El Muro Derribado y el Eco del Pasado:Los futuros de la justicia y la memoria tras el cierre de Punta Peuco

El Símbolo y la Sentencia

El anuncio del Presidente Gabriel Boric durante su última cuenta pública, de transformar el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco en un recinto penal común, fue mucho más que una decisión administrativa. Fue la demolición de un símbolo. Durante décadas, este penal albergó exclusivamente a agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, encarnando para un sector de la sociedad un inaceptable privilegio y, para otro, una solución necesaria para la seguridad de exuniformados. Su cierre programado no clausura un debate; por el contrario, lo proyecta hacia el futuro, abriendo al menos tres escenarios probables que definirán la relación de Chile con su memoria, su justicia y su polarización política en los próximos años.

Escenario 1: La Judicialización de la Memoria y la Batalla por los Derechos

El primer futuro inmediato no se desarrollará en el Congreso ni en La Moneda, sino en los tribunales. La decisión del Ejecutivo enfrenta una probable ofensiva legal, como ya advierten abogados expertos en derecho penitenciario. Los argumentos se centrarán en el perfil de la población penal: reclusos de edad avanzada, con múltiples enfermedades crónicas y un perfil criminológico que, según esta visión, no requiere las mismas medidas de seguridad que la población carcelaria común. Se invocarán derechos fundamentales y tratados internacionales sobre el trato a personas mayores privadas de libertad.

Este camino judicial tiene dos posibles bifurcaciones. Si los tribunales acogen los recursos de protección, la decisión del gobierno podría quedar en suspenso o ser revertida parcialmente, creando un limbo jurídico y una victoria simbólica para la derecha, que vería validadas sus críticas sobre una medida “ideológica” y “vengativa”. Si la justicia respalda la decisión del Ejecutivo, se sentaría un precedente de igualdad ante la ley que desmantelaría el último vestigio de un sistema penal diferenciado. En cualquier caso, el debate se tecnificará, trasladando la discusión desde la memoria histórica hacia la interpretación de normas penitenciarias, un terreno donde las emociones políticas ceden ante el lenguaje del derecho.

Escenario 2: El Voto como Veredicto sobre el Pasado

El cierre de Punta Peuco se ha instalado como una línea divisoria indeleble en la carrera presidencial. La reacción de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aludiendo a la facilidad de “revertir” la medida, y la propuesta explícita del candidato republicano, José Antonio Kast, de evaluar indultos por razones humanitarias, han convertido la próxima elección en un referéndum sobre el destino de los condenados.

Un triunfo de la derecha podría materializar estas promesas. Un nuevo gobierno podría, mediante un decreto, revertir el estatus del penal o, de forma más directa, utilizar la facultad presidencial del indulto particular. Esto sería interpretado por las organizaciones de víctimas y la izquierda como una traición al compromiso del Estado con la justicia y una forma de impunidad encubierta, con potencial para reactivar la movilización social en torno a la memoria. Se abriría un ciclo de confrontación donde cada acto de gobierno en esta materia sería visto como una provocación.

Por el contrario, una victoria del oficialismo consolidaría el fin de Punta Peuco como una política de Estado irreversible. Esto sería celebrado como un logro histórico por los defensores de los derechos humanos, pero podría enquistar el resentimiento en sectores de las Fuerzas Armadas y en el electorado de derecha, que lo percibirían como una prueba de que el “revanchismo” se impuso sobre la “reconciliación”. El legado del cierre dependería, así, del color político del próximo gobierno, evidenciando la fragilidad de los consensos en esta materia.

Escenario 3: La Reconfiguración del Contrato de Justicia

A largo plazo, el escenario más complejo es la redefinición del concepto de “razones humanitarias”. La propuesta de Kast de indultar por “edad” o “salud mental” fuerza a la sociedad chilena a una conversación incómoda que trasciende a los condenados de Punta Peuco: ¿existe una edad en la que la pena pierde su sentido retributivo? ¿Cómo se equilibra la demanda de justicia de las víctimas con la dignidad de un condenado en fase terminal?

Este debate podría derivar en un intento por legislar sobre la materia, estableciendo criterios objetivos para la concesión de beneficios carcelarios a la tercera edad en todo el sistema penitenciario. Una ley de cumplimiento humanitario de la pena podría ser vista por algunos como un avance civilizatorio, pero por otros como una ley de impunidad con nombre distinto. La discusión obligaría a todos los sectores a sincerar sus posturas: ¿es la cárcel el único fin de la pena? ¿La avanzada edad de un victimario atenúa la gravedad de sus crímenes? Las respuestas a estas preguntas no solo afectarán a los exmilitares, sino que podrían transformar estructuralmente el sistema de justicia penal chileno.

El Futuro Abierto: Entre la Igualdad y la Polarización

El muro de Punta Peuco ha sido derribado en el plano administrativo, pero su eco resuena con fuerza en el campo político. El futuro inmediato es de confrontación, ya sea en las cortes o en las urnas. La decisión final sobre el significado de este acto no dependerá de quien lo ejecutó, sino de quien logre imponer su narrativa en los años venideros. Chile se enfrenta a la disyuntiva de consolidar un principio de igualdad ante la ley que cierre simbólicamente un capítulo de privilegios, o bien, profundizar una fractura donde el pasado sigue siendo un arma arrojadiza, demostrando que algunos muros, aunque caigan, dejan cicatrices que tardan generaciones en sanar.