El Espejismo del Litio: Anatomía del Fracaso que Puso a Prueba la Estrategia Nacional y la Confianza de los Inversionistas

El fin de una promesa: De la foto oficial al portazo

A mediados de 2025, lo que fue anunciado con pompa por el gobierno como un paso decisivo hacia la industrialización del litio, se desvaneció. Las gigantes chinas BYD y Tsingshan, que se habían adjudicado en 2023 el derecho a comprar litio a precio preferente de SQM para construir plantas de cátodos y baterías en la Región de Antofagasta, confirmaron su desistimiento. A más de dos meses de la noticia, el polvo se asienta para revelar no un evento aislado, sino las grietas estructurales de una estrategia que subestimó la complejidad del mercado y la burocracia interna.

La promesa de una inversión combinada de US$ 523 millones y la creación de más de mil empleos se topó con una dura realidad. BYD, el gigante de los vehículos eléctricos, se retiró formalmente en enero de 2025 tras un año reclamando por la lentitud en la asignación de un terreno fiscal. Stella Li, su vicepresidenta ejecutiva, ya lo había advertido: “El atraso es de todo el proceso”. Por su parte, Tsingshan, uno de los mayores grupos privados de China, ni siquiera llegó a constituirse legalmente en Chile para ejecutar su proyecto de US$ 233 millones, citando problemas administrativos internos que no encontraron flexibilidad en la contraparte chilena.

Ambos casos, aunque con detonantes distintos, comparten un telón de fondo ineludible: la caída de casi un 80% en el precio internacional del litio, que erosionó la rentabilidad de los proyectos, y una percepción en el sector privado de que “no están las condiciones para industrializar el litio en Chile” sin un marco regulatorio más claro y ágil, que para algunos pasa por declarar el mineral como concesible.

Las réplicas del sismo: Un tablero en movimiento

El fracaso de estos proyectos no detuvo el juego, sino que intensificó las disputas en otros frentes, demostrando que la Estrategia Nacional del Litio es un campo de batalla con múltiples actores y agendas.

La perspectiva gubernamental y la respuesta de Corfo:

Desde el Ejecutivo, la reacción fue mantener el rumbo. Corfo, liderado por José Miguel Benavente, rápidamente lanzó un nuevo concurso para atraer productores especializados, esta vez utilizando la cuota de producción de la estadounidense Albemarle. La postura oficial es que se trata de “políticas de mediano y largo plazo” que no deben ser evaluadas por un solo revés. Sin embargo, la fallida experiencia con BYD y Tsingshan deja una lección sobre la necesidad de alinear los incentivos económicos con la agilidad administrativa para no repetir la historia.

La guerra de los incumbentes: El Grupo Errázuriz vs. Codelco-SQM:

Paralelamente, la principal apuesta del gobierno, la asociación entre Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama hasta 2060, enfrentó una ofensiva liderada por el Grupo Errázuriz. Este conglomerado, con sus propios intereses en los salares de Maricunga y Coipasa, cuestionó duramente el acuerdo, argumentando que una licitación abierta habría sido más beneficiosa para el Estado. Máximo Pacheco, presidente de Codelco, respondió acusando al grupo de actuar por “intereses comerciales”, revelando las presiones para que la estatal comprara sus pertenencias mineras. Este choque de titanes evidencia que la competencia no es solo con actores extranjeros, sino también entre poderosos grupos locales que buscan posicionarse en el negocio, utilizando tanto argumentos técnicos como lobby político.

La voz del territorio: Las comunidades indígenas y la legitimidad del proceso:

La complejidad se profundiza en el plano social. La consulta indígena para validar el pacto Codelco-SQM, un requisito clave, se vio tensionada por acciones legales. La Comunidad Atacameña de Coyo interpuso un recurso de protección contra Corfo, denunciando un proceso “apresurado” y con “omisiones sustantivas”. El recurso dejó al descubierto una fractura entre las propias comunidades del Salar: las del norte, como Coyo, acusan que el proceso favorece a las del sur (Peine, Socaire, Toconao), que tienen una relación histórica y directa con las faenas mineras. Esta disputa subraya un desafío fundamental: la obtención de una licencia social para operar que sea genuina, inclusiva y que no exacerbe las divisiones internas de los pueblos originarios.

Conclusión: Entre el espejismo y la oportunidad

Dos meses después del colapso de los proyectos de BYD y Tsingshan, el panorama del litio en Chile es más complejo y menos optimista que el de los anuncios iniciales. El “espejismo” de una industrialización rápida y sin contratiempos se ha disipado, dando paso a una realidad marcada por la volatilidad del mercado global, la rigidez burocrática, las feroces pugnas corporativas y las demandas de justicia territorial.

La Estrategia Nacional del Litio, por tanto, se encuentra en una encrucijada. El debate ya no es solo sobre cómo atraer inversión para agregar valor, sino sobre cómo construir un ecosistema completo: un marco regulatorio que ofrezca certezas, mecanismos de gobernanza que gestionen los conflictos de interés y un modelo de diálogo con las comunidades que garantice legitimidad y sostenibilidad. Mientras proyectos como la asociación de Codelco con Rio Tinto en el Salar de Maricunga avanzan a Contraloría, la pregunta clave sigue abierta: ¿Podrá Chile transformar el potencial de su riqueza en un desarrollo duradero, o seguirá atrapado entre promesas ambiciosas y fracasos que dejan valiosas, aunque costosas, lecciones?