El Último Muro: Cómo el Cierre de Punta Peuco Proyecta los Futuros del Castigo, la Memoria y la Reconciliación Rota en Chile

El fin del enclave

El anuncio del cierre del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, transformándolo en un recinto para reos comunes, es mucho más que una decisión administrativa. Es la demolición de un muro simbólico, el último gran enclave físico de una transición pactada que dejó deliberadamente zonas grises. Por más de tres décadas, este penal exclusivo para violadores de derechos humanos representó una justicia excepcional, una concesión material que reflejaba la dificultad de Chile para procesar su pasado. Su clausura, lejos de cerrar un capítulo, actúa como un acelerador de futuros, proyectando las tensiones latentes sobre la justicia, la memoria y el significado mismo de la reconciliación hacia escenarios divergentes y en colisión.

La decisión del gobierno de Gabriel Boric no surge en el vacío. Se inscribe en un contexto donde, según encuestas de abril de 2025, un 65% de la ciudadanía rechaza discursos que relativizan la violencia de la dictadura. Sin embargo, esta aparente condena mayoritaria convive con una persistente polarización en la élite política y la recurrencia de símbolos del pasado, como la venta de memorabilia de Pinochet en recintos militares. El cierre de Punta Peuco, por tanto, no es la consolidación de un consenso, sino una apuesta política que fuerza a todos los actores a definir su posición de cara al futuro.

Escenario 1: La ruta de la justicia simbólica irreversible

Un primer futuro posible es aquel donde el cierre de Punta Peuco se consolida como un estándar mínimo e inamovible. En este escenario, la medida se convierte en un precedente que impulsa nuevas acciones para desmantelar cualquier vestigio de excepcionalidad. Podríamos ver una revisión de beneficios previsionales para exmilitares condenados, un fortalecimiento de los programas de memoria histórica en la educación formal y una política de Estado más robusta para la búsqueda de detenidos desaparecidos.

Este camino depende de la continuidad de gobiernos de centro-izquierda o de una eventual aceptación por parte de una derecha modernizada de que ciertos temas de derechos humanos ya no son transables electoralmente. El punto de inflexión crítico sería la próxima elección presidencial. Si una administración futura, incluso de signo contrario, opta por no revertir la medida, se sentaría una base para una memoria histórica compartida, donde la condena a las violaciones de derechos humanos deja de ser patrimonio de un sector político. El riesgo, sin embargo, es que una imposición sin un diálogo social más amplio termine por cronificar la trinchera, alimentando un resentimiento en sectores de la derecha y del mundo militar que podría manifestarse en otras formas de resistencia cultural y política.

Escenario 2: El péndulo de la reversión y la amnistía política

La reacción inmediata de la oposición perfila un segundo escenario: el de la reversión pendular. Las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matthei, calificando el cierre como un acto de “venganza” y asegurando que “no cuesta nada revertirlo”, son una señal inequívoca. Este futuro se materializaría con un triunfo electoral de la derecha, donde la primera acción simbólica sería restaurar el estatus especial de Punta Peuco o, como ha sugerido el líder republicano José Antonio Kast, ir un paso más allá: evaluar indultos por razones humanitarias.

Este escenario no solo desmantelaría la decisión actual, sino que reinstalaría la idea de que la justicia para los crímenes de la dictadura es contingente al ciclo político. Las consecuencias serían profundas. Para las víctimas y organizaciones de derechos humanos, representaría una traición y la confirmación de una impunidad estructural. Para la sociedad, significaría la reapertura de un debate que se creía en vías de superación, con el riesgo de validar narrativas negacionistas o justificacionistas. El factor de incertidumbre clave es si la ciudadanía, preocupada por la seguridad y la economía, consideraría este un tema prioritario o secundario. La apuesta de la derecha es que la nostalgia por el orden y el pragmatismo pesarán más que la memoria histórica.

Escenario 3: El laberinto judicial y la atomización del castigo

Existe una tercera vía, menos ideológica pero igualmente compleja: la judicialización del destino de los reos. La carta de la abogada Carla Fernández Montero, publicada tras el anuncio, introduce variables que el debate político suele obviar: el perfil etario y sanitario de los internos, y las normativas penitenciarias sobre seguridad y derechos fundamentales de la población penal. En este escenario, el futuro de los condenados no se decidiría en La Moneda, sino en los tribunales.

Independientemente del gobierno de turno, las defensas de los internos podrían presentar recursos de protección argumentando que el traslado a cárceles comunes, con regímenes de alta peligrosidad, vulnera su integridad física y psíquica, contraviniendo tratados internacionales sobre el trato a personas mayores en reclusión. Esto podría derivar en un largo y fragmentado proceso judicial, con fallos caso a caso. El resultado sería una solución híbrida y precaria: Punta Peuco podría seguir siendo formalmente una cárcel común, pero sus antiguos ocupantes podrían obtener beneficios como la reclusión domiciliaria por vía judicial. Este futuro, aunque pragmático, dejaría una sensación de justicia ambigua e incompleta, sin la carga simbólica de una decisión política clara y perpetuando la incertidumbre.

El futuro de la memoria: ¿campo de batalla o espacio de encuentro?

El cierre de Punta Peuco ha demostrado que la reconciliación en Chile sigue siendo una asignatura pendiente y frágil. Los tres escenarios proyectan una dinámica dominante: la instrumentalización del pasado como herramienta de movilización política en el presente. El riesgo más evidente es la consolidación de dos Chiles que habitan relatos históricos irreconciliables, donde la memoria no es un puente sino un arma.

La oportunidad latente, aunque remota, es que la caída de este último muro físico obligue a la sociedad chilena a confrontar los muros invisibles que persisten. ¿Es posible una justicia que sea a la vez reparadora para las víctimas y humanitaria con los victimarios ancianos? ¿Puede la memoria histórica ser un pilar de la democracia sin convertirse en un campo de batalla electoral permanente? El fin de Punta Peuco no ofrece respuestas, sino que agudiza las preguntas. La forma en que Chile navegue estos dilemas en los próximos años definirá no solo el epílogo de su dictadura, sino la madurez y cohesión de su democracia futura.