El Estado Fugitivo: Cómo la Fuga de un Sicario Proyecta los Futuros de la Justicia Rota y el Contrato de Seguridad en Chile

El Símbolo de una Crisis Latente

La fuga de un sicario desde un penal de máxima seguridad no es solo una noticia policial. Es un evento sintomático, un test de estrés que el aparataje estatal chileno reprobó de manera estrepitosa. Ocurrido hace más de 90 días, el caso de Alberto Carlos Mejía Hernández —cuya identidad inicial fue erróneamente registrada, una falla reveladora en sí misma— ha madurado más allá del escándalo inmediato para convertirse en un poderoso símbolo de las vulnerabilidades de Chile ante el crimen organizado, la obsolescencia de sus procesos institucionales y la fragilidad de su contrato de seguridad.

El incidente, que comenzó con una secuencia de oficios electrónicos contradictorios y culminó con la huida del imputado por una frontera porosa, ha dejado de ser una anécdota de incompetencia. Se ha transformado en el punto de anclaje de un debate nacional sobre la capacidad real del Estado para cumplir su función más básica: garantizar la justicia y la seguridad. Las reacciones, que van desde la defensa de la jueza implicada que alega inocencia hasta el llamado de la oposición a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y el diagnóstico lapidario del gobernador de Arica —"no es una negligencia, es un Estado fallido"—, dibujan el mapa de una crisis de confianza que proyecta futuros radicalmente distintos para el país.

Escenario 1: El Ascenso del Estado Tecno-Punitivo

Una de las trayectorias más probables es la que responde al miedo con control. Impulsado por la presión ciudadana y una clase política que capitaliza la demanda de orden, este futuro se caracteriza por una aceleración tecnológica y un endurecimiento punitivo.

En este escenario, el Estado invierte masivamente en soluciones tecnológicas para cerrar las brechas expuestas. Se implementan sistemas de justicia digitalizados con biometría obligatoria, bases de datos interoperables entre policías, Gendarmería y el Poder Judicial para terminar con las "islas institucionales", y se despliega vigilancia con inteligencia artificial en fronteras y centros penitenciarios. La militarización de zonas críticas, como la frontera norte, deja de ser una medida de excepción para convertirse en la norma.

Políticamente, este modelo se apoya en una agenda de leyes de "mano dura" tramitadas con urgencia, que restringen garantías procesales en nombre de la eficiencia contra el crimen organizado. El debate público se centra en la tasa de encarcelamiento y la velocidad de las condenas, no en las causas del delito. El riesgo latente de este futuro es la consolidación de un Leviatán digital: un Estado más vigilante y eficiente en el castigo, pero también más intrusivo y potencialmente menos democrático, donde la presunción de inocencia se debilita frente a la lógica del algoritmo. La pregunta clave es si la tecnología puede realmente sanar una herida que parece ser de confianza y cultura institucional, y no solo de procedimiento.

Escenario 2: La Implosión Institucional y la Seguridad Fragmentada

Un futuro alternativo, y más sombrío, es aquel donde las reformas no llegan o son meramente cosméticas. Si la investigación sobre la fuga se estanca, revela una red de corrupción enquistada que resulta imposible de desmantelar, o si los intentos de modernización son bloqueados por intereses corporativos, la confianza en el sistema podría colapsar por completo.

En este escenario, el concepto de "Estado fallido" deja de ser una hipérbole regional para convertirse en una percepción nacional. La ciudadanía, convencida de la incompetencia o complicidad del sistema judicial y penitenciario, se retrae. El contrato social se rompe y la seguridad se privatiza de facto. Proliferan las comunidades cerradas, la seguridad privada se convierte en un bien de consumo esencial para quienes pueden pagarla, y en los márgenes, resurgen formas de vigilantismo y justicia por mano propia.

El sistema político, incapaz de ofrecer soluciones, se polariza aún más, abriendo la puerta a liderazgos populistas y antisistema que prometen una refundación autoritaria. Chile se convertiría en un país de archipiélagos: islas de seguridad para unos pocos y océanos de incertidumbre para la mayoría, con un Estado cuya legitimidad se ha evaporado.

Escenario 3: La Reforma Resiliente y un Nuevo Pacto de Seguridad

Existe una tercera vía, más compleja pero también más esperanzadora. En este futuro, el shock de la fuga actúa como un catalizador para una reforma estructural, profunda y transversal. La crisis es reconocida no como un problema de un poder del Estado, sino como una falla sistémica que requiere una respuesta coordinada.

Este escenario implica la creación de una agencia nacional de inteligencia y coordinación que fuerce la colaboración entre instituciones. La reforma del Poder Judicial y de Gendarmería va más allá de la tecnología, abordando la formación, la cultura organizacional, la transparencia y la rendición de cuentas con supervisión civil externa. Se abren los "agujeros negros" del sistema a un escrutinio público real.

Fundamentalmente, este camino requiere de un diálogo nacional honesto sobre las raíces del problema: la desigualdad, la integración de la población migrante, y el rol de las comunidades en la prevención del delito. El objetivo no es solo construir un Estado más fuerte, sino uno más legítimo y resiliente. El principal factor de incertidumbre aquí es la voluntad política. ¿Podrá la clase dirigente superar la tentación del populismo punitivo a corto plazo para apostar por una solución compleja y de largo aliento?

El Futuro en una Encrucijada

La fuga de Alberto Mejía Hernández ha dejado una estela que va más allá de su propia ausencia. Ha materializado los temores de una sociedad que percibe cómo el suelo institucional se agrieta bajo sus pies. El punto de inflexión decisivo será la respuesta que el Estado y la sociedad chilena elijan dar. ¿Será un parche tecnológico, una lenta desintegración de la confianza o el doloroso pero necesario impulso para una reconstrucción institucional?

El sicario prófugo se ha convertido, sin quererlo, en un fantasma que recorre Chile, obligándolo a mirarse en el espejo de sus propias debilidades. La narrativa que se construya a partir de este evento definirá no solo la política de seguridad de la próxima década, sino la naturaleza misma de la democracia chilena y la relación entre los ciudadanos y el poder.