La Isla-Símbolo: Cómo la Reapertura de Alcatraz Proyecta los Futuros del Castigo Espectacular y la Soberanía Rota

El Símbolo Antes que la Función

La orden de mayo de 2025 para reabrir la penitenciaría de Alcatraz no es una decisión de infraestructura penal; es un acto de comunicación política. Al invocar el nombre de "La Roca", el gobierno estadounidense no está proponiendo una solución logística a la criminalidad, sino desplegando un potente artefacto cultural. Alcatraz, inmortalizada por Hollywood y el folclore como la fortaleza inexpugnable para los peores criminales como Al Capone, funciona como un símbolo de una era de justicia sin concesiones. La propuesta, calificada por sus opositores como "no seria" y económicamente inviable por las mismas razones que llevaron a su cierre en 1963, no necesita ser práctica. Su valor reside en su capacidad de generar un relato: el de una nación que recupera una supuesta seriedad perdida, dispuesta a emplear medidas extremas y espectaculares para restaurar el orden.

Este movimiento proyecta un futuro donde la política se asemeja cada vez más a una producción mediática. Las decisiones de gobierno se diseñan no por su eficacia o sostenibilidad, sino por su impacto narrativo. En este escenario, el sistema de justicia penal se transforma en un teatro. El objetivo no es rehabilitar ni necesariamente disuadir de manera eficiente, sino escenificar el poder del Estado de la forma más contundente y visualmente impactante posible. La prisión se convierte en un plató, y el castigo, en un espectáculo para consumo masivo.

Soberanía Rota: El Poder de Excluir

La reapertura de Alcatraz señala una redefinición fundamental de la soberanía. Tradicionalmente, el poder soberano se manifestaba en la capacidad de proteger a los ciudadanos dentro de un territorio. La nueva lógica, sin embargo, se centra en el poder de definir y expulsar al "otro". La fiscal general Pam Bondi fue explícita al sugerir que la isla podría albergar no solo a "lo peor de lo peor", sino también a "inmigrantes ilegales". Este acto de nombrar y segregar físicamente a un grupo en un lugar aislado y simbólico es una declaración de soberanía a través de la exclusión radical.

Alcatraz se convierte así en el prototipo de una zona de excepción: un territorio que, aunque legalmente parte del país, funciona como un espacio fuera de las normas y derechos comunes. Este modelo, ya explorado con acuerdos para deportar personas a prisiones en terceros países como El Salvador, podría escalar. El futuro que se vislumbra es uno de archipiélagos de exclusión, tanto físicos como legales, donde el Estado demuestra su fuerza no al gobernar a su población, sino al administrar a sus parias. La soberanía ya no es un pacto de inclusión, sino una demostración de la capacidad de trazar fronteras y desterrar a quienes no encajan en el proyecto nacional.

El Negocio del Castigo: La Privatización del Control

Mientras Alcatraz acapara los titulares, la verdadera transformación ocurre en la sombra. La iniciativa es la punta de lanza de un plan mucho más vasto: duplicar la capacidad de detención de inmigrantes hasta alcanzar las 100.000 plazas, un objetivo que se logrará en estrecha colaboración con gigantes de la industria penitenciaria privada como GEO Group y CoreCivic. Estas empresas ven la nueva política como una "oportunidad sin precedentes" y se preparan para el "crecimiento más significativo" de su historia.

Este es el futuro del complejo industrial-punitivo: un modelo donde el Estado externaliza la gestión de sus políticas de exclusión. El gobierno establece cuotas de arresto —como la meta de 3.000 detenciones diarias— y el sector privado provee la infraestructura para cumplirlas, convirtiendo la detención en un flujo de ingresos. El director interino de ICE lo comparó con la eficiencia de Amazon, una visión que reduce a las personas a meros productos en una cadena logística. Este sistema crea un incentivo perverso: la rentabilidad no depende de la justicia ni de la resolución de problemas migratorios, sino de mantener un alto volumen de personas bajo custodia. El riesgo es la consolidación de una economía del castigo, donde la criminalización y la detención se convierten en un fin en sí mismas.

Puntos de Inflexión y Futuros en Disputa

La materialización de este futuro no está garantizada. Varios factores de incertidumbre podrían alterar su trayectoria. La resistencia local de ciudades como Newark, que han iniciado acciones legales contra la reapertura de centros de detención, representa un punto de fricción clave entre el poder federal y las comunidades. A su vez, el costo económico de mantener símbolos como Alcatraz podría, como en el pasado, volverse políticamente insostenible, forzando un retorno a la pragmática sobre el espectáculo.

Finalmente, el propio espectáculo tiene sus límites. La visita de la fiscal general a la isla, percibida como una maniobra para desviar la atención del escándalo Epstein, demuestra que la ciudadanía puede volverse inmune o cínica ante la manipulación simbólica. Si estas acciones son vistas no como una muestra de fuerza, sino de desesperación política, su poder se desvanece.

El debate sobre Alcatraz, por tanto, trasciende la isla. Nos obliga a cuestionar qué tipo de poder y qué forma de sociedad se están construyendo. La tendencia dominante apunta hacia una gobernanza performativa, una soberanía definida por la exclusión y un sistema de justicia entrelazado con intereses corporativos. La pregunta que queda abierta es si estos futuros son inevitables o si la reactivación de un símbolo del pasado puede catalizar una reflexión crítica sobre el presente que estamos dispuestos a aceptar.