El Martillo Roto: De la Fuga de un Sicario a los Futuros de la Justicia Colapsada y el Contrato de Seguridad en Chile

La Anatomía de un Colapso

La noticia no es que un sicario se haya fugado. La verdadera noticia es el estruendo del martillo de la justicia al romperse. La liberación y posterior escape de Alberto Carlos Mejía Hernández, miembro de una red criminal internacional, no fue un simple fallo administrativo; fue un evento-señal, una grieta que expuso las tensiones tectónicas que recorren el subsuelo institucional de Chile. Ocurrido el 9 de julio de 2025, el incidente se desencadenó por una caótica secuencia de oficios electrónicos emitidos desde el 8º Juzgado de Garantía de Santiago en un lapso de apenas 11 minutos. Primero, la orden de prisión preventiva. Luego, una anulación para corregir la identidad del imputado. Finalmente, una nueva orden de reclusión que, en la práctica, nunca se materializó.

Independientemente de si la causa fue la infiltración corrupta o una incompetencia burocrática abrumadora —una disyuntiva que la investigación fiscal deberá aclarar—, el resultado fue el mismo: la impunidad. Este hecho no puede analizarse de forma aislada. Ocurre en un contexto de creciente violencia en espacios públicos como los centros de salud, la detección de "narcomilitares" en las Fuerzas Armadas y un debate parlamentario que culminaba, casi simultáneamente, con la creación de una Fiscalía Supraterritorial, una figura diseñada para combatir al crimen organizado pero que, a su vez, genera temores fundados sobre la concentración de poder y la politización de la justicia. La fuga, por tanto, es el catalizador que obliga a proyectar los futuros posibles para un Estado cuyo contrato de seguridad con la ciudadanía parece pender de un hilo.

Escenario 1: El Leviatán Centralizado y el Super Fiscal

Una trayectoria probable, impulsada por la urgencia política y la demanda ciudadana de mano dura, es la consolidación de un modelo de justicia híper-centralizado. La recién creada Fiscalía Supraterritorial, bajo el control directo y de "exclusiva confianza" del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se convierte en el paradigma a seguir. En este futuro, el Estado responde a su propia debilidad redoblando la apuesta por la concentración de poder. Se crean unidades de élite, con fiscales y policías especializados que operan con un mandato nacional, por encima de las jurisdicciones regionales, buscando la eficiencia y la contundencia contra redes criminales complejas.

El éxito de este modelo dependerá de su capacidad para ofrecer resultados rápidos y visibles. Sin embargo, los riesgos son monumentales. La principal incertidumbre radica en el control de este nuevo leviatán. ¿Quién vigila al super fiscal? La dependencia directa del Fiscal Nacional abre una puerta a la instrumentalización política. Un gobierno podría usar esta herramienta para perseguir a adversarios, o un Fiscal Nacional con agenda propia podría acumular un poder sin contrapesos efectivos. Ex-fiscales como Sabas Chahuán y Rodrigo de la Barra ya han advertido sobre este peligro. En este escenario, la independencia judicial, pilar de la democracia, podría ser sacrificada en el altar de una seguridad autoritaria, donde la efectividad se mide en golpes mediáticos más que en el respeto al debido proceso.

Escenario 2: La Soberanía del Miedo y la Seguridad Fragmentada

Un futuro alternativo, y quizás más distópico, emerge de la inacción o del fracaso de las reformas centralizadoras. Si la percepción de que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad se consolida, la confianza se evapora por completo. El contrato social se rompe y es reemplazado por una multitud de contratos privados. En este escenario, la seguridad deja de ser un derecho público para convertirse en una mercancía de lujo.

La vida cotidiana se reconfigura en torno al miedo. Se expanden las comunidades cerradas, los guardias privados adquieren un rol cuasi-policial y los municipios, presionados por sus vecinos, exigen y obtienen mayores atribuciones de seguridad, creando feudos locales con normativas y capacidades dispares. Los espacios públicos, como los más de 300 centros de salud ya identificados como de alto riesgo, se convierten en territorios en disputa o zonas de abandono estatal. La llamada de la candidata Evelyn Matthei a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) deja de ser una táctica política para convertirse en un síntoma recurrente de la desesperación de un Estado que admite su incapacidad para gobernar. El crimen organizado no necesita tomarse el poder; simplemente ocupa los vacíos que el Estado ha dejado, estableciendo su propia forma de gobernanza a través de la extorsión y la violencia.

Escenario 3: La Reforma Intermitente y el Laberinto de la Desconfianza

Entre el autoritarismo y la anarquía se encuentra el futuro más probable: el de la reforma intermitente. En este escenario, Chile queda atrapado en un ciclo de crisis y reacción. La fuga del sicario provoca auditorías en el Poder Judicial, sumarios en Gendarmería y la promesa de nuevas tecnologías de interoperabilidad. Se aprueban leyes con nombres grandilocuentes, pero las reformas estructurales se estancan en el debate político.

La tensión histórica entre la justicia militar y la civil, evidenciada en el caso de los funcionarios de la FACH involucrados en narcotráfico, sigue sin resolverse, creando zonas grises que el crimen organizado explota. La Fiscalía Supraterritorial opera, pero con recursos limitados y bajo constante escrutinio político, sin lograr desarticular las redes de corrupción que permitieron la fuga en primer lugar. La confianza ciudadana se mantiene en niveles crónicamente bajos. El sistema no colapsa del todo, pero funciona con una lentitud y una ineficacia que perpetúan la sensación de vulnerabilidad. Cada nuevo escándalo —otra fuga, un nuevo caso de corrupción, un fallo judicial inexplicable— reinicia el ciclo de indignación, acusaciones cruzadas y soluciones parciales, sin que el país logre salir del laberinto.

El Futuro en una Encrucijada

La fuga de Alberto Mejía Hernández ha dejado de ser una anécdota criminal para convertirse en una pregunta existencial para el Estado chileno. Los caminos que se abren no son sencillos. La elección no es entre seguridad e inseguridad, sino entre diferentes modelos de sociedad y de justicia, cada uno con sus propias promesas y peligros. El punto de inflexión clave será si la investigación sobre la fuga revela una corrupción profunda o una falla sistémica, pues cada diagnóstico conduce a un tratamiento radicalmente distinto. El futuro de la seguridad en Chile no se juega en la recaptura de un prófugo, sino en la capacidad colectiva para reconstruir la confianza sobre los escombros de un sistema que, por un momento, dejó de funcionar.