Lo que comenzó en septiembre de 2024 como una denuncia por violación y abuso sexual contra una de las figuras más poderosas del gobierno, el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha madurado en los últimos meses hasta convertirse en un complejo expediente que trasciende la arena judicial. Más de 90 días después de que los detalles más escabrosos salieran a la luz, el caso se ha transformado en un crudo análisis sobre los límites del poder, la probidad en la función pública y la fragilidad de la confianza institucional en Chile.
El punto de inflexión ocurrió en mayo de 2025, cuando un informe pericial de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el teléfono de Monsalve se filtró a la prensa. El documento de más de 250 páginas no solo buscaba reconstruir las horas previas y posteriores a los hechos denunciados, sino que reveló un patrón de comportamiento que complejizó enormemente la defensa del exsubsecretario. Según los informes de medios como Cooperativa y T13, los peritajes detallaron:
Estos antecedentes, si bien no constituyen una prueba directa de la agresión sexual, han sido interpretados por la Fiscalía como elementos que debilitan la versión de Monsalve, quien en su declaración afirmó haber perdido la noción de lo ocurrido tras consumir alcohol. Para los investigadores, estas acciones sugieren un estado mental y un comportamiento que se alejan de la imagen pública que proyectaba.
El caso se debate hoy en dos narrativas contrapuestas que reflejan la polarización del debate público.
Por un lado, la Fiscalía Centro Norte, liderada por Xavier Armendáriz, construye un caso que se apoya en el testimonio de la víctima y se ve reforzado por la evidencia digital. La solicitud de una licencia médica fraudulenta y las búsquedas sobre drogas de sumisión son vistas como posibles actos de ocultamiento y una grave falta a la probidad. La inminente reformalización de cargos y una petición de condena que podría alcanzar los 15 años de cárcel demuestran la solidez que el Ministerio Público atribuye a su investigación.
Por otro lado, la defensa de Monsalve ha insistido en su inocencia, argumentando que se ha vulnerado la presunción de inocencia a través de un "juicio mediático". Han acusado a la fiscalía de negarles acceso a la totalidad de las comunicaciones del teléfono de la denunciante, lo que, según ellos, impediría demostrar contradicciones en su relato. El propio Monsalve, quien pasó seis meses en prisión preventiva antes de que la Corte Suprema la reemplazara por arresto domiciliario total, se prepara para la nueva audiencia en un clima de alta exposición pública, la cual su entorno considera su mayor preocupación.
El "Expediente Monsalve" ha generado consecuencias que van más allá del imputado. La Municipalidad de San Pedro de la Paz inició una investigación sumaria contra su hija, Amanda Monsalve, por su presunta participación en la emisión de la licencia médica. Este hecho no solo la expone a la pérdida de su beca de especialidad, sino que instala un debate sobre el nepotismo y la ética profesional, mostrando cómo las acciones de una figura pública pueden arrastrar a su círculo más cercano.
Políticamente, la caída de Monsalve fue un golpe severo para el gobierno de Gabriel Boric y para el Partido Socialista. Monsalve era una pieza clave en la estrategia de seguridad del Ejecutivo, y su salida forzada generó una crisis que la oposición no ha dudado en capitalizar como un síntoma de la "decadencia moral" del oficialismo. El silencio y la distancia adoptada por muchos de sus antiguos compañeros de partido evidencian la toxicidad política que el caso ha adquirido.
Actualmente, Manuel Monsalve cumple arresto domiciliario en Viña del Mar, donde recientemente fue intervenido quirúrgicamente de urgencia por un cuadro abdominal. Mientras se recupera, el proceso judicial sigue su curso hacia una etapa decisiva con la próxima audiencia de reformalización.
Independientemente del veredicto final, el caso ya ha dejado una marca profunda. Ha forzado a la sociedad chilena a mirarse al espejo y cuestionar qué se espera de quienes ocupan los más altos cargos del Estado. La discusión ya no es solo sobre un presunto delito, sino sobre la conducta, el juicio y la responsabilidad de aquellos que manejan los hilos del poder. El "Expediente Monsalve" permanece abierto, no solo en los tribunales, sino como un doloroso recordatorio de las fracturas en la confianza pública que Chile aún debe reparar.