- La agresión al rector del INBA no es un hecho aislado, sino el síntoma de una fractura profunda heredada del estallido social, que se manifiesta en la crisis de la educación pública.
- El futuro de la convivencia escolar y social se debate entre dos visiones irreconciliables: un conflicto político que exige reformas estructurales o un problema delictual que demanda una respuesta punitiva.
- Se perfilan tres escenarios a mediano plazo: una espiral de criminalización, un diálogo cooptado por la violencia o la guetización definitiva de los liceos emblemáticos, definiendo el futuro de la cohesión social en Chile.
El punto de inflexión: más allá de la molotov
La agresión sufrida el pasado 13 de junio por el rector interino del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, quien fue atacado por un grupo de encapuchados con botellas con bencina, y la quema de un bus del transporte público en las inmediaciones, no son meramente un titular más en la crónica de la violencia escolar. Son una señal crítica, un punto de inflexión que obliga a proyectar las consecuencias de un conflicto que ha dejado de ser un asunto de disciplina interna para convertirse en un fantasma que recorre las aulas de la educación pública, reflejando las heridas no resueltas de la sociedad chilena desde el estallido social de 2019.
La pregunta que emerge ya no es solo cómo detener la violencia, sino qué futuros se construyen a partir de sus cenizas. ¿Estamos ante los últimos espasmos de una protesta que perdió su rumbo, o frente a la consolidación de un nuevo tipo de conflicto anómico y persistente?
Dos narrativas en colisión: ¿malestar social o redes delictuales?
El análisis de los eventos recientes revela dos interpretaciones dominantes que trazan caminos radicalmente distintos para el futuro.
Por un lado, está la perspectiva que, sin dejar de condenar la violencia, la entiende como una expresión degradada pero persistente del malestar social. Voces como la del diputado Gonzalo Winter (FA) recuerdan que “no basta con condenar la violencia para cerrar este capítulo”, insistiendo en que las causas de fondo —pensiones, salud, deuda educativa— siguen vigentes. Desde esta óptica, la violencia en los liceos es un síntoma de un contrato educativo y social roto, donde la promesa de la educación pública como motor de movilidad se ha desvanecido, dejando un vacío de frustración que es capitalizado por la rabia.
En el polo opuesto, se consolida la tesis de la infiltración y organización externa. La investigación periodística y las querellas presentadas por el Municipio de Santiago apuntan a la existencia de “redes que sostienen a los overoles blancos”, con adultos proveyendo logística y financiamiento. Esta narrativa despolitiza el conflicto para enmarcarlo en el ámbito delictual. Si esta visión se impone, el futuro previsible es una escalada en la judicialización y el control policial, donde la comunidad educativa queda atrapada entre la violencia de los encapuchados y la lógica de la seguridad del Estado.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, intenta una síntesis al reconocer un “malestar latente” que trasciende a los partidos, pero en la práctica, las políticas públicas y el debate ciudadano oscilan entre estos dos polos, sin lograr integrarlos en una solución coherente.
Escenarios futuros para la educación pública
La tensión entre estas dos narrativas define tres futuros plausibles, aunque no excluyentes, para los liceos emblemáticos y, por extensión, para la convivencia en Chile.
- La Espiral Punitiva y la Guetización del Conflicto: En este escenario, la narrativa delictual se vuelve hegemónica. La respuesta del Estado se centra en el fortalecimiento de leyes como “Aula Segura”, la instalación de cámaras y la presencia policial permanente. La comunidad escolar se fragmenta: un sector apoya las medidas de mano dura, mientras otro las rechaza por considerarlas una criminalización de la comunidad. A mediano plazo, los liceos emblemáticos podrían convertirse en "zonas de sacrificio", guetos de conflicto donde la violencia se contiene pero no se resuelve. La matrícula continuaría su descenso, consolidando un sistema educativo segregado donde la seguridad se convierte en un bien de consumo accesible solo en el sistema privado. La educación pública emblemática, antes cuna de presidentes, se transformaría en el símbolo de un fracaso colectivo.
- El Diálogo Fallido y la Soberanía de la Violencia: Un futuro gobierno, quizás con un mandato de cambio más claro, podría intentar la vía del diálogo, abordando los petitorios estudiantiles y las demandas estructurales. El punto de inflexión crítico aquí es: ¿los grupos violentos son actores con quienes se puede negociar? Si la tesis de las redes externas con fines de desestabilización es correcta, cualquier intento de diálogo podría ser cooptado. La violencia continuaría, no como medio de presión, sino como fin en sí misma, para demostrar la incapacidad del Estado. Este escenario llevaría a una profunda deslegitimación de las vías políticas y a la consolidación de una “soberanía de la violencia” en ciertos territorios, donde ni el Estado ni la comunidad pueden imponer normas de convivencia.
- La Reconstrucción del Contrato Educativo (El Escenario Menos Probable): Este es el futuro más optimista y, por ende, el más complejo. Requeriría un consenso político y social amplio, que hoy no existe, para impulsar una reforma profunda a la educación pública que combine tres elementos clave: inversión significativa en infraestructura y proyectos educativos, nuevos modelos de gobernanza que otorguen mayor autonomía y participación a las comunidades, y una estrategia de seguridad que aísle a los violentos sin criminalizar a toda la comunidad. Este camino implica que actores tan diversos como el Colegio de Profesores, centros de estudiantes, apoderados, alcaldías y el gobierno central logren construir un pacto. La oportunidad latente es inmensa: transformar los liceos en epicentros de innovación cívica y pedagógica. El riesgo es que requiere un capital político y una confianza social que hoy parecen agotados.
El futuro incierto de la convivencia
Los ataques en el INBA son el reflejo de una sociedad que no ha sabido procesar sus traumas ni canalizar sus demandas. La violencia de los “overoles blancos” es el síntoma, no la enfermedad. La trayectoria que siga Chile no dependerá únicamente de las estrategias policiales o de las reformas que se discutan en el Congreso. Dependerá, fundamentalmente, de la capacidad de la sociedad para responder una pregunta incómoda: ¿qué valor le asignamos a la educación pública como espacio de encuentro y construcción de un futuro común? La respuesta que demos, por acción u omisión, definirá si el fantasma que hoy recorre las aulas se desvanece o se instala permanentemente en el corazón de nuestra convivencia.
El tema representa un microcosmos de tensiones sociales no resueltas que han madurado con el tiempo. La narrativa ha evolucionado desde un hecho puntual de violencia a un debate profundo sobre las causas estructurales, las redes de apoyo y las consecuencias a largo plazo para el pacto social. Permite analizar la erosión de la autoridad institucional, el futuro de la protesta y la instrumentalización del conflicto, ofreciendo múltiples capas para una reflexión prospectiva sobre la cohesión social y el porvenir de la educación pública.