El Nudo Gordiano de Chile: Cómo la Batalla por la 'Permisología' Define el Futuro del Crecimiento y la Sostenibilidad

Inicio Contextualizado: De la Técnica a la Trinchera Política

En los últimos meses, un término que antes habitaba los pasillos de ministerios y directorios de empresas se ha instalado en el centro del debate nacional: 'permisología'. Lo que nació como una discusión técnica sobre cómo desatar los nudos burocráticos que frenan la inversión en Chile, ha madurado hasta convertirse en una profunda contienda ideológica. La historia alcanzó su clímax a principios de julio, cuando 42 diputados, una parte significativa de la propia coalición de gobierno, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar aspectos clave de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el proyecto estrella del Ejecutivo para abordar este problema. Este acto no solo congeló la iniciativa, sino que expuso una fractura fundamental sobre qué entiende Chile por desarrollo.

Desarrollo Analítico: El Camino de una Ley y sus Controversias

El diagnóstico inicial era casi unánime. Desde el sector de la salud, donde se denunciaba que la tramitología retrasaba la apertura de pabellones y el acceso a nueva tecnología, hasta los grandes proyectos de energías renovables, como el megaproyecto de hidrógeno verde de AES en Antofagasta que solicitó más tiempo para responder a observaciones ambientales, la evidencia apuntaba a un sistema lento y engorroso. Con más de 400 permisos distintos para ciertos proyectos y sin una ventanilla única efectiva, la 'permisología' se consolidó como uno de los principales inhibidores del crecimiento económico.

En respuesta, el gobierno impulsó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Su objetivo: simplificar, digitalizar y establecer plazos para la maraña de trámites. La iniciativa fue aplaudida por gremios empresariales y un amplio espectro de economistas que, en diversos documentos y propuestas, identificaron la 'permisología' como un obstáculo crítico a superar para que el país retome una senda de crecimiento robusto.

Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba en el Congreso, las alarmas comenzaron a sonar desde otro frente. Organizaciones ambientales y un grupo creciente de parlamentarios advirtieron que, bajo el velo de la modernización, se escondía una desregulación peligrosa. La tensión llegó a un punto de no retorno con la aprobación del proyecto, gatillando el requerimiento al TC por parte de un bloque liderado por el diputado socialista Daniel Melo.

Perspectivas Contrastadas: ¿Eficiencia o Desprotección?

La controversia revela dos visiones legítimas pero antagónicas del futuro de Chile.

Por un lado, está la perspectiva pro-crecimiento. Sus defensores, desde académicos hasta directores de empresa, argumentan que el objetivo no es 'manga ancha para depredar', sino 'regular mejor'. Sostienen que la parálisis burocrática, a veces disfrazada de 'compliance' o prudencia corporativa, no solo frena la economía, sino que tiene costos sociales concretos, como la demora en infraestructura sanitaria. Para este sector, la agilidad y la certeza jurídica son prerrequisitos para la inversión, el empleo y, en última instancia, para financiar las demandas sociales. Advierten contra un 'alarmismo' que, en su opinión, paraliza el progreso y siembra una desconfianza incompatible con el desarrollo sostenible.

En la vereda opuesta, se encuentra la perspectiva precautoria. Los 42 diputados oficialistas que acudieron al TC, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, argumentan que la ley debilita el rol fiscalizador del Estado. Critican figuras como la declaración jurada simple, que permitiría a los titulares de proyectos certificar el cumplimiento de ciertas normativas, en lugar de ser evaluados proactivamente por un organismo técnico. El diputado Melo lo resumió así: 'No somos ningunos terroristas ecológicos, sólo queremos poner la situación en una justa dimensión'. Para este grupo, la ley transgrede derechos constitucionales como el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la protección de la salud. Temen que, en la práctica, se sacrifique la calidad de las evaluaciones en el altar de la velocidad, beneficiando a grandes proyectos en detrimento de las comunidades y los ecosistemas.

Contexto Estructural: Un Dilema Histórico

Este conflicto no es nuevo. Resuena con la tensión histórica de un país cuya economía ha dependido fuertemente de la explotación de recursos naturales. Casos emblemáticos del pasado, como los conflictos socioambientales en Freirina, Valdivia o en torno a proyectos mineros, forman el telón de fondo de la desconfianza actual. La 'permisología' se convierte así en el campo de batalla donde se libra una vez más la disputa entre el modelo extractivista y la búsqueda de una sostenibilidad que vaya más allá del discurso.

La ironía es que esta batalla se da en un momento en que Chile busca posicionarse como líder en industrias verdes como el litio y el hidrógeno verde, proyectos que, paradójicamente, también enfrentan los mismos laberintos regulatorios que la nueva ley busca simplificar.

Estado Actual: Un Nudo en Manos del Tribunal Constitucional

Hoy, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales se encuentra en un limbo jurídico, a la espera del veredicto del TC. Su futuro es incierto. El requerimiento no solo ha puesto en jaque una política clave del gobierno, sino que ha evidenciado las profundas diferencias ideológicas que subsisten dentro de la propia coalición gobernante. La decisión del tribunal no solo sellará el destino de esta ley, sino que enviará una potente señal sobre cómo Chile pretende resolver su nudo gordiano: la cuadratura del círculo entre crecer económicamente, proteger su invaluable patrimonio natural y garantizar el bienestar de sus ciudadanos. El debate está lejos de cerrarse; simplemente ha escalado a su arena más decisiva.