El Limbo de Dominga: Cómo el Silencio de un Tribunal Redibujó el Mapa del Poder Ambiental y Político en Chile

La Calma Después de la Tensión Institucional

A más de dos meses del fallo que sacudió el tablero político y ambiental, el caso del proyecto minero-portuario Dominga ha decantado. Lo que en mayo era una tensa disputa de poder entre el Gobierno y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), hoy es un escenario de consecuencias visibles y reacomodos estratégicos. El 11 de junio, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) rechazó la "contienda de competencias" presentada por el Ejecutivo, un recurso que buscaba invalidar las órdenes del tribunal ambiental por considerar que invadían sus facultades. La decisión del TC fue categórica: el asunto no era una crisis constitucional sobre la separación de poderes, sino una cuestión de legalidad que debía resolverse en las sedes judiciales correspondientes. Con este veredicto, el TC optó por el silencio, pero su no intervención resonó con la fuerza de una sentencia definitiva, redibujando las fronteras del poder en la institucionalidad ambiental chilena.

La Cronología de un Desenlace Anunciado

El camino hacia el fallo del TC fue una escalada de tensiones. A fines de 2024, el 1TA había anulado el rechazo del Comité de Ministros al proyecto, argumentando que se basó en causales improcedentes y ordenando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dictar una nueva resolución favorable. La negativa del Gobierno a acatar esta orden, calificándola de "afirmaciones excedidas" y una invasión a sus competencias, culminó en el requerimiento ante el TC en mayo de 2025.

El rechazo de este recurso por parte del TC fue un revés significativo para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que hizo del "No a Dominga" una de sus promesas emblemáticas. Inmediatamente después del fallo, las reacciones dejaron en claro el nuevo panorama. Andes Iron, la empresa titular del proyecto, celebró la decisión como un triunfo de la certeza jurídica y acusó al Gobierno de llevar adelante una "estrategia obstruccionista y en desacato de sentencias judiciales firmes". Por otro lado, organizaciones como Oceana y Greenpeace lamentaron el fallo, afirmando que "la justicia ambiental está hecha a la medida de la industria", mientras el Ejecutivo se limitaba a declarar que analizaría los alcances de la resolución.

El Pragmatismo Político Emerge en Pleno Debate Presidencial

Las consecuencias más profundas del fallo no se vieron en los tribunales, sino en la arena política. A los pocos días, durante los debates de las primarias presidenciales del oficialismo, el caso Dominga se convirtió en un termómetro del realismo político. La entonces precandidata y exministra del Interior, Carolina Tohá, protagonizó un giro discursivo notable. Reconociendo que "todo va por el camino de que, finalmente, el proyecto será autorizado", pasó de la oposición frontal a una posición pragmática: "Me atrevo a implorar que se cambie el puerto a un lugar distinto del que está previsto", declaró.

Este cambio de postura, que busca una salida negociada para mitigar el impacto ambiental en el Archipiélago de Humboldt sin desechar la inversión de US$ 2.500 millones, contrastó con la posición de otros candidatos como Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC), quienes mantuvieron su rechazo categórico. El debate interno del oficialismo expuso una disonancia constructiva: ¿debe un gobierno mantener una promesa a toda costa, incluso frente a fallos judiciales adversos, o debe adaptarse a la realidad institucional y buscar el mal menor? La postura de Tohá sugiere que una parte del sector ha comenzado a inclinarse por lo segundo.

Un Conflicto que Trasciende lo Ambiental

Con más de una década de tramitación, el proyecto Dominga ha sido un símbolo de la tensión entre desarrollo económico y protección de ecosistemas únicos. Ubicado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt ha sido el principal foco de conflicto. Sin embargo, los eventos recientes demuestran que el caso ha trascendido sus propios límites. Hoy, Dominga es un precedente sobre la fortaleza de la institucionalidad ambiental especializada frente a las decisiones políticas del gobierno de turno.

Expertos como el exministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo, han afirmado que, tras el fallo del TC, el Comité de Ministros está prácticamente obligado a aprobar el proyecto, independientemente de los recursos pendientes. Otros, como el exministro Marcelo Mena, advierten que el gobierno quedó en una "camisa de fuerza".

El Capítulo Final: La Corte Suprema

Aunque el escenario parece inclinarse a favor de la empresa, la historia no está completamente cerrada. La última instancia es un recurso de casación presentado por el Gobierno y organizaciones ambientalistas ante la Corte Suprema. Sin embargo, las esperanzas de los opositores son moderadas. La composición de la Tercera Sala del máximo tribunal ha cambiado, y existe incertidumbre sobre si mantendrá la línea jurisprudencial más garantista en materia ambiental de años anteriores.

El caso Dominga ha dejado de ser una pregunta sobre si se debe o no aprobar un proyecto minero. La interrogante ahora es más profunda: ¿cuál es el verdadero peso de la evaluación técnica en un sistema donde la política y la justicia a menudo colisionan? El desenlace final, que se escribirá en los pasillos de la Corte Suprema, no solo definirá el futuro de La Higuera, sino que también sentará un precedente duradero sobre el equilibrio de poder en el Chile del siglo XXI.