A meses del veredicto que absolvió a Jorge Escobar, el único acusado por la muerte de Tomás Bravo, el eco de la sentencia no es de justicia, sino de un silencio abrumador. La decisión unánime del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, emitida el pasado 2 de julio, no trajo el cierre que una nación conmocionada esperaba. Por el contrario, actuó como un espejo que reflejó las profundas grietas del sistema judicial chileno, dejando una pregunta suspendida en el aire: si no fue él, ¿quién fue? Y más importante aún, ¿por qué el Estado no pudo responder?
El veredicto fue categórico no al afirmar la inocencia de Escobar, sino al demoler la tesis de la Fiscalía. El Ministerio Público lo acusó de abandono de menor con resultado de muerte, una figura legal considerablemente menor al homicidio que se barajó inicialmente. Aun así, no pudo sostenerla. El tribunal determinó que “los acusadores no presentaron prueba alguna que permita determinar que el resultado de muerte provenga directamente de alguna conducta desplegada por el acusado”.
Los jueces argumentaron que la acción de perder de vista al niño por un momento, como relató consistentemente Escobar, no configura el dolo —la intención de causar daño— que exige el tipo penal. La resolución fue más allá, exponiendo una cadena de “irregularidades que afectaron la calidad de la evidencia”. Entre ellas, la falta de resguardo del sitio del suceso y el cambio de posición del cuerpo del menor antes de la llegada de peritos clave. Estos errores iniciales, ocurridos en medio de una búsqueda frenética y mediática, contaminaron la investigación de forma irreparable, sentenciando el caso al fracaso desde sus primeras horas.
La absolución dio paso a un cruce de narrativas que evidencian la complejidad del drama humano y judicial.
- La voz del absuelto: Un visiblemente afectado Jorge Escobar denunció haber sufrido cuatro años de “hostigamiento”. “Me quisieron transformar en otra persona. No pillaron cómo culparme”, declaró tras el juicio. Sus palabras apuntan al peso de ser el único sospechoso en un caso de alta connotación pública, donde la presunción de inocencia fue sistemáticamente vulnerada por la opinión pública y, según su defensa, por la propia persecución penal.
- La defensa y la “tercera persona”: El equipo de la Defensoría Penal Pública no solo se limitó a desvirtuar la acusación, sino que introdujo una “duda razonable”. Presentaron peritajes de videos de una torre de vigilancia forestal que, según el experto Pablo Montalva, mostraban movimientos de una posible tercera persona en la zona y hora de la desaparición. Esta hipótesis, que nunca fue la línea principal de la Fiscalía del Biobío, instala la posibilidad de un crimen con un autor desconocido y libre.
- Una familia fracturada y una investigación paralela: El dolor de la familia de Tomás se ha visto agravado por la desconfianza y las divisiones internas. Mientras tanto, una arista investigativa en la Fiscalía de Los Ríos, revelada poco antes del juicio, mantenía como imputadas a la abuela y a una prima del niño. Esta situación surgió porque ambas estaban siendo objeto de medidas intrusivas, como interceptaciones telefónicas, sin tener acceso a la carpeta investigativa, lo que denota la errática y expansiva naturaleza de una pesquisa que parecía no tener un rumbo claro.
El caso Tomás Bravo no es un hecho aislado. Se inscribe en una preocupante seguidilla de investigaciones de alto perfil mediático que terminan en absoluciones por fallas procesales. El fenómeno expone una debilidad estructural: la incapacidad de las instituciones para manejar la presión social y mediática sin comprometer la rigurosidad técnica y el debido proceso.
La cobertura 24/7, la demanda ciudadana por respuestas inmediatas y la construcción de “culpables” mediáticos crean un ambiente donde los errores investigativos se multiplican. El caso obliga a una reflexión crítica sobre el rol de los medios y la responsabilidad del Ministerio Público para blindar sus investigaciones de la contaminación externa e interna.
Hoy, el panorama es desolador. La causa por abandono contra Jorge Escobar está judicialmente cerrada. La investigación por la muerte de Tomás, sin embargo, sigue técnicamente abierta en la Fiscalía de Los Ríos, pero sin imputados formales ni pistas concretas que permitan avizorar una resolución. La absolución no trajo verdad ni justicia; solo confirmó el fracaso del sistema para encontrarlas. Para la familia y para el país, la muerte de Tomás Bravo permanece en la impunidad, un doloroso recordatorio de que, a veces, el silencio de un tribunal es el ruido más ensordecedor de todos.