Dos meses después de que el primer avión con ciudadanos chilenos deportados aterrizara en Santiago, el impacto de los llamados "vuelos de la infamia" sigue resonando. Lo que comenzó como un tema focalizado en la delincuencia de "lanzas internacionales" y la seguridad fronteriza, ha madurado hasta convertirse en un complejo escenario con profundas implicancias diplomáticas, humanitarias y de identidad nacional. Con más de un centenar de connacionales retornados a la fuerza desde Estados Unidos, Chile se enfrenta a un espejo que refleja tanto sus vulnerabilidades como las tensiones de su relación con la principal potencia mundial, en un momento de endurecimiento de sus políticas migratorias.
La crisis actual tiene sus raíces en un problema de larga data que ganó notoriedad a principios de abril con la condena a 14 años de cárcel de Iván Chamorro Santibáñez en California. Este caso, entre otros, alimentó en Estados Unidos una narrativa que vinculaba directamente el aumento de robos residenciales con ciudadanos chilenos que, supuestamente, abusaban del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver). La respuesta diplomática chilena fue inicialmente de contención. A fines de abril, el embajador en Washington, Juan Gabriel Valdés, buscó apaciguar las aguas, asegurando que Chile cumplía con los requisitos de intercambio de información y que el verdadero riesgo para el programa no eran los delincuentes, sino quienes excedían el permiso de estadía.
Sin embargo, la situación dio un giro dramático el 23 de mayo con la llegada del primer vuelo con 45 deportados. Las frías estadísticas de la deportación fueron eclipsadas por los testimonios de los retornados. Relatos sobre detenciones en condiciones extremas en celdas apodadas "la hielera", dormir en el suelo sin abrigo y un trato calificado como "animal" o "como perros", transformaron el debate. Las denuncias no distinguían entre quienes admitían haber cometido infracciones y quienes, como el bailarín Yerko Aliaga, sostenían haber sido detenidos injustamente.
El Gobierno chileno se vio forzado a caminar sobre una delgada línea. Por un lado, reconoció la soberanía de Estados Unidos para aplicar sus leyes migratorias, coordinando la recepción de los vuelos subsiguientes el 5 y 20 de junio. Por otro, ante la presión pública y mediática, la Cancillería inició investigaciones sobre las denuncias de maltrato para determinar si se otorgó la debida asistencia consular. Simultáneamente, la Policía de Investigaciones (PDI) debió implementar protocolos en el aeropuerto para identificar a los deportados y detener a aquellos con órdenes judiciales pendientes en Chile, evidenciando la complejidad de un retorno que mezclaba infractores migratorios, delincuentes y ciudadanos sin antecedentes.
La crisis ha puesto de manifiesto tres narrativas en colisión:
Estos eventos no ocurren en el vacío. El Programa Visa Waiver, del que Chile es el único beneficiario en América Latina desde 2014, es un símbolo de estatus internacional y una herramienta práctica invaluable para miles de chilenos. Su fragilidad actual no solo se debe a los delitos cometidos por una minoría, sino que también se inserta en un contexto de relaciones bilaterales que, según analistas, se han "enfriado". La continuidad del programa parece depender ahora de una negociación constante, donde Chile debe demostrar ser un socio fiable en materia de seguridad.
Hoy, la situación permanece en un estado de tensión latente. Aunque no se han anunciado nuevos vuelos, la posibilidad sigue abierta. Las investigaciones sobre los maltratos están en curso, pero sus conclusiones y eventuales acciones diplomáticas son inciertas. El debate sobre el Visa Waiver ha trascendido los círculos políticos para instalarse en la conversación ciudadana, generando una disonancia cognitiva: ¿cómo se defiende un privilegio como la exención de visa sin dejar de lado la defensa de la dignidad de todos los chilenos, independientemente de su condición? La crisis ha obligado a Chile a una profunda reflexión sobre su lugar en el mundo, el valor de su pasaporte y los límites entre la soberanía nacional y los derechos humanos universales.