El Vuelo Ciego de la República: Cómo el Narcotráfico Infiltró los Aviones de la FACH

La Calma Rota: Un Escándalo que Aterrizó en el Corazón del Estado

A más de dos meses de que estallara la noticia, el caso conocido como los “narcovuelos” de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) ha madurado, dejando atrás el ruido mediático inmediato para revelar sus profundas implicancias. Lo que comenzó como un operativo antidrogas en la Base Aérea Los Cóndores de Iquique a principios de julio, se ha transformado en un caso de estudio sobre la corrupción institucional, los límites de la justicia militar y la creciente amenaza del crimen organizado transnacional en Chile.

La historia, ya decantada, no es solo sobre cinco exuniformados que traicionaron su juramento, sino sobre las fisuras que su actuar dejó expuestas en una de las instituciones más respetadas de la República.

Crónica de una Traición: De Iquique a Santiago

El 3 de julio de 2025, los controles internos de la FACH detectaron una anomalía: una maleta que no había pasado por los escáneres de Rayos X estaba a punto de ser embarcada en un vuelo institucional con destino a Santiago. En su interior se encontraron cuatro paquetes con más de cuatro kilos de ketamina. La detención de cinco funcionarios y exfuncionarios —Elías Villalonga, Mauricio Ponce, Danilo Rivas, María Rebolledo y Rodrigo Silva— fue solo el primer acto.

La investigación posterior, liderada por la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, reveló que no se trataba de un hecho aislado. La confesión de uno de los imputados, el excabo Mauricio Ponce, fue lapidaria: la red operaba al menos desde enero, habiendo concretado un mínimo de tres envíos de droga utilizando la logística y los vuelos de la FACH. Se desmantelaba así una célula criminal que operaba con alarmante normalidad dentro de una base militar.

El Campo de Batalla Judicial: ¿Justicia Civil o Militar?

El escándalo escaló rápidamente del ámbito delictual al político-judicial. La FACH, siguiendo su protocolo, entregó los antecedentes a la Fiscalía de Aviación, activando el Código de Justicia Militar. Sin embargo, el Ministerio Público reclamó su competencia, argumentando que el narcotráfico es un delito común que excede las capacidades y el propósito de los tribunales castrenses.

Esta “contienda de competencia” generó una tensión palpable entre el poder civil y el militar. El Presidente Gabriel Boric intervino directamente, instruyendo al comandante en jefe de la FACH, General Hugo Rodríguez, a entregar toda la información a la fiscalía civil. La respuesta del General Rodríguez, afirmando en el Congreso que el Presidente “no tiene injerencia” en las decisiones de los tribunales, aunque se refería a la independencia judicial, fue interpretada como un desafío a la autoridad presidencial y obligó a una serie de aclaraciones por parte del Ejecutivo para calmar las aguas.

El debate lo zanjó, irónicamente, la propia justicia militar. El Juzgado de Aviación se declaró incompetente para investigar el caso, argumentando que el delito se originó fuera de recintos militares, involucraba a civiles y afectaba un bien jurídico común —la salud pública— y no uno estrictamente militar. Esta decisión marcó un precedente y reforzó las voces, como la del ministro de Seguridad, Luis Cordero, que calificó a la justicia militar como “demasiado arcaica” para enfrentar al crimen organizado moderno.

La Sombra del Tren de Aragua

La naturaleza de la droga incautada añadió una capa de complejidad y alarma. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, declaró que era “bastante probable” que el Tren de Aragua estuviera detrás de la operación, dado que el tráfico de ketamina en Chile está fuertemente asociado a esta organización criminal venezolana.

Esta conexión transformó el caso de un acto de corrupción interna a una posible infiltración del crimen organizado transnacional en las Fuerzas Armadas. La pregunta que resuena hasta hoy es si estos cinco exfuncionarios eran simples “burreros” o representaban una penetración más estratégica y peligrosa en la seguridad del Estado.

Estado Actual: Una Investigación en Pleno Vuelo

Hoy, los cinco implicados se encuentran en prisión preventiva, formalizados por tráfico de drogas y asociación ilícita. La investigación, ahora firmemente en manos de la justicia civil, tiene un plazo de 180 días para desentrañar la totalidad de la red, sus conexiones y la magnitud real de la operación.

El caso de los “narcovuelos” ha dejado de ser una noticia de última hora para convertirse en una advertencia. Obligó al Estado a confrontar la obsolescencia de parte de su andamiaje judicial y expuso que ninguna institución, por más prestigiosa que sea, es invulnerable a la corrupción. Más que un vuelo con droga, fue un vuelo ciego que, al ser interceptado, iluminó peligrosas turbulencias que Chile debe aprender a navegar.