Del Mausoleo a la Ley: La Batalla del Estado por Reclamar el Espacio Público a la Narcocultura

A más de dos meses de que el Estado chileno desplegara una de sus herramientas más audaces en la lucha contra el crimen organizado, el debate sobre el control territorial y simbólico ha adquirido una nueva dimensión. La demolición de "narco-mausoleos" en diversas comunas fue solo el preludio de una estrategia más profunda, que encontró su punto de consolidación a fines de mayo con la entrada en vigencia de la Ley 21.717, conocida popularmente como la "ley anti-narcofunerales". Esta normativa no solo busca regular un rito, sino redefinir las fronteras del poder en los barrios más afectados por la violencia.

El Espectáculo del Duelo como Demostración de Fuerza

Antes de la ley, los funerales de miembros de bandas criminales se habían transformado en un problema de seguridad pública crónico. Durante días, y a veces noches, comunidades enteras quedaban sitiadas. El cierre de calles, los fuegos artificiales a plena luz del día y los disparos al aire no eran solo una despedida, sino una demostración de poder y control territorial que desafiaba abiertamente a las instituciones. La situación generó una creciente presión ciudadana y de autoridades locales, como la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, quien en abril llegó a solicitar la intervención militar para apoyar a una dotación policial sobrepasada, reflejando la desesperación de las comunas ante la escalada de violencia.

Desde 2019, Carabineros había clasificado más de 2.300 funerales como "de alto riesgo", con sobre el 65% concentrados en la Región Metropolitana. Cada uno de estos eventos requería el despliegue de un promedio de 35 a 40 carabineros, desviando recursos cruciales de otras labores de prevención.

La Respuesta del Estado: Una Ley para Desarticular el Ritual

La nueva ley aborda el problema con una lógica de contención y celeridad. Una vez que el Delegado Presidencial, basado en informes de Carabineros, PDI y Gendarmería, califica un funeral como "de alto riesgo" —una categoría que no se limita a narcotraficantes, sino que incluye a miembros de cualquier organización delictual—, se activa un protocolo estricto. La familia tiene un plazo máximo de 24 horas desde la entrega del cuerpo para realizar la inhumación o cremación.

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, destacó que el objetivo es doble: devolver la tranquilidad a los vecinos y lograr una "liberación de una enorme cantidad de recurso policial". La normativa otorga a Carabineros la facultad de definir el trayecto del cortejo, prohibir ciertas rutas y realizar controles de identidad, alcoholemia y narcotest a los asistentes. En un movimiento que subraya la autoridad del Estado, la ley contempla que si la familia no cumple las disposiciones, la autoridad puede proceder con la sepultura como si se tratara de un indigente, retirando a los deudos el control sobre el rito.

Primeras Aplicaciones: Entre la Eficacia y la Tensión Social

La ley no tardó en aplicarse. A principios de junio, en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, se decretó el primer funeral de alto riesgo fuera de la capital tras el asesinato de un conocido traficante local. Las consecuencias fueron inmediatas: el velorio se acotó a menos de 24 horas y un colegio cercano debió adelantar su jornada de salida como medida preventiva. El caso demostró la capacidad operativa de la ley, pero también expuso las disrupciones en la vida comunitaria que su implementación puede generar.

El despliegue de esta estrategia ha sido recibido con una mezcla de alivio y escepticismo. Para el gobierno y las fuerzas de seguridad, representa una victoria en la recuperación del espacio público y un mensaje claro de que no se tolerará la "enaltecimiento del crimen", como señaló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Para muchos vecinos, significa el fin de días de miedo e incertidumbre.

Sin embargo, surgen preguntas de fondo. ¿Es la restricción de un funeral una herramienta efectiva para desmantelar redes criminales complejas? Voces críticas y analistas sociales plantean que, si bien la medida ataca la visibilidad y la simbología de la narcocultura, podría no afectar su estructura de poder subyacente. La batalla se libra en el plano de los símbolos, pero las raíces del narcotráfico se hunden en factores socioeconómicos que una ley de estas características no aborda.

El tema, por lo tanto, no está cerrado. La "ley anti-narcofunerales" marca una evolución en la estrategia de seguridad del Estado, una que reconoce que la lucha contra el crimen organizado es también una disputa por la narrativa y la legitimidad en el territorio. Su éxito a largo plazo dependerá de si logra ser el complemento de políticas más amplias de prevención, cohesión social e inteligencia policial, o si quedará como un eficaz pero aislado mecanismo de control de daños en una guerra mucho más profunda.