El Caso Cariola: La Telaraña de Influencias que Tensa la Política y la Justicia

Inicio Contextualizado: Un Caso, Múltiples Frentes

Lo que comenzó hace meses como una arista del caso “Sierra Bella” ha madurado hasta convertirse en una compleja trama judicial y política que sacude a uno de los poderes del Estado. La investigación por presunto tráfico de influencias en contra de la diputada comunista Karol Cariola, que en su momento ocupaba la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, ha dejado de ser una simple sospecha para transformarse en un campo de batalla con múltiples frentes. Por un lado, la fiscalía asegura tener evidencia de un “modus operandi” para usar su posición en beneficio de cercanos y de sí misma. Por otro, su defensa denuncia una “operación política” orquestada a través de filtraciones selectivas a la prensa, vulnerando sus derechos fundamentales. A más de 90 días de las primeras diligencias clave, el caso expone las tensiones entre poder, amistad y la ley.

Desarrollo Analítico: De un Mall Chino a La Moneda

La investigación, liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se centró inicialmente en los vínculos de Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, con empresarios chinos. La figura de Jorge Cárcamo Castro, alias “Juanito González”, surgió como un nexo clave con el empresario Bo “Emilio” Yang. La incautación del teléfono de la diputada el 3 de marzo de 2025 —una diligencia polémica por realizarse el mismo día que daba a luz— abrió la caja de Pandora.

El análisis de sus chats reveló un patrón de gestiones que la fiscalía considera sospechoso. Primero, una solicitud a Hassler para interceder por la patente de un local comercial ligado a Yang. Luego, la trama se diversificó: conversaciones con el entonces alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (hoy delegado presidencial), y el exalcalde de Casablanca, Francisco Riquelme, para gestionar rebajas o apelaciones a multas de tránsito personales. Una de estas gestiones derivó en la apertura de una causa paralela en la Fiscalía de Valparaíso.

La influencia que Cariola habría intentado ejercer escaló hasta el gobierno central. Los registros muestran diálogos con el exsubsecretario Manuel Monsalve para ayudar a un ciudadano chino “varado” en el aeropuerto, y con el ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien le propuso incluir a Emilio Yang en la comitiva presidencial de la gira a China de 2023, argumentando su rol como representante de la comunidad empresarial china en Chile. Aunque la propuesta fue desestimada por el Ejecutivo, la fiscalía ve en estas acciones un intento de posicionar a su cercano. Meses después, en julio de 2024, se reveló que Yang sí participó en una gira oficial de un grupo de parlamentarios a China, donde actuó como una suerte de coordinador.

Perspectivas Contrastadas: ¿Delito o Persecución?

Las interpretaciones sobre estos hechos son diametralmente opuestas, generando una disonancia que define el estado actual del caso.

• La Tesis de la Fiscalía: Para el Ministerio Público y la PDI, los chats y gestiones configuran un patrón de conducta que podría constituir tráfico de influencias. Sostienen que la diputada usó su cargo para obtener favores, tanto para terceros —como el empresario Yang, de quien habría recibido regalos y pagado arriendo a una de sus empresas— como para sí misma. La insistencia en incluir a Yang en viajes oficiales y reuniones de alto nivel es vista como la prueba de una relación que trasciende la simple amistad o el trabajo parlamentario.

• La Defensa de Cariola: La diputada y su abogado, Juan Carlos Manríquez, han calificado la investigación como una “operación política” destinada a perjudicar su imagen. Sostienen que las conversaciones han sido sacadas de contexto y filtradas ilegalmente por la fiscalía, violando resoluciones judiciales que protegían la privacidad de sus comunicaciones. Argumentan que consultar por vías de apelación para multas es un derecho ciudadano y que proponer nombres para delegaciones es parte de la labor parlamentaria, sin que se haya concretado ningún beneficio indebido. La defensa ha pasado a la ofensiva, solicitando audiencias de cautela de garantías y denunciando desacato por parte de la fiscalía y la PDI.

• La Visión desde el Gobierno y el Congreso: Los funcionarios contactados por Cariola han negado cualquier irregularidad en sus actuaciones. El ministro Grau confirmó que Yang no fue incluido en la gira presidencial, y el delegado Durán afirmó no haber realizado ninguna “actuación improcedente”. En el Congreso, la participación de Yang en la gira parlamentaria generó sorpresa; el diputado Eric Aedo (DC), parte de la comitiva, declaró no conocer al empresario ni su cercanía con Cariola, lo que siembra dudas sobre la transparencia de su inclusión.

Contexto Estructural: El Lobby y la Influencia Extranjera

Este caso no ocurre en el vacío. Se enmarca en un debate más amplio sobre la regulación del lobby en Chile y la creciente influencia económica y política de China. La línea que separa la representación de intereses legítimos —sean de una comunidad de inmigrantes, empresarios o ciudadanos— del uso del poder para obtener privilegios es a menudo difusa. La investigación obliga a cuestionar si los mecanismos actuales son suficientes para garantizar la probidad y la transparencia, especialmente cuando actores con poder económico buscan cercanía con el poder político.

Estado Actual: Una Batalla Legal en Pleno Desarrollo

El caso está lejos de concluir. La disputa se ha trasladado desde el fondo de la acusación hacia la forma de la investigación. La principal batalla hoy se libra en los tribunales de garantía, donde la defensa de Cariola busca frenar lo que considera un abuso procesal y una campaña de desprestigio mediático alimentada por filtraciones. Mientras tanto, la fiscalía sigue recopilando antecedentes para acreditar si las gestiones de la diputada constituyeron un delito. La resolución de este conflicto no solo definirá el futuro judicial de una de las figuras políticas más prominentes del país, sino que también sentará un precedente sobre los límites de la acción política y la inviolabilidad de las comunicaciones en la era digital.