristas:
Actualmente, la investigación penal sigue su curso y el juicio aún está pendiente. Camila Polizzi ha regresado a su arresto domiciliario en Concepción, pero con sus finanzas aún más restringidas. La historia no está cerrada; ha evolucionado hacia un territorio ambiguo donde la justicia penal, la reparación económica y la construcción de una nueva identidad pública se entrelazan de manera inseparable, obligando a la ciudadanía a una reflexión crítica sobre los límites y las paradojas de la justicia en el siglo XXI.