La Jaula Abierta: De la Caza de Inmigrantes a los Futuros de la Ciudadanía Desechable y el Estado Depredador

El nuevo umbral del miedo

Lo que comenzó como una retórica de campaña endurecida y gestos simbólicos, como la orden de reabrir la prisión de Alcatraz, ha cristalizado en los últimos meses en una realidad tangible y brutal. Las redadas masivas en lugares de trabajo, la muerte de un trabajador agrícola en California mientras huía de agentes federales y la deportación sumaria de residentes de larga data, como el chileno de 82 años enviado a Guatemala, no son incidentes aislados. Son señales inequívocas de una transformación profunda en la relación entre el Estado y el individuo. Estamos presenciando el despliegue de una nueva doctrina de seguridad que trasciende las fronteras y se instala en el corazón de la vida cotidiana, redefiniendo quién pertenece y quién es, en esencia, desechable.

Este análisis proyecta los escenarios que se abren a partir de esta tendencia, explorando cómo la actual “caza” de inmigrantes podría estar sentando las bases para un nuevo tipo de apartheid social y la consolidación de un Estado depredador en el seno de la democracia occidental.

La arquitectura de la exclusión: de Alcatraz a las redes de datos

La estrategia actual se apoya en dos pilares: la violencia simbólica y la violencia sistémica. La reapertura de Alcatraz, aunque logísticamente cuestionada por expertos, funciona como un poderoso significante: el retorno a una justicia punitiva, espectacular y sin concesiones. Sin embargo, la verdadera innovación no reside en el ladrillo y el mortero, sino en la infraestructura digital de control. La decisión de entregar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el acceso a la base de datos de Medicaid, que contiene información personal de 79 millones de personas, representa un punto de inflexión crítico.

Este acto disuelve la barrera entre los servicios sociales y los aparatos de seguridad. El hospital, la clínica o el programa de asistencia dejan de ser espacios de refugio para convertirse en potenciales trampas. A mediano plazo, este modelo podría expandirse a otras bases de datos públicas (impuestos, licencias de conducir, registros escolares), creando un panóptico digital donde la condición de “ilegalidad” es un atributo que puede ser activado en cualquier momento y contra cualquier persona con un estatus migratorio precario. La ciudadanía, en este contexto, deja de ser un derecho fundamental para convertirse en un privilegio condicional y constantemente auditado.

La ruptura económica: cuando la fuerza laboral se convierte en el enemigo

La ofensiva ha generado un efecto paralizante en sectores clave de la economía. Reportes de industrias como la construcción, la agricultura y los servicios de cuidado alertan sobre una escasez de mano de obra autoinducida. El miedo ha vaciado campos y obras, no por falta de trabajo, sino por el terror a ser detenido. Este fenómeno revela una contradicción fundamental en el discurso político: se persigue a la misma fuerza laboral que sostiene industrias esenciales y que, según muchos economistas, ayuda a contener la inflación.

Los escenarios futuros se bifurcan. Un camino posible es una crisis económica sectorial, con aumentos de precios en alimentos y servicios básicos, y la quiebra de empresas que dependen de esta mano de obra. Otro escenario, más complejo, es una aceleración forzada de la automatización en estos sectores, lo que a largo plazo reconfiguraría el mercado laboral de formas impredecibles, desplazando no solo a los trabajadores inmigrantes sino también a los ciudadanos de bajos ingresos. A su vez, emerge una economía sumergida de la resistencia, con redes de apoyo comunitarias que intentan suplir las funciones de un Estado que ha abandonado su rol protector.

La espiral de violencia: resistencia y represión

La intensificación de la represión estatal está generando, como era previsible, una respuesta. El ataque a agentes federales en Texas es una señal de que ciertos grupos podrían optar por la resistencia armada frente a lo que perciben como una agresión existencial. La respuesta del poder, a su vez, es más militarización. El despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en operativos domésticos, junto a la autorización presidencial para usar “cualquier medio necesario”, borra la distinción entre seguridad interna y conflicto bélico.

A mediano plazo, esta espiral podría conducir a la normalización de enfrentamientos violentos en ciudades y comunidades. El Estado justificaría medidas de excepción cada vez más severas, como toques de queda o la suspensión de garantías civiles, en nombre de la lucha contra el “terrorismo doméstico”. Esto no solo afectaría a las comunidades migrantes, sino que sentaría un precedente para la represión de cualquier forma de disidencia política, consolidando un autoritarismo de facto bajo una apariencia de legalidad democrática.

Futuros plausibles: el apartheid del siglo XXI

Si las tendencias actuales se consolidan, el futuro a largo plazo podría parecerse a un nuevo tipo de apartheid social y migratorio. Una sociedad formalmente democrática, pero funcionalmente segregada en dos niveles:

1. Ciudadanos plenos: Aquellos con derechos garantizados, protegidos por el Estado y beneficiarios de su aparato de seguridad.
2. Residentes precarios: Una masa fluctuante de personas (inmigrantes, pero potencialmente expandible a otros grupos marginados) con derechos condicionales, sujetas a vigilancia constante y cuya permanencia depende de su utilidad económica o de la discrecionalidad política. Son una población “gestionable” y “expulsable”.

Este modelo de “Estado depredador” no solo busca controlar las fronteras, sino que activamente “caza” dentro de ellas, utilizando a una parte de la población como chivo expiatorio para movilizar a su base política y justificar la expansión de su poder. El riesgo mayor es que este modelo demuestre ser políticamente exitoso y sea emulado por otras naciones occidentales que enfrentan presiones migratorias y polarización social.

La disonancia es evidente: una sociedad que depende de la mano de obra inmigrante para funcionar, pero que al mismo tiempo la demoniza y persigue. La pregunta que queda abierta no es si este sistema es sostenible —probablemente no lo sea sin un alto costo humano y económico—, sino qué tipo de sociedad emergerá de sus ruinas. La historia enseña que la deshumanización legalizada de un grupo es a menudo el primer paso hacia la erosión de los derechos de todos.