Gobernación bajo asedio: Las claves del cerco judicial y político sobre Claudio Orrego a un mes del informe de Contraloría

Inicio Contextualizado: La Tormenta Perfecta sobre el Gobierno Regional

Lo que comenzó a principios de junio como un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, hoy se ha transformado en un complejo escenario judicial y político que asedia al Gobierno Regional (GORE) Metropolitano y a su máxima autoridad, Claudio Orrego. A más de un mes de que se levantaran las primeras alertas sobre el uso de fondos públicos, el caso ha madurado, revelando no solo presuntas irregularidades administrativas, sino también una encarnizada disputa por el poder que pone a prueba los contrapesos de la nueva arquitectura institucional de las gobernaciones en Chile.

La controversia ya no se limita a un debate técnico sobre la pertinencia de un gasto; ha escalado a una investigación penal con Orrego en calidad de imputado y a una ofensiva de destitución impulsada por la oposición en el Consejo Regional (CORE), que amenaza con llevar el conflicto al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Este escenario obliga a una pregunta de fondo: ¿dónde termina la gestión institucional y dónde empieza la actividad proselitista con recursos públicos?

Desarrollo Analítico: Del Coaching a la Ofensiva Política

El detonante fue un informe de Contraloría que objetó el pago de $31 millones a la empresa Vera y Asociados S.A. por un "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional". Según el ente fiscalizador, parte de este servicio de coaching, contratado por trato directo, se habría desviado para abordar temáticas de la campaña de reelección del gobernador, como el manejo de noticias falsas y las preocupaciones electorales. Este hallazgo, considerado por Contraloría como una posible vulneración al principio de probidad, fue remitido al Ministerio Público, que rápidamente abrió una nueva causa penal contra Orrego.

La defensa del gobernador no se hizo esperar. Orrego y su equipo han sostenido firmemente que los servicios de coaching son una herramienta de gestión directiva habitual en la institución desde 2021, y que analizar el contexto político es inherente a la toma de decisiones estratégicas, negando rotundamente el uso de recursos públicos para fines de campaña. Calificó la arremetida opositora como un "burdo aprovechamiento político" de quienes, según él, buscan "ganar por secretaría" lo que no han ganado en las urnas.

Sin embargo, la controversia se amplificó con nuevos antecedentes. Un análisis de datos de Mercado Público, publicado por La Tercera, reveló que las compras por trato directo del GORE RM se duplicaron entre 2023 y 2024, pasando de 108 a 222. Aunque desde la gobernación disputan estas cifras y aseguran que sus registros internos muestran una tendencia a la baja, este punto se sumó al arsenal de la oposición.

La ofensiva política, liderada por los consejeros del Partido Republicano y Chile Vamos, se consolidó a fines de junio. Ambas coaliciones anunciaron que trabajan en un requerimiento conjunto para solicitar la destitución de Orrego ante el Tricel, argumentando "notable abandono de deberes" y "faltas graves a la probidad". La estrategia busca unificar fuerzas para reunir las 12 firmas necesarias y presentar un caso sólido que abarque no solo el polémico coaching, sino también el aumento de los tratos directos y otras irregularidades señaladas por Contraloría.

Perspectivas Contrastadas: ¿Probidad o Maniobra Política?

La narrativa se ha bifurcado en dos interpretaciones irreconciliables que reflejan la polarización del debate:

• La Tesis de la Acusación (Contraloría y Oposición): Para este sector, los hechos son una clara demostración de una gestión deficiente y un uso indebido de recursos fiscales. Argumentan que el contenido de las sesiones de coaching, sumado a la duplicación de compras sin licitación, constituye un patrón que evade los controles y la transparencia. La solicitud de destitución, desde esta óptica, no es una maniobra política, sino el cumplimiento de su rol fiscalizador para resguardar la fe pública y la correcta administración de los fondos de todos los habitantes de la región.

• La Tesis de la Defensa (Gobernador Orrego): Desde la gobernación, se insiste en que existe una "diferencia jurídica" en la interpretación de los hechos con Contraloría y que todos los procedimientos se han ajustado a la normativa. Sostienen que el coaching es una herramienta moderna de gestión y que la controversia ha sido intencionadamente politizada en un año electoral. La defensa de Orrego se centra en su disposición a colaborar con la justicia —ofreciendo acceso a sus comunicaciones— y en enmarcar el conflicto como un ataque de sus adversarios políticos, quienes, según él, instrumentalizan a las instituciones de control.

Contexto Estructural: La Gobernación en el Banquillo

Este conflicto no es un hecho aislado. Ocurre en un momento en que la figura del Gobernador Regional, creada para profundizar la descentralización, aún está consolidando sus atribuciones y mecanismos de rendición de cuentas. El caso Orrego se convierte así en un precedente clave sobre los límites y responsabilidades del cargo. Además, se inscribe en un contexto nacional de mayor escrutinio sobre el uso de fondos públicos, marcado por el "Caso Convenios", del cual la investigación por el acuerdo entre el GORE y la fundación ProCultura —otra arista que complica a Orrego— es un capítulo relevante.

Estado Actual: Un Desenlace Abierto

Actualmente, la situación se encuentra en pleno desarrollo y con un final incierto. La investigación penal sigue su curso en la Fiscalía, mientras la oposición afina los detalles del requerimiento de destitución que presentará ante el Tricel. Claudio Orrego, por su parte, mantiene un silencio estratégico sobre el fondo del asunto en sus apariciones públicas, centrando su discurso en la gestión y en el cumplimiento de la agenda electoral. El desenlace de esta pugna no solo definirá el futuro político del gobernador, sino que también sentará jurisprudencia sobre la fiscalización y la probidad en la nueva era de la gobernanza regional en Chile.