Más Allá del Impuesto: Lo que la "Guerra de las Contribuciones" Reveló sobre la Desigualdad y el Futuro de los Municipios en Chile

Lo que comenzó hace un par de meses como una promesa de campaña más en la carrera presidencial, hoy se ha decantado en una de las discusiones más reveladoras sobre el modelo de desarrollo chileno. La propuesta de eliminar o modificar sustancialmente el pago de contribuciones, lejos de ser un mero debate tributario, ha desnudado las profundas fisuras en el financiamiento municipal, la persistente desigualdad territorial y las tensiones estratégicas dentro de los bloques políticos. A más de 60 días de que el tema se instalara en la agenda, las consecuencias son claras: el debate ya no es sobre si un impuesto es justo o no, sino sobre qué tipo de comunidad y cohesión social se quiere construir.

El Origen: Una Propuesta Electoral que Encendió la Pradera

El debate cobró fuerza cuando la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se abrió a estudiar la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, una idea impulsada originalmente por el Partido Republicano y que ella misma había calificado previamente como “regresiva”. La propuesta de su partido, la UDI, matizaba la eliminación con un sistema de pago diferido al momento de la venta del inmueble, buscando un equilibrio entre el alivio a los propietarios y la sostenibilidad fiscal.

Este giro táctico de Matthei no solo buscaba neutralizar a sus competidores en el sector, sino que también sintonizaba con una sentida demanda de un sector de la clase media y, especialmente, de los adultos mayores. Cartas al director y testimonios, como el del abogado Pedro Eguiguren, alertaban sobre una realidad dramática: cientos de personas mayores enfrentando procesos de remate por deudas de contribuciones, a menudo por desinformación sobre los beneficios existentes.

La Respuesta del Ejecutivo: Defensa del Modelo y Foco en los Vulnerables

La reacción del gobierno fue inmediata y categórica. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el de Vivienda, Carlos Montes, salieron a defender la naturaleza del impuesto, calificando su eliminación como una medida que beneficiaría principalmente a los sectores de mayores ingresos y desfinanciaría gravemente a los municipios. “Acá en Chile solo el 20% de las propiedades pagan contribuciones”, recordó Montes, en línea con las cifras entregadas por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien precisó que el 79% de las viviendas está exento.

Frente a la propuesta de eliminación total, el Ejecutivo presentó una contraoferta legislativa: un proyecto de ley para limitar el pago de contribuciones de los adultos mayores pertenecientes al 60% de menores ingresos a un máximo del 5% de su renta. Esta medida, argumentaron, es una solución focalizada y responsable que atiende a los más vulnerables sin desmantelar una fuente de ingresos vital para el funcionamiento de las comunas.

Dos Chiles, un Impuesto: Las Cifras que Desnudan la Desigualdad

El debate ha forzado a la opinión pública a confrontar una disonancia cognitiva fundamental. Por un lado, la narrativa de un impuesto que “castiga” el sueño de la casa propia y ahoga a la clase media. Por otro, los datos duros que lo muestran como un tributo pagado por una minoría de mayor patrimonio. Según el SII, el 85% de los adultos mayores con propiedades ya está exento de pago.

Sin embargo, esta aparente contradicción se disuelve al analizar el problema desde una perspectiva más profunda. La angustia de quienes sí pagan, especialmente jubilados cuyas pensiones no se condicen con el avalúo fiscal de una propiedad adquirida hace décadas, es genuina. Al mismo tiempo, es innegable que las contribuciones son el pilar del Fondo Común Municipal (FCM), el principal mecanismo de redistribución de recursos entre las comunas del país.

El Verdadero Debate de Fondo: El Fondo Común Municipal en la Mira

Aquí es donde la discusión maduró, transitando desde la consigna electoral hacia el análisis estructural. Expertos como Arturo Orellana, del Instituto de Estudios Urbanos de la UC, han sido claros en señalar que el debate sobre las contribuciones es un “distractor”. El problema de fondo, argumentan, es un modelo de planificación urbana que ha generado ciudades segregadas y un FCM que resulta insuficiente para compensar los desequilibrios.

Las contribuciones representan casi el 40% de los ingresos del FCM. Las comunas de altos ingresos, como Las Condes, Vitacura y Providencia, son las mayores aportantes, subsidiando a cientos de municipios con menor base de ingresos propios. Eliminar o reducir drásticamente este impuesto sin una reforma integral al sistema de financiamiento municipal tendría consecuencias devastadoras para la provisión de servicios básicos —seguridad, áreas verdes, luminarias, salud primaria— precisamente en las comunas más necesitadas, ahondando la brecha de desigualdad que se pretendía combatir.

Un Debate Abierto: Entre el Populismo y la Reforma Estructural

Dos meses después, la “guerra de las contribuciones” no tiene un vencedor claro, pero sí ha redefinido el campo de batalla. La discusión ya no se centra en la eliminación, sino en cómo reformar el sistema. El gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta y focalizada, obligando al resto de los actores políticos a definir sus posturas con mayor rigor técnico.

El tema sigue abierto y ha evolucionado. La pregunta inicial —¿deben pagarse contribuciones?— ha sido reemplazada por otras más complejas y urgentes: ¿Cómo financiamos nuestros municipios de manera más equitativa? ¿Cómo garantizamos una calidad de vida digna en todos los territorios, independientemente de su riqueza? ¿Estamos dispuestos a tener una conversación honesta sobre solidaridad territorial que vaya más allá de los cálculos electorales de corto plazo? La respuesta a estas preguntas definirá no solo el futuro de un impuesto, sino el del pacto social que sostiene a nuestras comunidades.