El Acuerdo que Quebró un Sector: Anatomía de la Propuesta de Paz que Expuso las Fracturas de la Derecha Chilena

El Eco de un Desacuerdo

A más de un mes de que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregara su informe final al Presidente Gabriel Boric, el debate que generó sigue resonando. Lo que fue concebido como un esfuerzo histórico para cimentar un consenso transversal sobre el conflicto en la Macrozona Sur, terminó funcionando como un sismógrafo que registró y amplificó las profundas fracturas ideológicas dentro de la derecha chilena. El informe, aprobado por una contundente mayoría de siete de sus ocho miembros, no logró la anhelada unanimidad, y ese único voto en contra se convirtió en el símbolo de una división que trasciende el documento mismo.

La Génesis: Un Pacto por la Paz

Creada en junio de 2023, la Comisión reunió a figuras de todo el espectro político, desde el senador DC Francisco Huenchumilla y la diputada socialista Emilia Nuyado, hasta el exministro Alfredo Moreno y representantes del mundo agrícola como Sebastián Naveillán. El objetivo era ambicioso: diseñar una solución de Estado, a largo plazo, para la demanda de tierras del pueblo mapuche y la violencia asociada en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Durante meses, la esperanza de un acuerdo unánime se mantuvo como el pilar fundamental de su legitimidad.

El Párrafo de la Discordia y el Voto Decisivo

El consenso se desmoronó en la recta final. Dos elementos del borrador se volvieron insalvables para un sector. Primero, la propuesta de garantizar un catastro para la restitución de 240 mil hectáreas, una cifra que Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, calificó de inviable. “Las hectáreas no se multiplican”, advirtió, canalizando el temor del mundo agrícola a una presión insostenible sobre la propiedad privada. Segundo, un párrafo que, según los críticos, dejaba la puerta abierta a demandas perpetuas al establecer que el sistema de reparación debía ser “suficiente”. Para los gremios y parte de la derecha, esto era un cheque en blanco.

El clímax llegó con la votación final: siete a favor y el voto en contra de Sebastián Naveillán. Este acto no solo rompió la unanimidad, sino que proporcionó la justificación política para que gran parte de la oposición desautorizara el proceso. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) lamentaron que no se respetara el “principio básico” de unanimidad, declarando que el documento “no puede ser aprobado” en esas condiciones.

El Terremoto Político: Renuncia y Rechazo Frontal

La tensión interna en la derecha se materializó de la forma más dramática con la renuncia de la senadora Carmen Gloria Aravena al Partido Republicano. La parlamentaria por La Araucanía acusó a su partido de exigirle rechazar la propuesta, una orden que se negó a acatar. “Doy un paso al costado por consecuencia, dignidad y convicciones”, afirmó, defendiendo el informe como un “avance significativo” y un “hito hacia la paz”.

Su gesto de independencia contrastó fuertemente con la reacción de los principales liderazgos del sector. Los presidenciables José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser se alinearon en un rechazo frontal. Sus argumentos se concentraron en tres ejes:

1. La ausencia de la palabra “terrorismo”: Para ellos, no reconocer explícitamente el terrorismo en la Macrozona Sur era “una traición a las víctimas” y un blanqueamiento de la violencia. “Es imposible el entendimiento si no se reconoce que ha habido terrorismo”, sentenció Matthei.
2. La ilegitimidad del acuerdo: Al no ser unánime, argumentaron que el informe carecía de la fuerza moral y política para ser una propuesta de Estado.
3. El riesgo ideológico y fiscal: Kast denunció un intento de imponer un “autogobierno étnico” y un fondo “sin límites”, calificando la propuesta de “octubrista”.

Las Dos Caras del Informe: Pragmatismo vs. Principios

El episodio dejó al descubierto dos visiones irreconciliables dentro de la derecha. Por un lado, la postura pragmática, encarnada por Alfredo Moreno y la propia senadora Aravena. Moreno, copresidente de la instancia, defendió el texto como una salida realista que evita conceptos polarizantes como la plurinacionalidad o sistemas judiciales paralelos. “Esto de octubrista no tiene nada”, aseguró, argumentando que se busca reemplazar un sistema fallido que perpetúa la pobreza y el conflicto.

Desde la vereda del oficialismo y los comisionados mapuche, el senador Huenchumilla celebró la votación unánime de los representantes indígenas como un hecho histórico que demuestra una voluntad de diálogo y una apuesta por la vía institucional.

Por otro lado, la visión de principios, defendida por el ala más dura de la oposición, que considera que cualquier concesión sin una condena explícita a la violencia y sin garantías absolutas sobre la propiedad y la unidad del Estado es inaceptable. Para este sector, el informe no es un camino hacia la paz, sino una claudicación.

Un Debate Abierto: El Futuro del Acuerdo

El Presidente Boric recibió el informe con la promesa de estudiarlo y convertirlo en la base de futuras políticas públicas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, buscó calmar las alarmas fiscales, asegurando que los costos serían distribuidos en el largo plazo. Sin embargo, el camino legislativo para cualquier iniciativa derivada del informe se anticipa complejo y polarizado.

La Comisión para la Paz y el Entendimiento cerró su trabajo, pero el debate que abrió está lejos de concluir. Su legado es paradójico: un documento que ofrece una de las hojas de ruta más detalladas hasta la fecha para abordar una herida histórica, pero que, al mismo tiempo, ha provocado una fractura política que amenaza su propia implementación. La pregunta que queda en el aire es si es posible construir la paz sobre un consenso mayoritario pero con una oposición tan frontal y significativa.