La Fuga del Influencer: Cómo el Caso de los Santos Redibujó las Fronteras de la Justicia y la Impunidad en la Era Digital

Introducción: Más allá del delito, el presagio

El caso de Martín de los Santos, el empresario que agredió brutalmente a un conserje en Vitacura, trascendió rápidamente las páginas de la crónica roja para convertirse en un síntoma de tensiones futuras. Su fuga a Brasil, su desafío a los tribunales chilenos a través de medios y redes sociales, y su eventual captura, no constituyen solo una secuencia de hechos delictuales, sino un mapa de los nuevos campos de batalla donde se dirimirá la justicia en el siglo XXI. La historia ha madurado y sus consecuencias visibles nos permiten proyectar tres escenarios críticos: la erosión de la soberanía penal, la sofisticación de la "justicia de clase" a una versión 2.0, y la consolidación de la presión digital como un poder fiscalizador de doble filo.

Escenario 1: La Soberanía Penal en Jaque

La facilidad con la que De los Santos abandonó Chile, a pesar de estar en medio de un proceso judicial de alta connotación, es una señal inequívoca de una tendencia global: para quienes poseen los recursos, las fronteras nacionales son cada vez más porosas. Este fenómeno pone en tensión el concepto de soberanía penal, la capacidad de un Estado para hacer cumplir sus leyes dentro de su territorio.

En el futuro previsible, veremos a los sistemas judiciales forzados a una de dos vías. La primera es una aceleración de la cooperación internacional, con tratados más ágiles para la extradición y la implementación de tecnologías de seguimiento transfronterizo para imputados de alto riesgo. Esto podría incluir desde notificaciones automáticas entre sistemas migratorios hasta la estandarización de audiencias telemáticas transnacionales, algo que el propio De los Santos intentó usar a su favor. El punto de inflexión crítico será la voluntad política de los Estados para ceder cuotas de soberanía en pos de una justicia más eficaz contra la delincuencia globalizada y los "nómadas de la impunidad".

Una posibilidad alternativa es que, ante la complejidad y lentitud de la cooperación, los Estados opten por un endurecimiento de las medidas cautelares preventivas. La prisión preventiva o el arraigo nacional podrían volverse la norma y no la excepción en casos que involucren a imputados con alta movilidad y recursos, generando un debate sobre la presunción de inocencia. El caso De los Santos, donde una falla inicial en no decretar arraigo permitió la fuga, servirá de argumento central para esta postura más restrictiva.

Escenario 2: La Justicia de Clase 2.0 y la Guerra de Narrativas

El caso es un arquetipo de la percepción de una "justicia para ricos", pero con una actualización digital. La estrategia de De los Santos no se limitó a la defensa legal; desplegó una ofensiva de relaciones públicas y deslegitimación institucional. Al acusar a la jueza de montar un “show mediático” y de ceder a la “opinión pública”, y al presentarse a sí mismo como una víctima de un sistema vulnerado, no solo se defendía del cargo, sino que atacaba la legitimidad de todo el proceso. Su uso de Instagram para apelar a “millones de seguidores” desde una cárcel en Brasil es la manifestación más clara de esta nueva táctica.

Esta dinámica prefigura un futuro donde los litigios de alto perfil se librarán en dos frentes paralelos: el tribunal de justicia y el tribunal de la opinión digital. Es probable que veamos un auge de agencias especializadas en "litigios de reputación", que combinen estrategias legales con campañas digitales para moldear la percepción pública, presionar a los actores judiciales y crear narrativas que favorezcan a sus clientes. Esto no es nuevo, pero la velocidad, el alcance y la capacidad de micro-segmentación de las redes sociales magnifican su impacto.

El mayor riesgo de esta tendencia es una profunda erosión de la confianza en las instituciones. Si cada decisión judicial puede ser enmarcada como el resultado de una manipulación mediática o de una conspiración de las élites, la idea de una justicia imparcial se vuelve insostenible. El ciudadano común queda atrapado en una disonancia cognitiva, sin saber si creer en el veredicto de un juez o en la narrativa viralizada por un influencer.

Escenario 3: La Vigilancia Digital como Contrapeso y Amenaza

Si De los Santos utilizó las redes para su defensa, fue también la presión ciudadana en esas mismas plataformas la que probablemente catalizó una respuesta más contundente del sistema judicial. La indignación viral por la brutalidad de la agresión y la aparente impunidad inicial actuó como un poderoso fiscalizador ciudadano, un contrapeso que obligó a las instituciones a actuar con celeridad y a visibilizar sus acciones, como la solicitud de alerta roja a Interpol.

Este escenario abre una oportunidad latente: el empoderamiento de la ciudadanía para vigilar el poder y exigir rendición de cuentas. Las redes sociales pueden dar voz a víctimas que de otro modo serían silenciadas y exponer fallas sistémicas que antes permanecían ocultas. Sin embargo, este panóptico digital es una herramienta de doble filo.

El principal riesgo es la transición de la fiscalización a la justicia por mano propia digital. La presión pública, si bien puede impulsar la justicia, también puede distorsionarla, llevando a decisiones basadas en el clamor popular y no en la evidencia. El temor a ser "cancelado" o a enfrentar una turba digital podría influir en jueces, fiscales y abogados, socavando su independencia.

Síntesis de Futuros Plausibles

El caso de Martín de los Santos no será un incidente aislado, sino el prototipo de un conflicto recurrente. Nos deja ante un futuro donde la justicia deberá volverse tan transnacional, digital y mediática como los delitos y los delincuentes a los que se enfrenta. Las instituciones se verán obligadas a reformar sus mecanismos de cooperación internacional, a desarrollar protocolos para enfrentar las guerras de narrativas digitales y a encontrar un equilibrio entre la transparencia demandada por la ciudadanía y la necesaria reserva para garantizar un debido proceso.

La pregunta que queda abierta no es si estos escenarios ocurrirán, sino cómo la sociedad chilena decidirá navegar por ellos. ¿Fortaleceremos las instituciones para que resistan las presiones externas, o permitiremos que la justicia se convierta en otro espectáculo mediático donde la verdad es relativa y la impunidad, una opción para quien pueda costearla, tanto en dinero como en influencia digital?