Caso Bruma: Las Piezas Faltantes de una Tragedia en Alta Mar

Inicio Contextualizado: La Estela de la Duda

A más de dos meses de la desaparición de la lancha artesanal ‘Bruma’ y sus siete tripulantes frente a las costas de Coronel, el oleaje de la inmediatez noticiosa ha cedido, pero ha dejado en la orilla un sedimento de dudas, contradicciones y una investigación judicial que avanza con lentitud. Lo que comenzó como una angustiante búsqueda en el mar el 30 de marzo de 2025, se ha transformado en un complejo litigio que enfrenta a las familias de los pescadores con la gigante pesquera Blumar, propietaria del buque industrial ‘Cobra’, principal sospechoso de haber causado la tragedia.

Desarrollo Analítico: Del Silencio a la Evidencia Ineludible

La cronología del caso está marcada por un cambio drástico en la narrativa de la empresa. Inicialmente, el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, afirmó que, tras consultar a los 18 tripulantes del ‘Cobra’, “no había pasado nada, absolutamente nada”. Esta versión fue inmediatamente rechazada por los familiares de las víctimas, quienes desde el primer día hablaron de un “pacto de silencio”.

La desconfianza se agudizó con la muerte de Juan Sanhueza, el vigía del ‘Cobra’, quien falleció en circunstancias catalogadas como un aparente suicidio justo antes de entregar su testimonio a la Fiscalía. Para las familias, este hecho reforzó la idea de que la tripulación estaba bajo presión. Su abogado, Rafael Poblete, ha sostenido que “una verdad a medias es también una mentira a medias”, cuestionando por qué la empresa no admitió desde el principio que la tripulación al menos “sintió un ruido”.

El punto de inflexión llegó el 22 de abril, cuando la propia Blumar, tras encargar un peritaje satelital, se vio obligada a reconocer que la colisión con el ‘Bruma’ era la causa “más probable” del naufragio. Este giro validó la tesis de los querellantes y centró la investigación en determinar las responsabilidades penales y la posible omisión de auxilio.

La investigación material avanzó con el traslado del ‘Cobra’ a un dique seco de ASMAR en Talcahuano el 2 de mayo para ser sometido a peritajes exhaustivos. Allí, los análisis preliminares de la PDI encontraron restos de pintura compatibles con la lancha ‘Bruma’ en el casco del buque industrial, una prueba física que conectaba directamente a ambas embarcaciones.

Sin embargo, el golpe más desconcertante para la investigación se conoció el 9 de junio: las grabaciones de la “caja naranja” del ‘Cobra’ —un dispositivo que, por ley, registra audio y video 360° de manera continua— correspondientes al día del accidente, habían desaparecido. Misteriosamente, los registros de los días anterior y posterior estaban intactos. Este hecho, calificado como “altamente sospechoso” por la defensa de las familias, ha llevado a la Fiscalía a enviar el dispositivo al FBI en Estados Unidos para un análisis forense que determine si los datos fueron borrados intencionalmente.

Perspectivas Contrastadas: Dos Mundos en Colisión

El caso ‘Bruma’ ha puesto en evidencia dos realidades opuestas que coexisten en el mar chileno:

- Las familias y la pesca artesanal: Representadas por voceras como Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule, su postura es de un profundo dolor mezclado con una férrea determinación por obtener justicia. Desconfían de las instituciones y de la versión de la empresa, y han movilizado recursos propios para contratar peritos, convencidos de que sin su presión, el caso se habría diluido. Para ellos, no es solo una tragedia, sino un reflejo de la desprotección que sienten frente a las flotas industriales.

- La perspectiva corporativa de Blumar: La empresa ha intentado separar la “lamentable tragedia” de sus implicancias legales y reputacionales. Gerardo Balbontín ha denunciado una “utilización política” del accidente en el Congreso, en el marco de la discusión sobre el fraccionamiento de las cuotas de pesca. Su estrategia ha sido pasar de la negación a una cooperación condicionada por la evidencia, mientras busca proteger sus intereses económicos, llegando incluso a paralizar una inversión de US$30 millones en Coronel a raíz del debate legislativo.

Contexto Estructural: La Ley que no Pudo Proteger

Irónicamente, la Ley 21.446, conocida como “Ley Supersol”, fue promulgada precisamente para evitar este tipo de situaciones. Nacida de una tragedia similar ocurrida años antes en el sur, obliga a las embarcaciones de mayor tamaño a contar con sistemas de registro audiovisual para garantizar la trazabilidad y la rendición de cuentas en caso de accidentes. La desaparición de las grabaciones del ‘Cobra’ no solo es una pieza clave que falta en el puzzle judicial, sino que representa el fracaso de una herramienta legal diseñada para proteger a los más vulnerables en el mar. Pone en tela de juicio si la normativa es suficiente cuando no existen mecanismos de fiscalización infalibles o cuando la voluntad de ocultar la verdad prevalece.

Estado Actual: Una Investigación Abierta y una Espera Angustiante

El caso sigue abierto. La investigación penal está supeditada a los resultados que arroje el peritaje del FBI sobre la “caja naranja”. De comprobarse una manipulación deliberada, el escenario judicial para la tripulación y los ejecutivos de Blumar se complicaría drásticamente, pasando de un posible cuasidelito de homicidio a figuras como la obstrucción a la investigación. Para las familias de los siete pescadores del ‘Bruma’, la espera continúa. El mar aún no devuelve los cuerpos, y la justicia, como un barco pesado, avanza lento hacia un horizonte que esperan, finalmente, traiga la verdad a la superficie.