El Sello del Salar: Cómo el Pacto Codelco-SQM Redibujó el Futuro del Litio y Puso a Prueba la Memoria de Chile

A más de dos meses de la firma que selló la asociación entre Codelco y SQM, el estruendo del debate público ha comenzado a disiparse, dando paso a la fase de implementación de un acuerdo que define el futuro de la industria del litio en Chile para las próximas cuatro décadas. Lo que fue una noticia de alto impacto se ha decantado en una realidad estratégica con consecuencias visibles: un camino despejado para la explotación conjunta del Salar de Atacama, pero con las cicatrices de una discusión que puso a prueba la capacidad del país para conciliar pragmatismo económico, memoria histórica y visiones contrapuestas sobre el interés nacional.

La alianza, que materializa la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, establece que a partir de 2025 se creará una sociedad conjunta, en la cual Codelco tendrá una participación mayoritaria (50% más una acción) desde 2031 hasta 2060. SQM, por su parte, aporta su vasta experiencia operativa, tecnología de punta y la continuidad de la producción, evitando una interrupción que habría sido costosa para el fisco.

La Defensa del Pragmatismo Estratégico

Desde el oficialismo y los directorios de ambas compañías, la defensa del acuerdo ha sido férrea y consistente. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, ha sido el principal vocero de esta postura, argumentando que la negociación directa era la única vía para asegurar la continuidad operacional y maximizar los beneficios para Chile sin los retrasos y la incertidumbre de una licitación internacional. “Hemos actuado de manera diligente, rápida y con sentido de urgencia, en favor del país”, afirmó Pacheco, asegurando que la decisión fue tomada por un directorio profesional y unánime.

Esta visión es compartida por la nueva presidenta de SQM, Gina Ocqueteau, quien destacó que la alianza garantiza al Estado ingresos por US$ 2.400 millones entre 2025 y 2030, y el 85% del margen operacional a partir de 2031. “Sería imposible con otra empresa”, sostuvo, refutando la idea de una decisión “a dedo” y subrayando que se realizaron evaluaciones exhaustivas, incluyendo la asesoría de Morgan Stanley, para determinar que esta era la opción más rentable.

Economistas como Ricardo Ffrench-Davis y Guillermo Larraín han reforzado esta línea, calificando el acuerdo como “estratégicamente importante” y una “ganancia de oportunidad crucial” que anticipa en seis años el ingreso de recursos al Fisco. Para ellos, la decisión de no licitar responde al deber de Codelco de operar como una empresa que maximiza su valor, un patrimonio de todos los chilenos.

La Vereda Crítica: Licitación, Transparencia y el Fantasma de SQM

En la otra cara de la moneda, las críticas no han sido menores. El Grupo Errázuriz, con intereses en la minería, lideró la ofensiva al encargar un informe a la consultora Quiroz & Asociados. Dicho estudio concluyó que el Estado habría dejado de percibir US$ 5.200 millones al no realizar una licitación abierta y competitiva. Pacheco desestimó estas cifras como “cálculos de una servilleta”, acusando intereses comerciales directos por parte del grupo.

El Grupo Errázuriz respondió lamentando la “actitud y declaraciones” del presidente de Codelco y abogando por un “debate informado, sin estridencias ni caricaturas”. Su postura, respaldada por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que recomendó anular el pacto, se centra en un principio fundamental: una licitación pública es el mecanismo más transparente y competitivo para garantizar el mejor negocio para el Estado.

Subyacente a esta disputa técnica y económica, persiste una tensión de carácter histórico y ético. SQM es una empresa cuyo origen está indisolublemente ligado a la dictadura de Augusto Pinochet y a la figura de su ex yerno, Julio Ponce Lerou. Además, ha estado envuelta en escándalos de financiamiento irregular de la política. Para un sector de la sociedad, asociarse con SQM implica una suerte de amnesia selectiva, una concesión pragmática que legitima a un actor con un pasado controvertido. El acuerdo, por tanto, genera una disonancia cognitiva: se busca asegurar el futuro económico de Chile de la mano de una empresa que representa un pasado que muchos preferirían no olvidar.

El Tablero Geopolítico y los Frutos de la Riqueza

Con el debate interno en una nueva fase, la atención se ha desplazado al escenario internacional. La concreción final del acuerdo depende de la aprobación de ocho jurisdicciones, siendo la más compleja la de la State Administration for Market Regulation (SAMR) de China. El gigante asiático, que produce el 80% de las baterías de litio del mundo, analiza con lupa un pacto que afectará la seguridad de su suministro para las próximas décadas. Competidores como la china Tianqi han presentado sus aprensiones, añadiendo una capa de complejidad geopolítica al proceso.

Mientras tanto, los beneficios del "oro blanco" ya están siendo reinvertidos. Los contratos vigentes de Corfo con SQM y Albemarle destinan cientos de millones de dólares a financiar proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D), como el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) en Antofagasta. Esta es la promesa de que la riqueza del salar no solo engrosará las arcas fiscales, sino que también sembrará las bases para una economía diversificada y sostenible.

Un Pacto Sellado, una Narrativa Abierta

El camino para la alianza Codelco-SQM está trazado y parece irreversible. Las discusiones sobre su legalidad y mérito han dado paso a la logística de su implementación. Sin embargo, el debate que generó sigue vivo. El pacto representa una decisión de Estado que priorizó la velocidad y la certeza operativa sobre la competencia abierta. Su éxito no se medirá únicamente en los miles de millones de dólares que aporte al Fisco, sino en su capacidad para fomentar un desarrollo industrial sostenible y, quizás lo más complejo, en cómo la sociedad chilena procesará la paradoja de construir su futuro sobre un pilar con un legado tan pesado.