Marea de Cambios: La Ley de Fraccionamiento Pesquero y el Futuro Incierto de las Costas Chilenas

A más de dos meses de que el Congreso despachara la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, las aguas del debate están lejos de calmarse. La normativa, que redefine el reparto de las cuotas de captura entre el sector industrial y el artesanal, fue concebida para traer mayor equidad a una de las actividades económicas más emblemáticas y conflictivas de Chile. Sin embargo, su aprobación ha dejado un mar de fondo de tensiones económicas, políticas y jurídicas que perfilan un futuro complejo para las comunidades costeras del país.

La ley, que concluyó su tramitación el 18 de junio, no es un mero ajuste técnico. Es una reconfiguración de poder. Su núcleo es el traspaso de porcentajes de captura en 22 pesquerías, con la merluza común como el caso más emblemático. Tras un tortuoso debate, se fijó una distribución de un 45% para la pesca artesanal y un 55% para la industrial, siempre que la cuota global anual no supere las 35.020 toneladas. Este cambio, aunque celebrado por unos, es visto por otros como una amenaza directa a la estabilidad económica regional.

Una Tramitación Tormentosa

El camino legislativo del proyecto fue todo menos tranquilo. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando el subsecretario de Pesca, Julio Salas, reconoció haber entregado datos erróneos durante la discusión. Este error obligó al gobierno a modificar su propuesta original para la merluza (que era de 52% para los artesanales), un cambio que fue decisivo para que la empresa Pacific Blu, en la Región del Biobío, revirtiera su anunciado cierre. Este episodio dejó en evidencia la fragilidad de los equilibrios y el impacto inmediato de las decisiones políticas en el empleo y la inversión regional.

La aprobación final en el Senado, con 38 votos a favor y una abstención, no selló la paz. Por el contrario, abrió nuevos frentes de conflicto.

Las Perspectivas en Tensión: Equidad vs. Estabilidad

La nueva ley ha cristalizado visiones diametralmente opuestas sobre el futuro del sector, exponiendo un dilema central entre la búsqueda de justicia social y la preservación de la certeza jurídica y económica.

La Mirada Industrial: Alerta de Decrecimiento

Desde el corazón industrial pesquero de la Región del Biobío, la reacción ha sido de profundo rechazo. Macarena Cepeda, presidenta de los Pescadores Industriales de la zona, fue categórica: "Nuestro sector deberá iniciar un proceso de decrecimiento y ajuste que lamentablemente impactará la actividad económica de las comunas donde operamos, especialmente Coronel y Talcahuano".

El gremio no solo critica la reasignación de cuotas, sino también la creación de una nueva patente sobre las capturas de jurel, la cual califican de inconstitucional y discriminatoria, al afectar principalmente a empresas de su región. Argumentan que este gravamen se introdujo con "vicios de tramitación" y que golpea la "estabilidad jurídica del país", afectando contratos internacionales ya firmados. Anuncian que respaldarán las acciones legales de las empresas y esperan que prospere el requerimiento de inconstitucionalidad anunciado por parlamentarios de oposición.

La Visión Política y Analítica: Entre el Pragmatismo y la Crítica

El mundo político y académico observa el resultado con matices. Para el economista Pablo García, exvicepresidente del Banco Central, lo positivo es que "el Congreso hace la pega que tiene que hacer, se negocia un nuevo esquema y se logra llegar a una solución", valorando la capacidad del sistema político para procesar conflictos complejos.

Sin embargo, otras voces son más escépticas. Cristóbal Huneeus, director de Data Science de Unholster, calificó el proyecto como "accidentado, con errores" y el acuerdo final como "enredado". Advirtió que "a veces las soluciones políticas no juegan tan bien en el mundo de las empresas", apuntando a que las nuevas reglas podrían generar incentivos perversos que desincentiven el crecimiento.

Desde centros de estudio, las miradas también divergen. Ingrid Jones, de Libertad y Desarrollo, considera que el nuevo fraccionamiento "podría ser favorable" si evita la pérdida de empleos, pero subraya la importancia de analizar su implementación. Por su parte, Soledad Hormazábal, del Centro de Pensamiento Horizontal, celebra el acuerdo en una industria con "mucho conflicto de interés", pero llama a "desmitificar" la imagen de la pesca artesanal, reconociendo que incluye embarcaciones de tamaño considerable.

El Silencio y la Esperanza Artesanal

Aunque la ley busca beneficiar directamente al sector artesanal, su voz ha sido menos prominente en el debate post-aprobación. Para ellos, la normativa representa la culminación de una larga lucha por una distribución más justa de la riqueza marina. Políticos afines al gobierno, como el senador Daniel Núñez (PC), han defendido la ley como un avance en equidad, lamentando que las amenazas de judicialización puedan retrasar la entrega de beneficios a miles de familias que dependen de la pesca a menor escala.

El Futuro: Un Mar de Incertidumbres

La Ley de Fraccionamiento Pesquero ya es una realidad en el papel, pero su verdadera historia recién comienza a escribirse en las caletas y plantas procesadoras. El conflicto ha evolucionado desde el Congreso hacia dos nuevos escenarios: los tribunales, donde se disputará su constitucionalidad y legalidad, y el mercado, donde se medirán sus efectos sobre la inversión, el empleo y la sostenibilidad del recurso.

La pregunta que queda abierta es si esta reforma logrará ser el ancla de un modelo más equitativo y sostenible, o si, por el contrario, ha soltado amarras hacia una nueva era de inestabilidad en las turbulentas aguas de la pesca chilena. La respuesta definirá no solo la economía de las costas, sino también la capacidad del país para conciliar sus deudas históricas con las exigencias del futuro.