Cañete, un año después: Anatomía de la herida que no cierra en el corazón de Carabineros y la Macrozona Sur

Un aniversario teñido de luto

El 27 de abril ya no es solo el día de Carabineros de Chile. Desde 2024, la fecha está marcada por el luto. Ha transcurrido un año desde que los suboficiales mayores Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna fueran emboscados, asesinados y sus cuerpos calcinados dentro de su patrulla en una zona rural de Cañete, Región del Biobío. A más de doce meses del ataque, la conmoción inicial ha dado paso a un complejo proceso de duelo institucional, avances judiciales y un debate latente sobre las estrategias del Estado para abordar la violencia en la Macrozona Sur.

Los actos conmemorativos de este año reflejaron esta dualidad. En Los Álamos, la ceremonia oficial, encabezada por el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, no fue de celebración, sino de homenaje. La Cuarta Comisaría de Control de Orden Público (COP) fue rebautizada como "Primera Comisaría COP Héroes de Arauco", un gesto simbólico para inscribir el sacrificio en la memoria institucional. "Hace un año, cumplían con su deber cuando el desquicio y la cobardía les quitó sus vidas", afirmó el ministro Cordero, subrayando la intencionalidad del ataque al ocurrir en una fecha tan significativa para la institución.

Las voces de la herida: "Marcó un antes y un después"

Lejos del protocolo oficial, el dolor de las familias sigue intacto y se ha convertido en una voz pública que exige respuestas y, sobre todo, garantías de no repetición. Erika Cid, madre del suboficial Misael Vidal, se ha transformado en un símbolo de esa resiliencia. "Tengo sentimientos de mucha pena y mucho dolor, volver a recordar esto es muy difícil como mamá", expresó durante el homenaje. Sus palabras resuenan más allá del duelo personal y apuntan a una fractura social: "Marcó un antes y un después. Nunca había visto que pasara un asesinato tan cruel, tan cobarde".

Este sentimiento es compartido por otros familiares, quienes, si bien valoran los avances de la investigación, insisten en la necesidad de una justicia completa. "Que salga toda la verdad a la luz como corresponde, y que los jueces hagan su pega", sentenció Cid, en una demanda que interpela directamente al sistema judicial. Su llamado al Gobierno es claro y desgarrador: "Que esto no se vuelva a repetir, porque ¿quién nos devuelve a nuestros hijos? Detrás de esto quedaron familias destrozadas".

El camino a la justicia: Avances y expectativas

En el plano judicial, la investigación ha mostrado avances significativos. A la fecha, cuatro personas se encuentran en prisión preventiva como presuntos responsables del crimen: los hermanos Yeferson, Felipe y Tomás Antihuén, y Nicolás Rivas. La detención del último de ellos, Tomás Antihuén, quien se encontraba prófugo, fue un hito clave en marzo de 2025 que trajo un respiro a las familias. Lidia Cofré, tía de uno de los mártires, manifestó sentirse "agradecida porque encontraron al culpable", un paso que permite que "la familia pueda estar tranquila y haya justicia".

El caso, a cargo del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sigue en una etapa investigativa compleja. La brutalidad del crimen y sus posibles conexiones con orgánicas radicales de la zona lo convierten en un proceso emblemático, cuya resolución es observada con atención no solo por las familias y Carabineros, sino por todo el país.

El eco del conflicto: ¿Nuevas estrategias para la Macrozona Sur?

El triple homicidio de Cañete no solo dejó una cicatriz emocional e institucional; también intensificó el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad en la Macrozona Sur. A semanas de la conmemoración, y en un contexto de persistencia de hechos de violencia, comenzaron a surgir voces que proponen un endurecimiento de la estrategia estatal.

Una de estas perspectivas fue articulada por Mauricio Valdivia Devia, criminólogo y Teniente Coronel (R) de Carabineros. En una carta a la prensa, propuso mirar el modelo aplicado por España para desmantelar a la organización terrorista ETA. Valdivia sugiere una estrategia integral que incluya la ilegalización de partidos políticos vinculados a orgánicas violentas, la intensificación de detenciones e incautaciones para desarticular su poder económico y la aplicación de medidas penitenciarias de máxima seguridad, como el aislamiento y la dispersión de los condenados por estos delitos.

Esta propuesta, que aboga por terminar con lo que su autor denomina "ambigüedad política", introduce una disonancia en el debate público. Contrasta con los llamados al diálogo y las soluciones políticas, planteando un camino de confrontación directa que prioriza la seguridad del Estado. Si bien es una visión entre muchas, su aparición en el debate público demuestra que el atentado de Cañete trascendió el hecho criminal para convertirse en un catalizador de discusiones profundas y polarizadas sobre el futuro de una de las zonas más complejas del país. El caso, por tanto, sigue abierto, no solo en los tribunales, sino en la conciencia nacional.