A más de 90 días de que WOM emergiera del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, el sector de las telecomunicaciones en Chile se revela como un ecosistema en profunda transformación. La supervivencia de WOM, lejos de ser un capítulo cerrado, ha destapado una serie de tensiones subyacentes que van desde la viabilidad financiera de los operadores hasta el rol del Estado como regulador y garante de compromisos estratégicos como la red 5G. El escenario actual no es solo la historia de una empresa, sino el reflejo de un mercado que se reconfigura a la fuerza, marcado por una competencia agresiva, disputas regulatorias y movimientos estratégicos que podrían cambiar el mapa de actores en el corto plazo.
La trayectoria de WOM post-reorganización es una de resiliencia y conflicto. Por un lado, la compañía ha mostrado avances concretos, como la finalización de su proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON) y la aprobación de nuevos recursos para avanzar en el despliegue del 5G, principalmente en el norte del país. Sin embargo, su principal frente de batalla sigue abierto y es con el Estado. El reciente fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que rechazó la medida cautelar solicitada por la empresa, ha dejado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) con la vía libre para, eventualmente, cobrar las boletas de garantía por cerca de US$50 millones debido a los retrasos en la implementación de la red 5G.
Desde WOM argumentan que un cobro total sería "desproporcionado", dado que afirman tener más del 84% del proyecto desplegado. La Subtel, por su parte, se mantiene firme en su rol fiscalizador, habiendo advertido incluso con la caducidad de la concesión. Esta pugna evidencia una disonancia fundamental: mientras la empresa pide flexibilidad para asegurar su viabilidad, el regulador prioriza el cumplimiento estricto de los contratos que sustentan la infraestructura crítica del país.
Paralelamente, el resto del mercado no espera. Las cifras de portabilidad de los primeros meses de 2025 son elocuentes: Claro (junto a VTR) se consolida como el gran ganador, capturando más de 100 mil nuevos clientes netos. En la vereda opuesta, los actores tradicionales, Entel y Movistar, registran las mayores pérdidas. Este fenómeno no es casual; responde a estrategias comerciales agresivas y a una percepción de los usuarios sobre la calidad y cobertura de las redes, donde el 5G juega un papel cada vez más relevante.
La agitación se extiende a los directorios. Los rumores sobre una eventual venta de Movistar Chile se intensifican, en línea con la estrategia de su matriz Telefónica de centrarse en Europa. Asimismo, el interés de DirecTV por adquirir Mundo Pacífico para fortalecer su posición en el lucrativo mercado de la fibra óptica demuestra que el juego no está en la telefonía móvil tradicional, sino en la conectividad integral del hogar y la empresa.
El diagnóstico sobre la salud del sector divide a sus protagonistas. Para Antonio Büchi, CEO de Entel, la industria está en la "UTI" (Unidad de Tratamientos Intensivos), argumentando que el mercado chileno solo soportaría tres operadores móviles y que la carga regulatoria es excesiva. Esta visión aboga por una consolidación que alivie la presión financiera.
Una perspectiva radicalmente distinta la ofrece el consultor Oscar Cabello, quien sostiene que la solución no es restringir la competencia, que considera un "ejemplo internacional", sino modernizar una regulación "anacrónica y compleja" y abordar los altos costos estructurales, como el valor del espectro radioeléctrico y la energía. Para esta visión, el problema no es el número de actores, sino las reglas del juego.
La Subtel, en medio de este debate, actúa con un doble enfoque. Por un lado, ejerce su poder sancionatorio con WOM, insistiendo en el cumplimiento de los plazos. Por otro, observa los movimientos del mercado, declarando que una eventual venta de Movistar es una decisión de sus accionistas, pero destacando las inversiones que la firma sigue anunciando en el país.
El actual escenario no es un hecho aislado. Es la consecuencia de un modelo de alta competencia que, si bien ha beneficiado a los consumidores con precios bajos, ha llevado los márgenes de los operadores a niveles críticos. La transición al 5G, una tecnología que requiere inversiones masivas, ha sido el catalizador que ha expuesto estas debilidades financieras.
El tema está lejos de estar cerrado. La disputa entre WOM y el Estado chileno continuará su curso en el CIADI, y su desenlace será clave no solo para el futuro de la compañía, sino para sentar un precedente sobre cómo se resuelven los conflictos contractuales en proyectos de infraestructura estratégica. Mientras tanto, el mercado seguirá su dinámica de reconfiguración, con la portabilidad como termómetro del descontento y la preferencia de los usuarios, y con la posibilidad latente de fusiones o adquisiciones que redibujen el panorama competitivo.
La pregunta fundamental sigue en el aire y definirá la próxima década del sector: ¿Necesita Chile menos competidores para tener una industria más sana, o requiere una regulación más inteligente que fomente la inversión sin sacrificar la competencia que tanto ha beneficiado a los ciudadanos? La respuesta, por ahora, se construye en tiempo real, entre fallos arbitrales, balances financieros y la decisión diaria de miles de chilenos de cambiar de compañía.