El Certificado Roto: De la Corrupción Sistémica de Licencias Médicas a los Futuros del Pacto Social y la Soberanía Algorítmica de la Salud

La anatomía de un colapso: más que un fraude, un síntoma

Lo que comenzó con un informe de la Contraloría General de la República revelando que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica, ha madurado hasta convertirse en un sismo que amenaza los cimientos del pacto social. El escándalo no es solo una cifra de fraude fiscal; es el síntoma de una confianza rota en una de las herramientas más básicas del estado de bienestar: el certificado que valida la enfermedad y garantiza el derecho al reposo.

La cascada de revelaciones ha sido implacable y transversal. Desde médicos en un Cesfam de Pemuco auto-otorgándose licencias como medida de presión laboral, hasta la renuncia de familiares de altas autoridades y despidos masivos en empresas estatales como BancoEstado. El fenómeno ha expuesto una cultura de abuso normalizada, pero también las profundas grietas del sistema que la fiscaliza. Informes posteriores de la propia Contraloría y la Compin desnudaron una negligencia sistémica: la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) mantenía más de 5.000 cuentas activas de personas fallecidas y casi 1.500 médicos emitieron licencias mientras ellos mismos estaban, teóricamente, en reposo.

Este no es un relato de manzanas podridas. Es la crónica de un sistema donde la fiscalización es precaria, las condiciones laborales en sectores clave —como la educación parvularia en JUNJI— generan un ausentismo crónico del 17%, y la línea entre el derecho legítimo y el abuso se desdibuja. La pregunta que emerge no es solo cómo castigar a los infractores, sino qué futuros se construirán sobre las ruinas de este certificado roto.

Escenario I: El "Estado de la Sospecha" y la criminalización de la enfermedad

La respuesta más inmediata y políticamente rentable apunta hacia un endurecimiento punitivo. La propuesta de ley para que el uso fraudulento de una licencia sea causal de destitución inmediata es la punta de lanza de esta tendencia. En este futuro, la presunción de inocencia del trabajador enfermo se invierte, dando paso a un "Estado de la Sospecha".

Bajo este modelo, cada licencia, especialmente las de salud mental —más difíciles de verificar objetivamente—, se convierte en un caso sospechoso. La burocracia para validarlas se intensificará, exigiendo peritajes, segundas opiniones y fiscalizaciones más invasivas. El resultado probable no es solo la disuasión del fraude, sino la criminalización de la enfermedad. Los trabajadores con padecimientos legítimos, por temor al estigma o a un proceso inquisidor, podrían evitar solicitar licencias, agravando problemas de salud pública y presentismo laboral (trabajar enfermo).

Este escenario profundiza la desconfianza entre el Estado y sus ciudadanos, transformando el derecho a la salud en una concesión condicionada a una vigilancia constante. El foco se desplaza de la recuperación del paciente a la verificación del fraude, un cambio de paradigma con altos costos sociales y humanos.

Escenario II: La "Confianza Algorítmica" y la privatización del bienestar

Paralelamente al endurecimiento legal, emerge una solución tecnológica que promete objetividad y eficiencia: la "confianza algorítmica". Ante la incapacidad del sistema humano para fiscalizar, el Estado y las aseguradoras podrían delegar la validación de las licencias a sistemas de inteligencia artificial. Estos algoritmos cruzarían en tiempo real bases de datos de salud, registros de viajes, actividad en redes sociales y patrones de comportamiento para generar un score de confiabilidad para cada licencia.

Este futuro promete erradicar el fraude, pero a un costo muy alto: la soberanía sobre los datos de salud. ¿Quién diseña estos algoritmos? ¿Bajo qué criterios de "normalidad" operan? Un sistema así podría discriminar a personas con enfermedades raras, padecimientos crónicos intermitentes o condiciones de salud mental que no se ajustan a patrones predecibles. La decisión final sobre el derecho a reposo ya no recaería en un profesional de la salud, sino en una caja negra algorítmica.

Además, este modelo abre la puerta a una nueva industria: la privatización de la verificación del bienestar. Empresas tecnológicas, nacionales o extranjeras, ofrecerían "Trust as a Service" (Confianza como Servicio), convirtiendo un pilar de la seguridad social en un nicho de mercado. El bienestar dejaría de ser un derecho garantizado para convertirse en un estado verificable y certificable por terceros, sentando las bases para una privatización definitiva de la fe pública en materia de salud.

Una bifurcación en el camino: renegociar el pacto o repetir la historia

Existe una tercera vía, más compleja y exigente. Una que utiliza la crisis no como una justificación para el control, sino como un catalizador para renegociar el pacto social en torno al trabajo y la salud. Este camino implica reconocer que el ausentismo en instituciones como JUNJI no es solo fraude, sino también el reflejo de un agotamiento estructural en sectores altamente feminizados y precarizados.

Un futuro alternativo se centraría en las causas raíz: mejorar las condiciones laborales, desestigmatizar la salud mental y rediseñar el sistema de licencias para que sea más flexible y humano. En lugar de invertir únicamente en tecnología de vigilancia, se invertiría en prevención, salud ocupacional y nuevos modelos de trabajo que equilibren productividad con bienestar.

La historia de las crisis de confianza en Chile a menudo sigue un ciclo de escándalo, indignación y reforma punitiva que rara vez aborda los problemas de fondo. La disyuntiva actual es si se repetirá este patrón, optando por la aparente seguridad del control y la tecnología, o si se aprovechará la oportunidad para un diálogo honesto sobre qué tipo de sociedad se desea construir.

La discusión sobre las licencias médicas ha dejado de ser un asunto administrativo. Hoy es un campo de batalla donde se define el futuro de la privacidad, la naturaleza del trabajo y el verdadero significado del derecho a la salud en el siglo XXI. La respuesta que se construya no solo reparará un certificado; definirá el carácter del contrato social para las próximas décadas.