Salud Bajo Fuego en Ercilla: De la Emboscada a la Sentencia, las Claves de un Conflicto Persistente

La Emboscada que Encendió las Alarmas

A principios de mayo, la noticia sacudió la agenda: un nutricionista del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Ercilla, en plena ronda rural, fue víctima de una emboscada. El profesional resultó herido de bala en una pierna, y la camioneta municipal en la que se desplazaba fue robada por un atacante armado con una subametralladora. El hecho, ocurrido en la ruta R-506, desató una ola de reacciones inmediatas. Hoy, a más de dos meses, el panorama judicial y social ha decantado, permitiendo una visión más profunda de un problema que trasciende el incidente puntual.

El Coro de Reacciones: Entre la Condena y la Politización

La respuesta inicial fue un mosaico de posturas. La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) repudió el ataque y exigió al Estado "asumir con urgencia su deber de proteger a quienes trabajan por el bienestar de las personas". Desde el gobierno, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, anunció acompañamiento psicológico y una mejor coordinación con Interior para garantizar la seguridad.

En el ámbito político, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, no tardó en calificar el suceso como "narcoterrorismo", afirmando que "el terrorismo en la Araucanía no se deroga por decreto ni con acuerdos artificiales". Mientras tanto, en la primera línea, la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal (Afusam) de Ercilla convocó a una asamblea y paralizó sus funciones, una medida que reflejaba el miedo y la vulnerabilidad de los equipos en terreno.

El Veredicto Judicial: Crimen Organizado en Zona de Conflicto

La narrativa dio un giro decisivo el 20 de julio. El Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó un veredicto condenatorio contra tres adultos y un adolescente, revelando que el ataque al nutricionista no fue un hecho aislado. La investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad demostró que formaba parte de una serie de delitos violentos perpetrados por una banda criminal entre marzo y octubre de 2023.

Sus víctimas incluían a funcionarios del municipio de Victoria y de la Contraloría General de la República, quienes también fueron asaltados mientras realizaban labores en terreno. La brutalidad era una constante: las víctimas eran baleadas incluso después de entregar sus vehículos, resultando en heridas graves. En uno de los casos, un trabajador municipal perdió su pierna izquierda. La banda también fue vinculada al ataque armado a la Subcomisaría de Carabineros de Ercilla y al homicidio frustrado de miembros de la familia Urban.

Las Múltiples Caras de un Mismo Problema

La sentencia judicial obliga a analizar el fenómeno con mayor detención, superando las interpretaciones simplistas. Se abren al menos tres perspectivas que coexisten y se entrelazan:

1. La Tesis Criminal: El fallo judicial confirma la operación de una banda dedicada al robo violento de vehículos, que utiliza el terror como método. Esta visión, que resuena con las posturas que exigen "orden y ley", pone el acento en la necesidad de desarticular grupos criminales y fortalecer la persecución penal como principal herramienta del Estado.

1. La Tesis del Abandono Estatal: Para los gremios de la salud y los municipios, el carácter criminal de los ataques no exime al Estado de su responsabilidad. Al contrario, evidencia su fracaso en proveer las condiciones mínimas de seguridad para que sus propios funcionarios puedan ejercer labores esenciales. La pregunta que queda abierta es si la única solución es la escolta policial permanente, una medida que podría escalar aún más la tensión en las comunidades.

1. El Contexto del Conflicto Territorial: Es un hecho ineludible que la violencia ocurre en Ercilla y que, según la investigación, tres de los condenados pertenecen a la comunidad de Temucuicui. Este dato no define la naturaleza del crimen como un acto político, pero sí lo enmarca en el complejo escenario del conflicto histórico entre el Estado chileno y sectores del pueblo mapuche. La violencia, ya sea por delincuencia común o por reivindicación, se nutre y expande en un ecosistema de desconfianza, marginación y un Estado cuya legitimidad es cuestionada.

Un Debate Abierto: ¿Cómo se Garantiza la Salud en Territorio Hostil?

Si bien la condena judicial ofrece un cierre para las víctimas, el problema de fondo sigue intacto. El ataque en Ercilla, sumado a otros hechos como el robo de un desfibrilador en un Cesfam de La Cisterna en Santiago, demuestra la creciente vulnerabilidad de la red pública de salud. Sin embargo, en La Araucanía, el desafío es cualitativamente distinto.

No se trata solo de delincuencia, sino de cómo el Estado ejerce su rol en zonas donde su presencia es disputada. La sentencia es un acto de justicia, pero no constituye una política pública. La conversación sobre cómo asegurar que una ambulancia pueda entrar a una comunidad sin ser sitiada, o que un profesional de la salud pueda hacer su trabajo sin miedo a ser baleado, sigue siendo una de las deudas más urgentes y complejas del país.