El anuncio, confirmado por la DEA estadounidense en mayo de 2025, de una alianza estratégica entre la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus acérrimos rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es mucho más que un realineamiento en el hampa mexicana. Es una señal sísmica que anticipa la reconfiguración del crimen organizado a escala global. Este pacto, forjado en medio de una sangrienta guerra interna por el control de Sinaloa, no es un simple armisticio; es la manifestación de una evolución estratégica hacia un modelo de narco-corporación cuyo objetivo es la hegemonía en el mercado más lucrativo y letal del siglo XXI: el fentanilo.
La génesis de esta fusión se encuentra en el vacío de poder y la posterior guerra fratricida desatada tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, una caída presuntamente orquestada por “Los Chapitos”. Debilitados por el conflicto con los leales a Zambada, los herederos de Guzmán han optado por un movimiento pragmático y audaz: unirse a su enemigo más poderoso para aniquilar a sus rivales internos y consolidar un nuevo imperio. Esta alianza no solo busca sumar poder de fuego, sino combinar el know-how de “Los Chapitos” en la producción y distribución de fentanilo con la vasta red de expansión territorial y la brutalidad disciplinaria del CJNG.
Para comprender las implicaciones futuras de este pacto, es crucial observar una tendencia paralela y más profunda: la mutación de los cárteles de organizaciones de tráfico a entidades de gobernanza de facto. El fenómeno ya no se limita a corromper funcionarios o controlar rutas. Hoy, vemos cómo organizaciones como La Familia Michoacana ejercen un control absoluto sobre economías locales enteras en el Estado de México. Fijan los precios del pollo y el cemento, controlan el transporte, interceptan paquetería y extorsionan a toda la cadena productiva, estableciendo un sistema económico paralelo que opera bajo una lógica de terror.
Esta “soberanía criminal” se complementa con una sofisticación logística global. La desarticulación de una “narcogasolinera” flotante en el Estrecho de Gibraltar, diseñada para abastecer narcolanchas en alta mar, es un microcosmos que ilustra la capacidad de innovación y la escala transnacional de estas operaciones. Los cárteles ya no solo mueven droga; gestionan complejas cadenas de suministro, invierten en I+D para optimizar sus operaciones y externalizan servicios, funcionando como una red de empresas multinacionales ilícitas. La alianza Chapitos-CJNG es el paso lógico siguiente: la consolidación del mercado para maximizar la eficiencia y eliminar la competencia.
La trayectoria de esta nueva mega-alianza no está escrita. Su evolución dependerá de factores críticos de incertidumbre, abriendo al menos tres escenarios probables a mediano y largo plazo.
El punto de inflexión no es solo la alianza en sí, sino lo que revela sobre el estado actual del contrato social en México y otras naciones afectadas. La declaración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuestionando el acuerdo de EE.UU. con Ovidio, evidencia la profunda desconfianza y las agendas divergentes entre los dos países, un obstáculo fundamental para cualquier estrategia de seguridad coherente.
La fusión entre “Los Chapitos” y el CJNG nos obliga a mirar más allá de la crónica roja. Es un espejo que refleja la fragilidad del Estado-nación, la porosidad de las fronteras económicas y la capacidad del capital ilícito para innovar y adaptarse más rápido que las burocracias gubernamentales. El futuro no se decidirá por cuántos capos sean capturados, sino por quién —el Estado o el crimen organizado— demuestre ser más capaz de ofrecer orden, servicios y un sentido de previsibilidad a una población atrapada en el fuego cruzado. La respuesta a esa pregunta definirá la seguridad y la gobernabilidad en el continente durante las próximas décadas.