El Certificado Roto: Anatomía de la Crisis de Confianza que las Licencias Médicas Fraudulentas Dejaron al Descubierto

Inicio Contextualizado: La Calma Después del Terremoto

A más de dos meses de que el informe de la Contraloría General de la República cayera como una bomba en el debate público, el estruendo inicial ha dado paso a un análisis más sosegado pero igualmente inquietante. Lo que comenzó en mayo de 2025 como una cifra escandalosa —25.078 funcionarios públicos que viajaron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica— ha madurado hasta convertirse en una radiografía de las fracturas en la confianza y la probidad del aparato estatal. La discusión ya no se centra solo en el fraude, sino en las fallas sistémicas, las responsabilidades políticas y la cultura institucional que permitieron que una herramienta de protección social se transformara en un mecanismo de abuso generalizado.

Desarrollo Analítico: Un Goteo Incesante de Casos

La revelación de la Contraloría fue solo el primer acto. Lo que siguió fue un goteo incesante de casos específicos que le pusieron rostro y contexto al problema, demostrando que no se trataba de hechos aislados, sino de un patrón transversal.

El caso del Cesfam de Pemuco, donde los siete médicos titulares se ausentaron simultáneamente con licencias, algunas emitidas entre ellos mismos como medida de presión por un bono no pagado, fue uno de los primeros en ilustrar la audacia del fenómeno a nivel local. Pronto, la crisis escaló a las altas esferas del poder y a distintas regiones.

En Magallanes, la exdelegada presidencial Luz Bermúdez (Frente Amplio) admitió haber viajado a Argentina durante una licencia psiquiátrica. En el Biobío, se abrió un sumario contra Amanda Monsalve, hija del exsubsecretario Manuel Monsalve, por presuntamente emitir una licencia irregular a su padre. En Los Lagos, se notificó de sumarios a 79 funcionarios de la salud municipal de Puerto Montt y una fiscal de Puerto Varas fue suspendida por la misma razón, llevando el escándalo hasta el Poder Judicial.

La crisis tocó directamente al círculo del Presidente Gabriel Boric con la renuncia de su cuñada, Fiona Bonati, quien trabajaba en la Segegob y viajó al extranjero durante su licencia postnatal. Estas renuncias y sumarios, si bien buscaron actuar como cortafuegos, no hicieron más que confirmar la profundidad y extensión del problema.

Perspectivas Contrastadas: Entre la Sanción y la Defensa

La reacción ante la crisis ha sido un crisol de posturas que reflejan las tensiones políticas y sociales del país:

• La Vereda Política: Desde la oposición, particularmente Chile Vamos, la respuesta fue inmediata y dura. Presentaron un proyecto de ley que busca establecer la destitución inmediata como sanción para el uso fraudulento de licencias, argumentando que las herramientas actuales son insuficientes. El oficialismo, por su parte, ha optado por una estrategia de control de daños, enfatizando la aplicación de los sumarios correspondientes y la promulgación de una ley, ya en trámite, que endurece las sanciones a los emisores de licencias fraudulentas. Sin embargo, los casos que involucran a figuras cercanas al gobierno han sido un flanco de críticas constante.

• La Voz de los Funcionarios: Los gremios del sector público han navegado en una posición compleja. Si bien han condenado públicamente el mal uso de las licencias, también han alertado sobre una “campaña de desprestigio” que estigmatiza a la totalidad de los trabajadores del Estado. Líderes como Jury Nova, de la Confusam en Los Lagos, han pedido que cada caso sea revisado en su mérito, reconociendo que hay situaciones, como las licencias de salud mental, donde un viaje podría ser parte de la terapia recomendada. Esta postura busca diferenciar al infractor del colectivo, aunque la magnitud del escándalo ha dificultado esta distinción en la opinión pública.

• La Falla Estructural: Más allá de las conductas individuales, los informes de la propia Contraloría han revelado un sistema de fiscalización deficiente. El hallazgo de 5.104 cuentas de usuarios activos de personas fallecidas en la plataforma de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) o el hecho de que 1.470 médicos emitieran licencias mientras ellos mismos estaban con reposo, son síntomas de un sistema vulnerable y con graves vacíos de control.

Contexto y Estado Actual: De la Crisis a la Reconstrucción

El abuso de licencias médicas no es un problema nuevo en Chile; ha sido un debate recurrente sobre el gasto fiscal y el ausentismo laboral. Sin embargo, la crisis de 2025 marcó un punto de inflexión al conectar este abuso directamente con la fe pública y la probidad de quienes sirven al Estado. Dejó de ser una estadística económica para convertirse en una crisis de confianza.

Actualmente, el tema ha transitado de la noticia de impacto a una fase de gestión administrativa y legislativa. Los 1.908 sumarios iniciados solo en el sector salud son procesos lentos cuyas conclusiones tardarán en llegar. El debate legislativo continúa, buscando un equilibrio entre sanciones ejemplificadoras y el respeto a los derechos de los trabajadores. La pregunta que queda abierta es si esta crisis servirá como un catalizador para una reforma profunda de los mecanismos de control y una reflexión sobre la ética en la función pública, o si, una vez pasada la tormenta mediática, las malas prácticas volverán a arraigarse en un sistema que demostró ser profundamente permeable al fraude.