El Guardián Caído: Anatomía de la Crisis de Confianza que Sacudió al Servicio de Impuestos Internos

A meses de la abrupta salida de Javier Etcheberry de la dirección del Servicio de Impuestos Internos (SII), el eco de su caída aún resuena en los pasillos del poder y en la conciencia ciudadana. Lo que comenzó a mediados de julio de 2025 como una serie de denuncias focalizadas, evolucionó en pocos días hacia una crisis institucional de gran escala, una que puso en jaque no solo a un hombre, sino la credibilidad de uno de los pilares del Estado. Hoy, con la perspectiva que otorga el tiempo, es posible analizar la anatomía de un colapso que fue tanto personal como sistémico.

La Tormenta Perfecta: Dos Frentes, Una Sola Crisis

La primera señal de turbulencia surgió el 15 de julio, cuando el propio SII denunció ante el Ministerio Público un esquema de préstamos informales entre sus funcionarios, con transacciones que superaban los 180 millones de pesos. Este primer golpe, que apuntaba a la probidad interna, quedó rápidamente eclipsado por una revelación de mayor calibre.

Al día siguiente, un reportaje televisivo expuso que el director del servicio, Javier Etcheberry, no había pagado durante nueve años las contribuciones correspondientes a una propiedad en Paine. El inmueble presentaba ampliaciones no regularizadas, lo que mantenía su avalúo fiscal artificialmente bajo, pasando de $158 millones a $339 millones tras estallar el escándalo. La paradoja era brutal: el máximo fiscalizador del país aparecía como un infractor tributario.

Las Voces del Conflicto: Entre la Burocracia y la Ejemplaridad

La controversia desató un cruce de narrativas que definió el debate público.

Por un lado, la defensa de Etcheberry se centró en la ineficiencia del sistema. Sostuvo insistentemente que durante años intentó regularizar la propiedad, enfrentándose a un laberinto burocrático en la municipalidad de Paine. “He hecho todo para que me reciban la propiedad, pero todavía no he podido”, declaró, presentando un dossier con documentos para respaldar sus gestiones. Su argumento pintaba a un ciudadano más, víctima de un aparato estatal disfuncional, un problema que, como señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afecta a “cientos de miles de propiedades” en Chile.

En la vereda opuesta, la crítica política y mediática desestimó la excusa. Para parlamentarios de oposición como Miguel Mellado (RN) y voces del oficialismo como la entonces candidata presidencial Jeannette Jara, el punto no era la legalidad estricta, sino la ética y la ejemplaridad. “Está en él dar lo antes posible un paso al costado”, sentenció Jara. La columna de opinión de CIPER Chile capturó el sentir ciudadano con una pregunta lapidaria: “¿Y si todos hiciéramos como el director del SII?”. El argumento era simple: la autoridad que exige el cumplimiento tributario no puede ampararse en las fallas del sistema para justificar su propio incumplimiento. La editorial del Diario Financiero lo conceptualizó como una erosión del “estándar de ejemplaridad”, fundamental para el principio de probidad administrativa.

La Escalada Política y el Desenlace Inevitable

El Gobierno, a través del ministro Marcel, transitó de una cautela inicial a una acción decisiva. En un primer momento, Marcel reconoció la falla sistémica en la actualización de los avalúos, pero subrayó la “responsabilidad especial” de Etcheberry. Sin embargo, la presión política se volvió insostenible. La defensa del director, aunque documentada, no lograba contrarrestar el daño a la fe pública.

El 18 de julio, tras días de intensa presión mediática y política, y luego de que Etcheberry se comprometiera a pagar la deuda acumulada, el Gobierno le solicitó la renuncia. La decisión, según comunicó Hacienda, buscaba “resguardar el buen funcionamiento del servicio”. En su lugar, asumió como subrogante Carolina Saravia, una funcionaria de carrera, en un claro gesto para restaurar la normalidad y la confianza desde dentro de la institución.

Un Legado Complejo: ¿Crisis Resuelta o Herida Abierta?

La salida de Etcheberry cerró el capítulo inmediato de la crisis, pero sus consecuencias perduran. El caso no solo evidenció las debilidades estructurales en la coordinación entre municipios y el SII para la fiscalización del impuesto territorial —un problema que ha afectado incluso a ex Presidentes—, sino que también instaló un estándar más exigente de conducta irreprochable para los altos cargos públicos.

La caída del “guardián” fiscalizador se convirtió en una lección forzosa sobre la coherencia entre el discurso y la acción. Demostró que en la arena pública, especialmente en materias de confianza y dinero, la legitimidad no se sostiene solo en el cumplimiento de la ley, sino en una autoridad moral que debe ser, y parecer, intachable. El debate que generó sigue vigente, recordándole al Estado y a sus ciudadanos que la confianza es un activo tan crucial como los impuestos que se recaudan.