El Laberinto Judicial de Cathy Barriga: Cuando la Cautelar Cede Paso a la Estrategia de Juicio Oral

Inicio Contextualizado

A más de dos meses de las decisiones judiciales que sacudieron la agenda mediática, el caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha transitado desde el vertiginoso vaivén de las medidas cautelares hacia una fase de tensa calma. La revocación de su prisión preventiva en abril de 2025 y la posterior decisión de la Fiscalía de no solicitarla nuevamente, pese a sumar nuevos cargos, desplazaron el foco del debate. Hoy, la discusión ya no se centra en si la exjefa comunal debe esperar el juicio en prisión, sino en el significado de este cambio de estrategia judicial y sus implicancias para la confianza pública en el sistema, frente a uno de los casos de presunta corrupción municipal más cuantiosos de la historia reciente del país.

Desarrollo Analítico

La saga judicial de Cathy Barriga ha sido un intrincado recorrido. Formalizada inicialmente en enero de 2024 por fraude al fisco y falsificación de instrumento público por un monto que la Fiscalía estima cercano a los 31 mil millones de pesos, su situación procesal escaló con una serie de ingresos y salidas de prisión preventiva entre fines de 2024 y principios de 2025. El punto de inflexión ocurrió el 9 de abril de 2025, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, argumentando que existían otras medidas para asegurar los fines del procedimiento.

La verdadera sorpresa llegó una semana después, el 15 de abril. En una nueva audiencia de formalización, la Fiscalía sumó cargos por malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Contra todo pronóstico, y a pesar de la gravedad de las nuevas imputaciones, el Ministerio Público, representado por la fiscal Constanza Encina, no solicitó la prisión preventiva. La justificación fue clara: acatar el criterio del tribunal de alzada y enfocar todos los esfuerzos en preparar un juicio oral sólido. Esta decisión, secundada por la parte querellante —la Municipalidad de Maipú—, fue interpretada como un movimiento táctico para evitar un nuevo revés en la Corte y concentrar la batalla en la condena final, no en las medidas precautorias.

Las consecuencias visibles de este viraje son dobles. Por un lado, la imputada prepara su defensa desde su domicilio, mientras su defensa, liderada por el abogado Cristóbal Bonacic, celebra las resoluciones como un acto de "justicia". Por otro, la percepción pública se debate entre el respeto a las garantías procesales y una creciente sensación de desequilibrio en la aplicación de la justicia.

Perspectivas Contrastadas

El caso Barriga es un prisma que refleja las fracturas y tensiones del sistema.

• La Perspectiva Judicial y Fiscal: Desde el Ministerio Público y la judicatura, el mensaje es técnico. Se subraya que la prisión preventiva es una medida excepcional y no una pena anticipada. La decisión de la Corte de Apelaciones y la posterior estrategia de la Fiscalía se enmarcan en el principio de presunción de inocencia y en la necesidad de asegurar un juicio, no de castigar antes de él. Para los fiscales, el objetivo final es una condena basada en pruebas contundentes, no una victoria mediática en la fase investigativa.

• La Percepción Pública y Mediática: En la arena pública, la narrativa es distinta. La imagen de la exalcaldesa saliendo de prisión el día de su cumpleaños y su desafiante declaración —"Yo no soy lo que ustedes dicen"— alimentaron un debate sobre una supuesta "justicia para ricos" o para figuras con alta exposición. Este sentimiento se ve exacerbado por la comparación con otros casos donde imputados por delitos de menor connotación económica permanecen en prisión preventiva. Se genera así una disonancia cognitiva entre el discurso técnico-legal y la demanda ciudadana de señales claras contra la corrupción.

• La Voz de los Afectados: La Municipalidad de Maipú, como querellante, representa a los ciudadanos directamente perjudicados por el presunto desfalco. Su postura, alineada con la Fiscalía, busca pragmatismo: asegurar una condena reparatoria en el juicio oral. Para los vecinos de la comuna, el caso trasciende lo judicial; se trata de la recuperación de la confianza en la gestión pública y la rendición de cuentas por recursos que pudieron destinarse a obras y servicios comunitarios.

Contexto Histórico y Estructural

El caso Barriga no es un hecho aislado. Se inscribe en una preocupante seguidilla de investigaciones por corrupción en diversos municipios del país, que han puesto en tela de juicio los mecanismos de control y probidad a nivel local. La figura de Barriga, que saltó de la televisión a la política, también abre un debate sobre el fenómeno de los liderazgos populistas y personalistas en la gestión municipal, donde la imagen y la comunicación directa con los vecinos a través de redes sociales pueden difuminar las fronteras entre la promoción personal y la función pública.

Este proceso judicial se ha convertido en un caso de estudio sobre la colisión de tres mundos: la rigurosidad y lentitud de la justicia, la inmediatez y espectacularización de los medios de comunicación, y la creciente exigencia de transparencia por parte de una ciudadanía cansada de la corrupción.

Estado Actual

Concluido el plazo de investigación suplementaria, el caso se encamina hacia su etapa decisiva: la preparación del juicio oral. Todas las partes afilan sus argumentos para lo que se anticipa será un proceso largo y complejo. La discusión ha madurado; ya no se trata del ir y venir de las medidas cautelares, sino de la batalla de fondo. El resultado de este juicio no solo definirá el futuro de Cathy Barriga, sino que también sentará un precedente sobre la capacidad del sistema judicial chileno para sancionar la corrupción en las altas esferas del poder político local, en un contexto de profunda desconfianza ciudadana.