El Legado en Litigio: Anatomía de la Controversia por la Casa de Guardia Vieja

Inicio Contextualizado: De Símbolo a Conflicto

Lo que comenzó como un gesto de reparación histórica —la adquisición por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja— se transformó, en el transcurso de los últimos meses, en un complejo caso de estudio sobre la intersección entre memoria, poder y legalidad. A más de 60 días del estallido de la crisis, el polvo de la contingencia se ha asentado, permitiendo analizar no solo el error administrativo que la originó, sino las profundas fracturas políticas y los debates sobre probidad que dejó al descubierto.

La iniciativa, impulsada personalmente por el Presidente Gabriel Boric, buscaba convertir el inmueble en un espacio de memoria. Sin embargo, el proyecto se derrumbó estrepitosamente al chocar con una barrera legal fundamental: la inhabilidad constitucional que impedía a la entonces senadora Isabel Allende y a la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, ambas propietarias y herederas, celebrar contratos de compraventa con el Estado. El resultado fue un terremoto político cuyas réplicas aún se sienten.

Desarrollo Analítico: Crónica de un Error No Forzado

La evolución del conflicto expuso una cadena de fallos y desprolijidades. El punto de inflexión fue la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a Isabel Allende de su escaño senatorial, un hecho de enorme peso simbólico y político. Este evento no solo descabezó a una figura histórica del Partido Socialista (PS), sino que desató la ira de la colectividad contra el gobierno, su principal aliado en la coalición.

Las disculpas públicas y privadas del Presidente Boric a la familia Allende y al PS no lograron contener el daño. La herida se profundizó cuando Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres, reconoció ante una comisión investigadora que su equipo conocía la norma constitucional que impedía la operación. Esta admisión transformó un posible descuido en una negligencia inexcusable, alimentando la sensación de traición dentro del socialismo.

A esta crisis de gestión se sumó una de confianza. La filtración de una llamada telefónica de Miguel Crispi, exjefe de asesores del Presidente, en la que criticaba duramente a la familia Allende, calificándola de "totalmente incompetente" y acusando a la exsenadora de presionar insistentemente ("gueviando, gueviando"), reveló las tensiones y el desgaste interno que el asunto había provocado en La Moneda.

Perspectivas Contrastadas: Un Choque de Narrativas

El caso de la casa de Guardia Vieja generó relatos contrapuestos que reflejan las distintas visiones en juego:

• La visión del Gobierno: Encabezada por el jefe de gabinete, Carlos Durán, la postura oficial defiende la nobleza del objetivo inicial —"la puesta en valor y reivindicación de la memoria"—, atribuyendo el fracaso a errores de "implementación". Se trata de una narrativa que busca separar la intención política del desastre administrativo, reconociendo el error pero salvaguardando el principio.

• La perspectiva del Socialismo Democrático y la familia Allende: Para este sector, el episodio fue la crónica de un amateurismo doloroso. Se sintieron expuestos y perjudicados por un gobierno que, en su afán por realizar un gesto simbólico, ignoró procedimientos básicos y no protegió a sus propios aliados. La sensación predominante es de deslealtad y falta de rigurosidad.

• La ofensiva de la oposición: Desde la derecha, particularmente el Partido Republicano, el caso fue interpretado como una prueba de tráfico de influencias y uso de poder para beneficio personal. Esta narrativa se materializó en acciones legales concretas, como la demanda presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana para revertir otro traspaso de un inmueble fiscal, el Palacio Heiremans, a la Fundación Salvador Allende en 2004. La acusación apunta a un "modus operandi" que trasciende el caso de Guardia Vieja.

• La defensa de la Fundación Salvador Allende: Frente a las nuevas acusaciones, la fundación ha defendido la legalidad de sus actos pasados, asegurando que el pago de la deuda por el palacio de calle República mediante obras de arte fue un acuerdo transparente y legal, y que ha sido el propio Serviu el que no ha concretado el retiro de las piezas por falta de infraestructura adecuada.

Contexto Estructural: Más Allá del Error Administrativo

Reducir este episodio a un simple error técnico sería ignorar las corrientes de fondo que lo atraviesan. En primer lugar, evidencia la naturaleza contenciosa de la memoria en Chile. Cualquier acción relacionada con la figura de Salvador Allende sigue siendo un campo minado político, capaz de movilizar pasiones y generar divisiones profundas. El gobierno del Frente Amplio, al intentar conectar con ese legado, subestimó la complejidad de su gestión.

En segundo lugar, el conflicto actuó como un catalizador de las tensiones generacionales y políticas latentes entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático. Para los socialistas, el episodio fue una muestra de la inexperiencia de la nueva generación en el poder. Para el oficialismo, un doloroso recordatorio de su dependencia de las estructuras y figuras de la política tradicional.

Finalmente, el caso se inserta en un debate más amplio sobre probidad y transparencia. Al margen de las intenciones, la apariencia de un trato preferencial y el manejo descuidado de normativas legales alimentaron la desconfianza ciudadana hacia la política, un terreno fértil para discursos que cuestionan la integridad de las instituciones.

Estado Actual: Un Legado en Suspenso

Hoy, la compra de la casa de Guardia Vieja es un proyecto fallido. Sin embargo, sus consecuencias persisten. La relación entre el gobierno y el Partido Socialista quedó resentida, la carrera política de Isabel Allende sufrió un golpe inesperado y se abrieron flancos judiciales que mantienen el nombre de la familia Allende y su fundación bajo escrutinio. El tema no está cerrado; ha evolucionado de un error administrativo a una disputa legal y a una reflexión obligada sobre cómo el Estado chileno gestiona su memoria, su patrimonio y las delicadas fronteras del poder.